El 4 de mayo de 1990 en Medellín, Antioquia, durante en allanamiento a las instalaciones de la firma Inversiones Agropecuarias y Mineras Budapest efectuada por agentes de la policía hacia las 11:15 de la mañana fueron muertos el propietario, MARIANO OSPINA MONTOYA, y los funcionarios, DAGOBERTO MOSQUERA P., JOHN FREDDY CASTAÑEDA S., LUIS FELIPE FUENTES GALVIS, JAIME DE J. PULGARÍN R., WALTER GIRALDO MONTOYA, y UNA PERSONA no identificada; según versión oficial, las victimas se enfrentaron a los uniformados; otra fuente afirma que fue impedida la gestión del Juez de Instrucción Criminal que llego al lugar a practicar el levantamiento de los cuerpos y agrega que posteriormente se encontró que varias de las armas de las victimas nunca fueron disparadas. El propietario estaba solicitado por 3 juzgados, sindicato de ser jefe de finanzas del llamado “Cartel de Medellín” (1).
El 4 de mayo de 1990 los medios de información registraron el allanamiento practicado por personal de la policía en las oficinas de la firma “Inversiones Agropecuarias y Mineras Budapest'', en Medellín, luego de lo cual aparecieron 7 personas muertas, entre ellas el propietario de la firma y 7 empleados. La versión oficial acusaba al propietario de ser jefe de finanzas del Cartel de Medellín y afirmaba que las víctimas había disparado contra la fuerza pública. Algunos medios de prensa dejaron constancia de que las armas que aparecieron en los cadáveres de las víctimas nunca habían sido disparadas. La declaración rendida por el Teniente de la Policía Néstor Eduardo Porras Montero el 22 de noviembre de 1990 ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Bogotá atribuía esta masacre a un comportamiento criminal habitual del Comando de Operaciones Especiales –COPES- de la DIJIN en Medellín. El Teniente Porras actuaba entonces como comandante de la séptima compañía del Cuerpo Elite, a la cual se le asignó la tarea de acordonar la zona. En medio del operativo subió al cuarto piso del edificio donde funcionaba la firma Budapest y constató que los de la DIJIN habían asesinado a todo el personal que se encontraba allí y que luego colocaron armas en sus manos. A uno de ellos, muy joven, le colocaron en su mano una granada sin quitarle siquiera la cinta de protección, y a otro le colocaron la escopeta que portaba el Capitán Julio Santoyo Velasco. Los del Cuerpo Elite se negaron entonces a firmar el acta de allanamiento, pero finalmente fue firmada por el Capitán Javier Ñanes Erazo, el cual fue ''premiado'' trasladándolo enseguida a la DIJIN. El Teniente Porras Montero, en su declaración, afirma que en las reuniones que tenían los miembros del Cuerpo Elite con el personal de la DIJIN, presididas por los Coroneles HUGO MARTÍNEZ POVEDA, LINO PINZÓN NARANJO y MAR COS GANTIVA ARIAS, siempre les decían que la orden que tenían era no capturar sino matar y que por esas acciones se les premiaría y si surgía algún problema de tipo penal, se les solucionaría (2).
Fuentes:
1. JUSTICIA Y PAZ Boletín Informativo, Volumen 3, No 2 – Abril/Junio 1990
2. CINEP Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988 – 2003 - El Paramilitarismo en la Policía Nacional
