Ángel María Barrera Sánchez
Fuente: ASFADDES
Hechos
Masacre: 19 COMERCIANTES 6/7-Oct-87
Víctimas en estos hechos: 19 (Asesinadas: 2- Desaparecidas: 17)
El 6 de octubre de 1987, un grupo de paramilitares de las Autodefensas de Puerto Boyacá secuestró en el municipio de Puerto Araujo, Santander, a 17 comerciantes que transportaban mercancía desde Cúcuta a varios pueblos de Antioquia. Los ‘paras’ junto a miembros de Ejército llevaron a los secuestrados a la finca El Diamante, en Puerto Boyacá en la que los torturaron y asesinaron, para luego arrojar los cuerpos al Río Magdalena. Dos comerciantes más, que 15 días después fueron a buscar a sus compañeros, también fueron secuestrados y asesinados. Las víctimas vivían de comprar todo tipo de productos en la frontera con Venezuela y en su camino de regreso a Antioquia, tenían que atravesar parte del Magdalena Medio. Según testimonios de ex paramilitares como Jesús Baquero Agudelo alias ‘El Negro Vladimir’, los comerciantes fueron señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla y de comprar armas a miembros de la Guardia Venezolana para luego vendérselas los insurgentes. La masacre fue dirigida por Henry de Jesús Pérez, jefe de las Autodefensas del Magdalena Medio y dueño del lugar donde se perpetró la masacre. Los ‘paras’ se habían asociado al Cartel de Medellín y a un grupo de militares para controlar la región y desde mediados de los ochenta habían asesinado a centenares de personas señalándolas de ser auxiliadores de la guerrilla. Por los hechos la Fiscalía abrió un proceso a mediados de los noventa contra varios oficiales del Ejército como el general Faruk Yanine Díaz, que murió por enfermedad años más tarde, pero ningún militar fue condenado por esta masacre (1).
Relata la fuente: ''En octubre de 1987 diecinueve personas, la mayoría de ellas dedicadas al comercio de mercancía de contrabando, fueron torturadas y desaparecidas por miembros del Batallón Bárbula y paramilitares del grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Duran, por orden del Brigadier General Farouk Yanine Díaz, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como Director de la Escuela Militar de Cadetes. El crimen fue justificado con la falsa acusación de que los comerciantes transportaban armas para la guerrilla, pero según familiares de las víctimas ''estos se movilizaban por una zona donde la guerrilla tenía presencia y cuando pasaban por los retenes debían pagar una cuota con contrabando, por ejemplo, les pedían que les trajeran crema dental y cosas de aseo personal; ellos nunca tuvieron problemas con la guerrilla porque siempre les pagaban la cuota que pedían, pero esa era la única relación que tenían con la guerrilla, por eso ya los paramilitares como que los habían amenazado''.
Las víctimas de este criminal hecho que se ha conocido como la desaparición de los diecinueve comerciantes fueron: ÁLVARO LOBO PACHECO, GERSON JAVIER RODRÍGUEZ QUINTERO, ISRAEL PUNDOR QUINTERO, ÁNGEL MARÍA BARRERA SÁNCHEZ, ANTONIO FLÓREZ CONTRERAS, VÍCTOR MANUEL AYALA SÁNCHEZ, ALIRIO CHAPARRO MURILLO, ÁLVARO CAMARGO, GILBERTO ORTIZ SARMIENTO, REINALDO CORZO VARGAS, LUIS HERNANDO JÁUREGUI JAIMES, LUIS DOMINGO SAUZA SUÁREZ, JUAN ALBERTO MONTERO FUENTES, RUBÉN EMILIO PINEDA BEDOYA, CARLOS ARTURO RIATIGA CARVAJAL, JUAN BAUTISTA, ALBERTO GÓMEZ y HUBER PÉREZ
Desde tiempo atrás Yanine Díaz había ordenado a un teniente de apellido Salinas, vinculado al B-2 del Batallón Calibío, ''investigar a quienes contrabandeaban electrodomésticos y camuflaban armas para la guerrilla'. Según declaró ante la Fiscalía Alonso de Jesús Baquero Agudelo: ''Yanine estuvo encima del asunto de los comerciantes porque sabía que eran auxiliadores de la guerrilla. Escuché la grabación en que Yanine le decía a Pérez que era inconcebible que no hiciéramos nada si nos estaban pasando las armas por las narices para llevárselas a la guerrilla''.
El crimen fue planeado durante una reunión en las oficinas de ACDEGAM en Puerto Boyacá, en la que participó el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, Comandante del B-2 de la XIV Brigada, quien les aseguró que ''los comerciantes introducían a la zona armas y municiones con destino a la guerrilla''. Allí se acordó la coordinación con el Comandante de la V Brigada, Brigadier General Juan José Alfonso Vacca Perilla, delegando al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y al Sargento Otoniel Hernández Arciniegas, quienes se encargarían coordinar con Alonso de Jesús Baquero Agudelo, la vigilancia de la caravana hasta que llegara al lugar donde estaban los paramilitares. También hubo coordinación con el Teniente Hugo Isaac Pertuz González, adscrito al Batallón Nueva Granada.
