Amparo Del Carmen Tordecilla Trujillo
Fuente: VOZ
1. Estudiante
Hechos
El 25 de abril de 1989 en Bogota, D.C., aproximadamente a las 10:00 de la mañana, integrantes de la Brigada Veinte de Ejército Nacional que realizaba trabajos de inteligencia y contrainteligencia, retuvieron y desaparecieron a AMPARO DEL CARMEN TORDECILLA TRUJILLO, 28 años, profesora de una concentración escolar, estudiante de computación y militante del PCC, casada con Bernardo Gutiérrez, madre de dos hijos: un niño de 5 años de edad y una niña de solo 18 meses.
Relata la fuente: "Amparo Tordecilla desapareció tras ser detenida en la esquina de una calle de Bogotá el 25 de abril de 1989. Alrededor de las 10 de esa mañana, Fabiola Correa de Olivella salió de su casa de Bogotá para llevar alguna costura a su prima, Amparo Tordecilla. Fabiola Correa se quedó en casa de Amparo Tordecilla para cuidar de los dos niños de corta edad de su prima mientras Amparo estaba fuera de casa. Poco antes de las 11, Amparo Tordecilla telefoneó a su prima para decir que no volvería hasta después de la comida. Su familia no volvió a verla nunca más.
Según testigos presenciales, Amparo Tordecilla fue secuestrada en la esquina de la Calle 47 y la Carretera 8 por, al menos, tres hombres que vestían ropas civiles y que la obligaron a entrar en un taxi 'Chevrolet' amarillo, con número de matrícula SF 3257. Amparo Tordecilla gritó pidiendo ayuda y trató de resistirse. Durante el forcejeo perdió un zapato. Sus asaltantes huyeron llevándosela consigo y, desde entonces, su paradero es desconocido.
En el momento del secuestro, una profesora e investigadora de la Universidad Piloto y Autónoma de Bogotá, María Teresa Cifuentes Traslaviña, estaba en una papelería y pudo tomar el testimonio de los testigos. También recogió el zapato de Amparo Tordecilla. Luego, la profesora de universidad informó del secuestro de Amparo Tordecilla a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) y les entregó el zapato, que fue identificado más tarde como propiedad de Amparo Tordecilla por su hijo de 5 años de edad, Juan Camilo.
Los grupos de derechos humanos locales denunciaron su desaparición al Procurador General y a otras autoridades e inmediatamente la Oficina de la Procuraduría General abrió una investigación.
El 5 de mayo de 1989 el Jefe del BINCI admitió ante la Oficina de la Procuraduría General que el taxi utilizado en la operación en la que Amparo Tordecilla había desaparecido pertenecía al BINCI y había sido usado ese día. Sin embargo, el jefe militar negó que Amparo Tordecilla estuviera bajo su custodia y aseguró que el incidente presenciado por los testigos era meramente un agente militar que estaba siendo recogido por un taxi.
El 8 de junio de 1989, el padre de Amparo Tordecilla, Fausto Tordecilla Polo, presentó un auto de hábeas corpus ante el Juzgado 36 Penal Municipal. Lo que sigue está tomado de la petición de hábeas corpus:
"Fui informado a través de diferentes familiares, amigos y de miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia, que mi hija fue violentamente introducida por varias personas vestidas de civil en un vehículo Taxi de color amarillo de placas SF3257 el día 25 de abril del año en curso a las 11 A.M. en la calle 47
con carrera 8, esquina nororiental, Bogotá.
(...) En conversación sostenida con el Dr. ECHEVERRI OSSA, Delegado para los Derechos Humanos, se me informe que mi hija se encuentra recluida en instalaciones militares debido a que funcionarios del ejército la aprehendieron. Con posterioridad, al investigar la Delegada de las Fuerzas Militares la identificación del vehículo ya mencionado se establece de manera irrefutable que el Taxi pertenece oficialmente al servicio de Inteligencia del Ejército Nacional, y que efectivamente se encontraba en el sitio, el día y la hora de los hechos.
La aceptación original del Ejército de la captura de mi hija a través de la Procuraduría es negada con posterioridad con argumentos risibles, si no fuera por la tragedia que estoy viviendo en el actual momento.
Presumo que mi hija se encuentra (...) en las instalaciones de la Brigada Nº XIII de Institutos Militares, o en el BINCI - Charry Solano."
Cuando desapareció, Amparo Tordecilla tenía 28 años, era maestra y madre de dos niños de corta edad, también estudiaba informática. Era miembro del Partido Comunista de Colombia (legal).
INVESTIGACIONES INICIADAS
El Procurador General y los Procuradores Delegados para los Derechos Humanos y para las Fuerzas Armadas abrieron una investigación sobre la desaparición de Amparo Tordecilla. El 12 de mayo de 1989, el doctor César Augusto Delgado Ramos, abogado del Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas, envió un informe preliminar al Procurador General confirmando que, el 25 de abril, el taxi con matrícula SF 3257 había sido usado por la Brigada XX (BINCI) y que tres hombres habían recogido a una mujer como parte de su misión. Los tres hombres, entre los que se encontraban un suboficial y un sargento segundo, lo atestiguaron. En mayo de 1989, una mujer hizo un informe reservado ante el abogado del Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas en el cual declaraba que ella era la persona que se había subido al taxi con matrícula SF 3257 el 25 de abril, a requerimiento del servicio de inteligencia militar, para el que, según aseguraba, había trabajado durante dos años. No obstante, el 19 de mayo de 1989, los Procuradores para los Derechos Humanos y para las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado de prensa en el que declaraban: "no son satisfactorias hasta este momento las explicaciones dadas por los organismos de inteligencia de dicho cuerpo".
