María Del Carmen Santana
Fuente: Archivo particular
Hechos
Víctimas en estos hechos: 2 (Asesinadas: - Desaparecidas: 2)
El 7 de febrero de 1989 en San Alberto, Cesar, ISIDRO CABALLERO DELGADO y MARÍA DEL CARMEN SANTANA, quien pertenecía al Movimiento 19 de Abril (M-19), estaban promoviendo la participación de la comunidad en la realización del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización” que se llevaría cabo el 16 de febrero de 1989 en este municipio. Esta actividad era organizada por el “Comité Regional de Diálogo” y su objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes regiones”.
Ese día, Isidro Caballero y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. Nunca más fueron vistos con vida.
Elida González Vergel, una campesina que transitaba por el mismo lugar en que fueron capturados Isidro Caballero y María del Carmen Santana, fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Durante su captura, la Sra. Elida vio a Isidro Caballero con un uniforme militar camuflado y a una mujer que iba con ellos. Javier Páez, otro habitante de la región, fue retenido ese mismo día por el Ejército colombiano, torturado y dejado en libertad posteriormente. Por los interrogatorios a que fue sometido y por las comunicaciones de radio de la patrulla militar que lo retuvo supo de la captura de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, así, una vez puesto en libertad, dio aviso a las organizaciones sindicales y políticas a las que ellos pertenecían, las cuales a su vez, informaron a sus familiares.
Al conocer de su captura, la familia de Isidro Caballero Delgado y varios organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de Isidro y María del Carmen en instalaciones militares, donde se negó que ellos hubieran sido aprehendidos. Posteriormente se entablaron acciones para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables pero no hubo resultados positivos. Tampoco se obtuvo reparación de los perjuicios causados.
En diciembre de 1995 la Corte Interamericana de Derechos humanos sentenció por primera vez al Estado Colombiano por haber “violado en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana los derechos a la libertad personal y a la vida contenidos en los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Sin embargo, 27 años después de los hechos y 19 años después de la Sentencia de la corte, la justicia interna no ha sancionado a los responsables a pesar de contar con material probatorio para tal efecto, razón por la cual el caso continúa en la completa impunidad. Aún los familiares de Isidro y de María del Carmen piden justicia por la desaparición y el asesinato de sus seres queridos y esperan que algún día la justicia condene a los máximos responsables, revele toda la verdad y les repare integralmente. 26 años después los familiares siguen firmes en sus exigencias y sobre todo en la conservación de la memoria de estos desgarradores hechos (1).
El 7 de febrero de 1989 en San Alberto, Cesar, el educador ISIDRO CABALLERO DELGADO, de 31 (33) años, uno de los principales dirigentes sindicales del SES y activista del M-19; y su acompañante MARIA DEL CARMEN SANTANA, de 20 años, fueron detenidos y luego desaparecidos por militares pertenecientes a la base militar Morrison, adscrita al batallón de Infantería No. 15 “Santander”, al mando del Capitán Héctor Alirio Forero, quienes los aprehendieron en cercanías de la finca El Danubio, ubicada en la vereda Guaduas del corregimiento El Líbano. Isidro y María del Carmen fueron llevados por los militares, quienes los interceptaron a pocos metros de la finca para hablar con ellos, internándose en el monte. Isidro fue obligado a vestir uniforme camuflado, similar al de los soldados que los retuvieron, según afirmaron varios testigos. Al momento de su detención, Isidro y María del Carmen hacían parte del Comité Regional de Diálogo de Santander, que adelantaba labores en el marco del proceso de paz que se estaba dando entre el grupo guerrillero M-19 y el gobierno.
Los dos dirigentes se desplazaron hasta la vereda Guaduas “para garantizar la participación del sector campesino” en el encuentro por la convivencia y la normalización que se llevaría a cabo una semana más tarde.
Un ex soldado que afirmó haber participado en la retención de estas dos personas, confesó que se llevó a cabo una reunión en la Base Militar Morrison, de la que no se precisa la fecha, en la que se encontraban el General Alfonso Vacca Perilla, que se desempeñaba como Comandante de la Quinta Brigada del ejército; el Mayor Pinzón, ejecutivo del batallón Santander; el Capitán Héctor Alirio Forero Quintero; el señor Augusto Rivera, propietario de la finca Riverandia, el Capitán Enrique García García y otros oficiales y sub oficiales. De esta reunión salió la orden, dada a través del Capitán Forero Quintero, de capturar a Isidro Caballero Delgado. Igualmente el declarante señaló que también estuvo involucrado en los hechos el Comandante del batallón Santander Diego Hernán Velandia Hurtado.
