Hechos

El 17 de abril de 1990 en Trujillo, Valle, paramilitares integrados a la estructura conformada por narcotraficantes, militares y policías, que operaban con el apoyo del Batallón Palacé de Buga y del Distrito de Policía de Tulúa, detuvieron y desaparecieron, en la vía que de Tulúa conduce a Trujillo, junto al puente sobre el río Cauca, al Padre TIBERIO DE JESÚS FERNÁNDEZ MAFLA, Párroco de Trujillo, a su sobrina ALBA ISABEL GIRALDO FERNÁNDEZ, al arquitecto colaborador de la parroquia ÓSCAR PULIDO ROZO y al empleado de la parroquia JOSÉ NORBEY GALEANO CUARTAS. Según testimonios, los victimarios condujeron a estas personas a la hacienda Villa Paola, propiedad del narcotraficante Henry Loaiza, donde posteriormente fueron torturados y ejecutados. El hecho se presentó luego de presidir las exequias de Abundio Espinoza Quintero en el municipio de Tulúa, utilizando los victimarios el asesinato de Don Abundio como mecanismo para poder atraparlo en el camino a sus exequias.

El Padre Tiberio había impulsado la creación de 20 empresas comunitarias destinadas a mejorar los ingresos de los más pobres de su parroquia; denunció desde el púlpito el accionar de esta organización de victimarios y apoyó una marcha de protesta de campesinos en la región un año antes, y permitió que ante la agresión del ejército los campesinos se alojaran en el templo donde les suministró alimentos por otros conductos, ya que el ejército había hurtado todas las provisiones alimenticias. Fue tildado de apoyar a la insurgencia por parte de los organismos de seguridad del Estado, como pudieron comprobarlo los integrantes de la Comisión Trujillo al examinar diversos “informes de inteligencia” que el ejército elaboró contra él. Por sus servicios a la comunidad había recibido constantes amenazas de muerte.

El paramilitar Daniel Arcila relató ante diferentes instancias de la justicia colombiana los hechos, siendo los victimarios absueltos en primera y segunda instancia en la jurisdicción penal ordinaria, en la penal militar y en el fuero disciplinario por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, por lo que fue denunciado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso 11007, lo que dio origen a una Comisión no judicial de Investigación, conformada por delegados de 18 entidades del gobierno, del Estado y de la sociedad civil, acordada dentro del marco de búsqueda de “solución amistosa” impulsada por la Comisión Interamericana, llegando a evidenciar la plena responsabilidad del Estado colombiano en el crimen, ya porque agentes suyos participaron en los hechos; ya porque jueces y magistrados fallaron en contra de la realidad procesal; ya porque autoridades administrativas locales, departamentales y nacionales faltaron a sus deberes elementales una vez conocidos los crímenes en serie que escandalizaron al país y al mundo. El presidente Samper aceptó las conclusiones de dicha comisión, avaladas por la CIDH, el 31 de enero de 1995, pidiendo perdón a la nación y prometiendo justicia y reparación que nunca se dieron. El cuerpo del Padre Tiberio fue encontrado mutilado en el río Cauca, pero los cuerpos de sus acompañantes nunca fueron hallados, permaneciendo como desaparecidos (1).

Un caso, entre tantos, verdaderamente explicativo sobre la forma como se aplica el maltrato y la tortura a las personas que son víctimas de capturas ilegales y posteriores desapariciones por parte de grupos paramilitares, que cuentan con el apoyo, participación, o complicidad de las Fuerzas Armadas colombianas, denunciado por una institución seria, confiable y ponderada como es la conferencia de religiosos de Colombia --Conferencia Intercongregacional de Justicia y Paz-- lo constituye el Caso 11007 ocurrido en el Municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca, donde 52 personas fueron víctimas de una cadena de acciones criminales en la que participaron, como ha quedado acreditado, miembros de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones, en estrecha colaboración con grupos armados de civiles al servicio de los narcotraficantes.

