Josefina Vásquez Camacho
Fuente:
Hechos
Masacre: FAMILIA VÁSQUEZ CAMACHO - PRADO 22-Feb-91
Víctimas en estos hechos: 7 (Asesinadas: 7- Desaparecidas: )
El 22 de febrero de 1991 en Prado, Tolima, paramilitares, gracias a la omisión, tolerancia o aquiescencia de miembros del ejército y la policía nacional, irrumpieron en la casa de la familia Vásquez Camacho, en el corregimiento Montoso, mientras estos observaban por televisión a un partido de futbol, y degollaron practicándole el corte de franela a ROSALBA CAMACHO DE VÁSQUEZ, de 60 años, dirigente comunal y cooperativa, veterana dirigente del Partido Comunista y vinculada a la UP desde cuando fue creada la agrupación, su esposo, MARTÍN VÁSQUEZ, 62 años, y sus hijos, ELIZABETH VÁSQUEZ CAMACHO, 28 años, JOSEFINA VÁSQUEZ CAMACHO, 24 años, IDALI VÁSQUEZ CAMACHO, 16 años, y su nieta ADRIANA (no se conoce el apellido), de 10 años de edad (JENIFER VÁSQUEZ? FABIO VÁSQUEZ? JAIRO VÁSQUEZ?). Los asesinos dejaron vivo a un bebé que quedó tendido en un charco de sangre.
Rosalba Camacho había sido constantemente amenazada y hostigada por grupos paramilitares y miembros de las fuerzas armadas que conviven en la región (Con información de REINICIAR Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Caso Unión Patriótica: Hechos de violaciones a los Derechos Humanos, Bogota 11/02/94 + CINEP Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988 - 2003) (1).
Rosalba Camacho, de 60 años de edad
Martín Vásquez, de 62 años de edad
Elizabeth Vásquez Camacho, de 28 años de edad
Josefina Vásquez Camacho, de 24 años de edad
Idali Vásquez Camacho, de 16 años de edad
Adriana (no se conoce el apellido), de 10 años de edad
Amnistía Internacional siente preocupación por los homicidios de Rosalba Camacho, de su marido, Martín Vásquez, de tres de sus hijos, Elizabeth, Josefina e Idali Vásquez Camacho, y de una nieta, Adriana. Estos homicidios tuvieron lugar la noche del 22 al 23 de febrero de 1991 en la comunidad agrícola de Montoso, municipio de Prado, en el sur del departamento de Tolima, en circunstancias que sugieren que puede tratarse de ejecuciones extrajudiciales. La mañana del 23 de febrero, los cadáveres de Rosalba Camacho y su familia fueron hallados por un vecino que fue a su casa. Según los informes, les habían cortado la garganta y les habían desfigurado el rostro. Parece ser que la noche anterior, la del 22 de febrero de 1991, un grupo de hombres armados sin identificar habían entrado en la casa de los fallecidos cuando Rosalba Camacho y su familia veían un partido de fútbol por televisión, y la habían registrado.
Los informes indican que los soldados de la base militar de Montoso habían abandonado la base una semana antes de los homicidios, pero tanto los que asistieron al funeral de Rosalba Camacho y su familia como los portavoces de la policía han afirmado haber visto un camión militar en Prado ese día. Según los informes, la base Militar de Montoso se situó allí para controlar a los grupos de oposición armada que actúan en el área. Se ha informado que los militares registran e interrogan con frecuencia a los miembros de la Unión Patriótica de esa región.
Rosalba Camacho era miembro del Partido Comunista Colombiano y de la coalición izquierdista de oposición Unión Patriótica (UP), organizaciones reconocidas legalmente en Colombia. Había sido concejala en representación del Partido Comunista en el concejo municipal de Prado, y era presidenta de la Cooperativa de Campesinos de Montoso, cuya sede central (la Cooperativa de Trabajadores Agrícolas, COAGROTAL Ltda.) se encuentra situada a tan sólo unos metros de la base militar.
Rosalba Camacho y su familia habían recibido repetidas amenazas por parte de un teniente del ejército, el comandante de la base militar de Montoso, al parecer a causa de su papel como prominente activista de la oposición. En junio de 1989, el comandante de la base militar hizo llamar a Rosalba Camacho y parece ser que le advirtió que, si no dejaba la región, moriría. Los informes aparecidos en la prensa nacional indican que algunos oficiales del ejército habían afirmado que la Cooperativa de Campesinos era "una empresa de guerrilleros". Después de ser llamada por el comandante, y de las advertencias de éste, Rosalba Camacho tenía que presentarse en la base cada cuatro días, y más adelante a diario. Amnistía Internacional no dispone de más información sobre los posibles motivos de esta comparecencia, ni tampoco ha recibido confirmación sobre si esto siguió sucediendo hasta el momento de su muerte.
En junio de 1990, dos de los hijos de Rosalba Camacho, Roger y Sebastián, también miembros del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, murieron a manos de grupos paramilitares en incidentes separados. Amnistía Internacional no dispone de más información sobre las circunstancias de sus muertes, ni sobre si han progresado las posibles investigaciones que se hayan iniciado. Según informes, en 1989 otro de los hijos de Rosalba, Rubén, fue detenido y torturado por soldados antes de ser liberado. Los malos tratos que recibió se denunciaron ante el procurador regional. Amnistía Internacional no dispone de más información sobre los cargos que se le imputaban, ni sobre cualquier investigación que se pueda haber iniciado acerca del trato a que fue sometido. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre la muerte de Rosalba Camacho y de su familia. El papel del Ministerio Público -tal como lo define la Constitución Consiste en "supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos; y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social" (Constitución, artículo 143).
Los últimos Procuradores Generales han llevado a cabo medidas importantes para conseguir avances respecto al procesamiento de las denuncias y a la investigación de los informes de violaciones de derechos humanos. No obstante, las penas que puede imponer el Ministerio Público a los responsables de los abusos se limitan a sanciones disciplinarias que van desde multas o la suspensión del ejercicio hasta la solicitud de que los oficiales sean expulsados de las fuerzas armadas. Una vez que se imponen las sanciones por violación de los derechos humanos a un miembro de las fuerzas armadas o a otros funcionarios, el Ministerio Público pasa el caso a otras autoridades judiciales para que se inicien los procedimientos penales (2).
Fuentes:
- 1. COLOMBIA: MUERTE DE ROSALBA CAMACHO Y SU FAMILIA - AMNISTÍA INTERNACIONAL, ABRIL DE 1991
- 2. VIDAS SILENCIADAS