Además, en desarrollo de las investigaciones, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial logró localizar el 4 de mayo de 1992 a uno de los sindicados por la desaparición, el soldado profesional Gonzalo Arias Alturo. En una declaración Arias Alturo confesó su participación en los hechos, y confirmó la del capitán Forero, el cabo del ejército Plácido Chacón Hernández y Luis Gonzalo Pinzón Fontecha, “quienes conformaban un grupo especial que operaba en esa zona por cuenta de la V Brigada”. En su relato comentó que las víctimas habían sido asesinadas por tiros de gracia, además de indicar de manera aproximada, el sitio de una fosa común donde podrían encontrarse los cuerpos, aportando así nuevas pruebas para el caso.
Sin embargo, el gobierno colombiano no realizó ninguna diligencia judicial, ni revisó el proceso penal, el cual había absuelto a los autores. Tampoco abrió nuevas investigaciones contra los militares, ni contra el entonces Procurador delegado para las Fuerzas Militares por su evidente comportamiento parcializado y no adelantó gestiones para buscar los cuerpos de Isidro y María del Carmen.
Como antecedente, el 30 de abril de 1983, en la ciudad de Bucaramanga, Isidro fue objeto, en compañía de otras personas, de allanamientos, detención y tortura, por parte de una patrulla combinada de ejército y policía; por lo demás, el dirigente sindical venía siendo objeto de amenazas y hostigamientos desde tiempo atrás debido a su labor sindical. Estuvo detenido en la cárcel modelo de Bucaramanga desde abril de 1985 hasta noviembre de 1986, acusado de porte ilegal de armas y de pertenecer al M-19. A partir de la organización del paro del Nororiente y el foro “Por el dialogo regional y la paz”, fue víctima de amenazas, persecución y hostigamientos, que se incrementaron a partir del Paro Nacional convocado por las centrales obreras para el día 27 de octubre de 1988, el cual fue a su vez promovido por Isidro. Como ya se mencionó, ante las múltiples amenazas, Isidro se vio obligado a abandonar por un tiempo sus labores en la Concentración Escolar Mercedes Abrego. Isidro Caballero estuvo dedicado durante 11 años al sindicalismo, además de estar afiliado al SES, hacia parte de FECODE y USITRAS; tenía un hijo y su compañera María Nodelia interpuso los recursos judiciales necesarios para averiguar su paradero.
Actuaciones judiciales. ¡Hasta encontrarlos!
“exigimos su libertad
vivos los llevaron
vivos los queremos”
El largo camino recorrido para aclarar y determinar quienes fueron los responsables de la desaparición de las víctimas, inició el 10 de febrero de 1989 cuando la compañera de Isidro Caballero presentó recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado Primero Superior de Bucaramanga a cargo de la doctora Miriam Pinzón Guevara, quien ofició a la Policía, DAS, Cárcel Modelo y V Brigada, quienes respondieron no tener en su poder a la víctima; basada en estas respuestas, en auto de la misma fecha, declaró que no procedía el recurso. Acto seguido, la abogada envió copia del mismo al Juez Promiscuo de San Alberto. Además de la compañera de Isidro, su hermana Herminda Caballero de Ballesteros acudió a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, como ultimo intento desesperado por conocer del paradero del líder sindical; arguyendo que: “las gestiones realizadas hasta el momento han resultado infructuosas y desafortunadamente en nuestro país la desaparición de personas se ha convertido en una práctica permanente y en muchos casos se ha comprobado la participación de militares, miembros de policía y organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares”. A la búsqueda incesante de Isidro se sumaron igualmente varios organismos sindicales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 23 de febrero de 1989 se inició la actuación por parte del Juzgado Segundo de Instrucción Criminal Ambulante del Distrito Judicial de Valledupar. El 27 de febrero se dispuso la apertura de investigación preliminar. El 1 de agosto de 1989 el Juzgado Segundo de Orden Público abrió formal investigación por estos hechos vinculando y dictando medida de aseguramiento contra Luis Gonzalo Pinzón Fontecha; el 22 de agosto vinculó y dictó medida de aseguramiento contra el Capitán Héctor Alirio Forero Quintero y el soldado Gonzalo Arias Alturo. Ante un recurso de apelación de parte del abogado de Forero Quintero, el Tribunal de Orden Público revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata de este el 8 de mayo de 1990.