LOS HECHOS
El 8 de octubre de 1987, diecisiete de las víctimas se movilizaban en caravana de cuatro vehículos (un camión, un campero, una camioneta y un taxi) hacia la ciudad de Medellín (Antioquia) con mercancía de con- trabando que traían de Venezuela, avaluada en 70 millones de pesos, cuando fueron interceptados en la Inspección de Policía Puerto Araujo, de Cimitarra, por los miembros del Batallón Calibío: Teniente Néstor Raúl Vargas Morales y Cabos Segundos José Emilio Meléndez Portilla y Luis Eduardo Vera Nieto, quienes los retuvieron durante un tiempo, mientras, al parecer, avisaban por radioteléfono a los paramilitares; luego los dejaron ir; desde allí algunas de las víctimas llamaron a sus familias siendo la última vez que supieron de ellos.
Cuando las víctimas llegaron al sitio Lizama, los paramilitares los estaban esperando. Según declaraciones de miembros del grupo paramilitar, a los comerciantes los detuvieron, los torturaron y los descuartizaron, lanzan- do luego sus cuerpos al río Ermitaño, en un sitio llamado El Mango, en jurisdicción de la inspección de policía Zambito. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Con la mercancía que les quitaron montaron el Almacén Q- qui en la plaza principal, en el piso inferior de los juzgados de Puerto Boyacá, manejado por Luz Marina Ruíz de Pérez, la esposa del jefe paramilitar Henry Pérez; el cual, a raíz de las investigaciones, fue cerrado y la mercancía repartida entre los miembros de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio ACDEGAM-. Los carros que les quitaron fueron escondidos bajo unas carpas prestadas por el alcalde de Puerto Boyacá, Luis Alfredo Rubio Rojas, pero cuando se percataron de que el caso estaba siendo investigado decidieron desaparecer también los automotores, siendo cortados con soplete y lanzados a un lago ubica- do en la hacienda El Diamante.
El 18 de octubre, al no saber nada del paradero de las diecisiete personas y luego de recibir una llamada anónima en la que decían ''vayan por los cuerpos que están siendo pasto de las aves de rapiña'', la esposa de Víctor Manuel Ayala Sánchez y JUAN ALBERTO MONTERO, un hermano de ella, decidieron desplazarse a la zona a buscarlos. Llegaron hasta La Dorada (Caldas) y allí buscaron a JOSÉ FERNEY FERNÁNDEZ DÍAZ, un amigo de Juan Alberto. Juan Alberto y José Ferney se dirigieron a Puerto Boyacá, en una motocicleta, de propiedad de éste último, corriendo con la misma suerte; cuando se movilizaban por la vía a Puerto Boyacá, fueron vistos por los paramilitares conocidos con los alias ''Pedro Mugre'' y ''Mata Patos'', quienes avisaron a la hacienda El Diamante de la presencia de dos personas que estaban indagando por los diecisiete desaparecidos. Más adelante fueron obligados a bajar de la motocicleta en un retén, siendo asesinados a machete, los cuerpos echados en unos costales y tirados el río Ermitaño. La esposa de Víctor llegó hasta Puerto Boyacá en busca de su esposo y su hermano, allí un señor de una tienda le dijo que era mejor que se devolviera para La Dorada si no quería que le sucediera lo mismo que a ellos, así mismo el inspector de policía le dijo que desde que había llegado al pueblo la estaban siguiendo; por lo que se vio presionada a abandonar Puerto Boyacá.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, en la desaparición masiva participaron los paramilitares: Gonzalo de Jesús Pérez, Henry de Jesús Pérez Duran, Marcelo Pérez Duran, Wilson de Jesús Pérez Duran, Luz Marina Ruiz de Pérez, Luis Alberto Arrieta Morales, Alonso de Jesús Saquero Agudelo, Efrén Galeano López, Jairo Iván Galvis Brochero, Nelson Lesmes Leguizamón, Carlos Loaiza (administrador de la finca El Diamante), Víctor Hugo Martínez (alias ''Bimba''), Gonzalo Armenta, Alejandro Echandía Sánchez, Hans Ortíz, José Rafael NN, Raúl Andrade, Marceliano Panesso Ocampo, Waldo Patino García, Rafael Pérez, Carlos Alberto Yepes Londoño, Robinson Gutiérrez de la Cruz, José Cuartas (alias ''Pata de Buey'', administrador de la finca Marcetal), Azael NN y los alias ''El Loco Alberto'', ''Chofer Bonito'' ''Carga Larga'', ''Giorgio'', ''Lagartijo'', ''Mene Mene'', ''Santander'' y ''Carevieja'' (otro hermano de Henry de Jesús Pérez)''.