El 31 de enero de 1990, el abogado del Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas, presentó su informe evaluativo a la Procuraduría de las Fuerzas Armadas. En él confirmaba que tres miembros de la Brigada XX recogieron a una empleada del servicio de inteligencia militar en un taxi que pertenecía a la Dirección de Inteligencia. El informe añadía que no se podía confirmar si Amparo Tordecilla había desaparecido o no, especialmente a la vista de "su situación personal, que es por demás sospechosa y misteriosa". El 30 de marzo de 1990, la Procuraduría de las Fuerzas Armadas decidió "ordenar el archivo de las diligencias en lo que respecta a la posible vinculación de miembros adscritos al Ministerio de Defensa Nacional".
El 30 de junio de 1990, la mujer empleada por el servicio de inteligencia militar que afirmaba ser la persona que se había subido al taxi con matrícula SF 3257, reapareció ante los investigadores de la Procuraduría General e hizo una declaración jurada ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General en la que afirmaba que su declaración inicial, de mayo de 1989, era en realidad falsa: "La versión no es ajustada a la realidad, me motivó porque para mí era un trabajo que debía realizar y para el cual fui remunerada". Además, declaró que la persona de contacto del servicio de inteligencia militar le había dicho que hiciera la declaración falsa de mayo de 1989, y le había dado una descripción de su supuesta apariencia en el momento de la desaparición de Amparo Tordecilla. Asimismo dijo que también había tenido que alterar su apariencia para realizar la declaración ante el abogado de la Procuraduría de las Fuerzas Armadas, tuvo que teñirse el pelo, darse maquillaje y llevar tacones altos. Explicó que estudiaba en la Universidad Nacional y que trabajaba como confidente para el ejército. Su trabajo había consistido en infiltrarse en grupos de la oposición armada que actuaban en la universidad, como el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y en proporcionar información sobre sus actividades al servicio de inteligencia del ejército. En el momento de su declaración jurada, la mujer afirmó que ya no estaba empleada por el servicio de inteligencia militar.
El 8 de agosto de 1990, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General "resolvió reabrir la indagación preliminar" sobre la desaparición de Amparo Tordecilla, porque de la última declaración de la mujer empleada por el servicio de inteligencia militar "se infiere que individuos pertenecientes al Ejército Nacional relizaron un montaje" de la desaparición de Amparo Tordecilla. El 26 de septiembre de 1990, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General emitió su informe definitivo sobre la investigación preliminar. El informe acusa al Director de Inteligencia del Ejército Nacional , Teniente Coronel Luis Bernardo Urbina Sánchez, del "deseo de querer ocultar la realidad de los hechos, en favorecimiento de la Institución a que pertenece y encubriendo faltas de sus subalternos". Dictaminaba que se abriera una investigación formal disciplinaria contra dos coroneles, un capitán, un sargento, un cabo primero y un agente por la desaparición de Amparo Tordecilla. También pedía que se nombrara un Agente Especial para la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Criminal.
El papel de la Procuraduría General de Colombia consiste, tal y como lo define el artículo 143 de la Constitución, en "supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos; y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social". La Procuraduría de los Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas y la Policía llevan a cabo investigaciones para determinar la responsabilidad en el caso de un comportamiento incompatible con el ejercicio de sus deberes por parte de agentes de las fuerzas armadas, la policía, los servicios de seguridad y otros funcionarios públicos, y para que se impongan sanciones si el caso lo requiere. Si la investigación disciplinaria determina la responsabilidad de las fuerzas armadas, la Procuraduría General puede imponer sanciones disciplinarias (que van desde multas a la suspensión de empleo) y puede recomendar que se inicien procedimientos penales contra los implicados.
En octubre de 1990, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General pidió al Juzgado 4º Especializado de Bogotá que nombrara un juez para llevar a cabo la investigación sobre la presunta participación de los agentes del servicio de inteligencia del ejército, de los que se daban nombres, en la desaparición de Amparo Tordecilla. Amnistía Internacional no tiene información ulterior sobre la marcha de la investigación judicial.
NUEVA INFORMACION INCLUIDA EN LA DECLARACION DEL EX AGENTE MILITAR
Según una declaración jurada reciente realizada ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General por un ex agente del servicio de inteligencia militar, agentes de la Brigada XX de la Central de Inteligencia del Ejército de Bogotá, Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano (BINCI), son los autores, "por orden superior", del secuestro de Amparo Tordecilla y de su interrogatorio en una granja en Soacha, a corta distancia del sur de Bogotá, sobre las actividades del grupo de la oposición armada Ejército de Liberación Popular (EPL), antes de hacerla desaparecer. Estaban implicadas al menos siete u ocho personas, de acuerdo con el testimonio: "Ese día, el 25 de abril de 1989, retuvieron, quienes eran los encargados de cubrir el blanco EPL, retuvieron a una muchacha que posteriormente supe que se llamaba Amparo Tordecilla... ese trabajo lo desarrollaron por lo menos de siete a ocho personas... la niña fue desaparecida por el grupo que le correspondía".
Fuentes:
- 1. NUEVOS TESTIMONIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO EN LAS DESAPARICIONES – Amnistía Internacional – Junio de 1991 ÍNDICE AI: AMR 23/23/91/s