El testigo principal, señor Daniel Arcila, describe así uno de los actos de tortura practicados por el Mayor del Ejército de Colombia en servicio, Alirio Urueña Jaramillo, del Corregimiento La Sonora de la indicada localidad, en una estancia de propiedad de un narcotraficante denominada ''La Granja'', finca ésta en la que se hacía funcionar una base de coordinación de los operativos que se practican en dicha localidad:

El Mayor les pone en la cara un chorro de agua a presión con manguera, les levanta las uñas con navaja, les quita pedazos de la planta de los pies con corta-uñas, los corta y les echa sal, luego con un soplete de gasolina que lanza llama le queman en distintas partes del cuerpo y la carne se raja y se levanta el cascarón, les pone el chorro de llama en la zona genital, les corta el pene y los testículos y se los mete en la boca a las mismas víctimas y finalmente los descuartiza con una motosierra y al hacer esto, los torturadores gritaban 'ai hombre'. ''... yo le pregunté a uno de ellos que qué sería o qué les hacían con la motosierra, y me dijo que les cortaban la cabeza y por la mitad para dejarlos desangrando ese día para botarlos por la noche. Después los iban echando a una pieza enmallada a uno por uno... yo ví los cadáveres, fue cuando los estaban echando a la volqueta, estaban dentro de los costales, eran como doce costalados, en un costal echaban los troncos y en el otro echaban las cabezas.

Sobre el arrojo de los cuerpos destrozados al río Cauca, relata Daniel Arcila: ''a todos los mataron así, entonces por la noche fueron y los botaron... fue en la volqueta Ford azul 56''. ''Eso fue el domingo por la noche que botaron los cadáveres, eso fue el primero de abril por la noche''. ''... yo transporté los cuerpos de las personas que fueron torturadas y muertas... me tocó hacerlo porque si no lo hacía yo era hombre muerto''. ''... para llevar los once (11) cadáveres al río se hizo en una volqueta que yo manejé y fueron unos 15 autodefensas, el Teniente y el Sargento en otros carros...''

La víctima central del presente caso es el sacerdote Jesuíta Tiberio de Jesús Fernández Mafla, quien se había destacado desde su juventud como líder campesino y entusiasta promotor del cooperativismo. Desde su llegada a Trujillo el Padre Tiberio había promovido labores sociales en su parroquia en beneficio de los sectores económicamente más deprimidos, promoviendo la formación de empresas comunitarias urbanas y rurales, inculcando en los pobladores el valor por las organizaciones de base.

El día 17 de abril de 1990 el Padre Tiberio se desplazó a la ciudad de Tuluá con el propósito de presidir las honras fúnebres en beneficio de una persona que había sido asesinada el día anterior. En el camino que conduce a dicha localidad, frente a la entrada de una hacienda denominada El Topacio, había un grupo de personas que al paso del taxi en que se movilizaba el Padre Tiberio, ocultaron sus rostros en el interior de un campero Toyota color blanco, lo que pudo ser observado por las personas que venían en el taxi con el sacerdote.

De regreso a Trujillo, distante unos 25 km. de Tuluá, diferentes personas, entre ellas el Alcalde de la localidad, vieron otro campero blanco y dentro de él varios sujetos armados. En el camino de retorno fue detenido el vehículo donde viajaba el Padre Tiberio con otras personas, entre ellas con una sobrina, Alba Isabel Giraldo Fernández, de 22 años de edad. Interceptado el carro en que viajaba el sacerdote, éste y sus acompañantes fueron sacados a la fuerza e introducidos en otro vehículo. Testigos presenciales reconocen algunos de los hombres armados que secuestraron al Padre Tiberio, cuyo cadáver fue rescatado el 23 de abril por un poblador en el Río Cauca, sin cabeza, abiertos el tórax y el abdomen, mutilado y castrado con los más aterradores signos de crueldad. Al día siguiente fue reconocido por familiares y amigos. Al cotejar unas placas de radiografías que se poseían sobre fracturas sufridas por el sacerdote en dos accidentes, su identidad quedó plenamente comprobada (2).

Fuentes:

• 1. CINEP Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - DEUDA CON LA HUMANIDAD • Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988 - 2003

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