Información Personal
ÁNGEL MARÍA BARRERA SÁNCHEZ: La testigo tenía 25 años al momento de la desaparición de su hermano Ángel María. Vivía en Ocaña con sus padres, Delfina Sánchez y Ramón Barrera, con sus dos hermanos, Jesús Barrera y Ángel María Barrera Sánchez y con su primo, José Erasmo Barrera. Ángel María Barrera Sánchez tenía 26 años al momento de su desaparición y trabajaba como comerciante. Era propietario de un camión conjuntamente con el señor Alvaro Lobo Pacheco, transportaba electrodomésticos a Medellín y los comercializaba. Era una persona generosa, muy trabajadora y con aspiraciones. Desde sus 17 años se hizo cargo de la familia, ya que su padre padecía de cáncer en los huesos, lo que le imposibilitaba trabajar.
La presunta víctima se encargaba del sustento de la casa, la ropa, los alimentos, los gastos diarios, los estudios de su hermano y las medicinas de sus padres. Consecuentemente, la testigo supone que él ganaba alrededor de “un millón de pesos mensuales” al tipo de cambio actual, porque mantenía la casa con abundancia.
Alrededor de doce días después de desaparecido Ángel María, su primo José Erasmo fue con familiares de las otras presuntas víctimas a buscarlas, pero no les fue proporcionada ninguna información al respecto. No reanudaron la búsqueda porque les dijeron que era muy peligroso, además de que no tenían dinero para pagar por los gastos de esa búsqueda. Fue por ello que solicitaron ayuda a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (en adelante “ASFADDES”).
La desaparición de Ángel María afectó profundamente a toda la familia en todos los aspectos de sus vidas. Desde dicho momento, se vieron sometidos a restricciones muy grandes. Desde la desaparición de Ángel María, su padre comenzó a fumar mucho más que antes. Todas las noches salía a esperarlo, lo cual duró mucho tiempo, prácticamente hasta que debido al cáncer que padecía ya no pudo hacerlo. Su familia no pudo pagar sus consultas médicas, lo que lo obligó a tomar “remedios naturales”, los cuales la testigo cree que llevaron a que se deteriorara rápidamente su salud. El señor Ramón Barrera falleció el 5 de julio de 1995.
Su madre tuvo “ataques”, desmayos repentinos, se volvió distraída, a veces hablaba incoherencias, lloraba todas las tardes, perdió el apetito y tuvo una cirrosis hepática producida por desnutrición; incluso tuvo que acudir a un psicólogo. Esas crisis duraron entre tres y cuatro años. Su familia tampoco pudo pagar sus consultas médicas, por lo que la señora Sánchez también debió tomar “remedios naturales”. La señora Delfina Sánchez falleció el 29 de junio de 1998.
Su hermano Jesús se desmotivó completamente, decía que no valía la pena vivir y tuvo que suspender los estudios por dos años, ya que debió trabajar para asumir la responsabilidad que antes tenía Ángel María. Jesús estuvo deprimido mucho tiempo, ya que era el más cercano a Ángel María.
La testigo pasó por momentos muy difíciles porque dependía totalmente de su hermano, quien era para ella y su familia “como el papá”, un referente de respeto y autoridad. Para ella y sus familiares fue muy difícil asumir la “desaparición” de su hermano. Aún no la han aceptado. La circunstancia de que los hechos no se hayan esclarecido y que los responsables no hayan sido juzgados y sancionados produce a la testigo y a su familia indignación e impotencia.
Su primo José Erasmo, que siempre fue como su hermano, también se vio muy afectado por los hechos, ya que Ángel María le ayudaba económicamente, e incluso tuvo que suspender un “curso de conducción” que él le pagaba.
Lo que la testigo y su familia piden a la Corte para tener un poco de tranquilidad es que se castigue a los responsables del hecho, ya que “la impunidad lo[s] mantiene […] con un dolor y una impotencia que no le[s] permite superar la pena”; que se les diga dónde están los restos de las presuntas víctimas para hacerles un “mural, cruces” o alguna identificación en el lugar en que se encuentren los cuerpos, o bien que les entreguen sus restos para darles cristiana sepultura.
La testigo tuvo miedo de declarar por temor de que surjan represalias contra ella o contra su familia (TESTIMONIO DE LA SEÑORA CARMEN ROSA BARRERA SÁNCHEZ, HERMANA DE LA PRESUNTA VÍCTIMA ÁNGEL MARÍA BARRERA SÁNCHEZ - CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf).
Fuentes:
- 1. RUTAS DEL CONFLICTO Masacre 19 Comerciantes (http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=94#sthash.67EbTWce.dpuf)
- 2. COLOMBIA NUNCA MAS - Desaparición 19 comerciantes y masacre La Rochela (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/anexo.html)
