Fuente: AFAVIT Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo
Edad:
Sin información
Género:M
Profesión: 1. Ebanista (Institución: )
Fecha:1990-04-02
Tipo Victima:Desaparición forzada
Departamento:Valle del Cauca
Municipio:Trujillo
Vereda:
Lugar:Hacienda Las Violetas
Presuntos responsables:
1. Paramilitares
2. Ejército (III Brigada)
3. Policía Nacional (F-2)
Hechos
El 2 de abril de 1990 en Trujillo, Valle, miembros del F-2 de Tulúa quienes arribaron a la plaza de este municipio en un vehículo de su institución plenamente identificado, actuando coordinadamente con la estructura conformada por narcotraficantes, militares y policías que contaba con el apoyo del Batallón Palacé, de Buga, llegaron hasta dos talleres de carpintería de una empresa comunitaria fundada por el Párroco deTrujillo, ubicados en pleno centro del poblado y sacaron violentamente de su trabajo subiéndolos al vehículo, ante la vista de numerosos pobladores, a JOSÉ ERLEY VARGAS LONDOÑO, ORLANDO VARGAS LONDOÑO y HARVEY VARGAS LONDOÑO, hermanos entre sí, JOSÉ AGUSTÍN LOZANO CALDERÓN, y ALIRIO GRANADA VÉLEZ, todos ebanistas. Las víctimas, según el testimonio del paramilitar Daniel Arcila, quien los recibió en trasbordo cuando los del F-2 los entregaron en la carretera, fueron conducidos a la hacienda Las Violetas, entre Andinápolis y Salónica, propiedad del narcotraficante Diego Montoya Sánchez, donde el Mayor del ejército, del Batallón Palacé, Alirio Antonio Urueña Jaramillo, los sometió a horrendas torturas y los despedazó con una motosierra, de la misma forma que lo había hecho con los campesinos de La Sonora, El Tabor y Puente Blanco el día anterior. Sus cuerpos fueron arrojados al río Cauca pero nunca pudieron ser rescatados.
El paramilitar Daniel Arcila Cardona relató ante diferentes instancias de la justicia colombiana los hechos, siendo los victimarios absueltos en primera y segunda instancia en la jurisdicción penal y en el fuero disciplinario por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, por lo que fue denunciado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso 11007, lo que dio origen a una Comisión no judicial de Investigación que evidenció la plena responsabilidad del Estado colombiano en los crímenes, ya porque agentes oficiales participaron en la ejecución de los mismos; ya porque los jueces y magistrados fallaron en contra de las evidencias procesales; ya porque autoridades administrativas locales, departamentales y nacionales incumplieron con sus deberes elementales. El presidente Samper aceptó el 31 de enero de 1995 las conclusiones de dicha comisión, avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo perdón a la nación y prometiendo justicia y reparación que nunca llegaron.
Fuentes:
1. CINEP Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - DEUDA CON LA HUMANIDAD • Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988 - 2003