El juez segundo de orden público, Luis Rafael Nieto Pardo, denunció ante el DAS, el 12 de junio de 1990, que tanto él, como los testigos, la esposa de Isidro y el abogado de la parte civil, habían sido amenazados por el Oficial Forero Quintero. En un comunicado ante la opinión pública proferido por el SES en el mismo mes y año, los integrantes de tal gremio sindical rechazaron los hostigamientos y denunciaron: “...las amenazas de muerte y la presión psicológica mediante llamadas telefónicas contra MARÍA NODELIA PARRA RODRÍGUEZ, las cuales son un indicio grave del riesgo que está corriendo su vida... está claro que se trata de impedir que Nodelia continué presionando la investigación para que el caso de su compañero se esclarezca y se haga justicia sobre los responsables...”.
El 11 de septiembre de 1990 el Juzgado dictó sentencia absolutoria a favor de Luis Gonzalo Pinzón Fontecha, Gonzalo Arias Alturo, Héctor Alirio Forero Quintero y Norberto Báez Báez por el delito de secuestro; la providencia no fue apelada debido a las amenazas contra la esposa de Isidro y su abogado. El 3 de octubre de 1990 fue archivado el proceso.
En abril de 1992 la Fiscalía Regional de Barranquilla abrió averiguación preliminar bajo radicado No. 2416. Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial –Seccional Bucaramanga- logró localizar el 4 de mayo de 1992 a uno de los sindicados por la desaparición, el soldado profesional Gonzalo Arias Alturo. No obstante, la declaración del militar que se comentó con antelación, no trascendió ni brindo resultado alguno en la investigación.
Por otro lado, el Juzgado 26 de Instrucción Penal Militar de Ocaña a cargo de la doctora Carmenza Gamarra Cerdas inició el 26 de febrero de 1989 diligencias preliminares. El 6 de junio de 1989 ordenó suspender la indagación preliminar y archivar el expediente considerando que en las declaraciones aportadas, especialmente de militares y personas que no fueron testigos de los hechos, nadie dijo conocer sobre estas desapariciones. En consecuencia, se desecharon los testimonios de los testigos presenciales sobre lo acontecido.
La investigación disciplinaria se inició con la copia de las diligencias realizadas por la Personera Municipal de San Alberto en la vereda Guaduas. La Procuraduría Regional de Bucaramanga recibió los documentos el 16 de febrero de 1989, remitiendo la documentación a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y a la Segunda Delegada para la Policía Judicial-Derechos Humanos; y terminó su intervención argumentando que por averiguación pertinente en forma verbal, la V Brigada a través del coronel Carlos Pardo, le informó que Isidro Caballero no había sido detenido en la base militar Morrison.
El 17 de febrero de 1989, el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, Manuel Salvador Betancur, se trasladó a la región previniendo con anterioridad al comandante del batallón Santander sobre su visita con el objeto de buscar a Isidro Caballero. Solo estuvo en la base Morrison y se negó ir al sitio de los hechos, aduciendo que el oficial del ejército se había comprometido a buscar a Isidro y su acompañante; además no aceptó la petición de los maestros de trasladarse a la vereda Guaduas para interrogar a los testigos. Así regresó a Bogotá, sin levantar acta y sin obtenerse ningún resultado.
La Delegada inició formalmente a investigación preliminar el 6 de abril de 1989, con el radicado 022-79685. El 16 de mayo de ese año se efectúo una diligencia de reconocimiento fotográfica de los miembros de la base Morrison, para que los testigos reconocieran a los victimarios. El Procurador delegado durante el desarrollo de la diligencia amedrentó a los testigos, preguntándoles “¿cuánto dinero les ha ofrecido la esposa de la víctima para que den estas declaraciones?”. El resultado fue negativo, además de que las fotografías correspondían a una época diferente. Se intentó un segundo reconocimiento fotográfico pero esta gestión también fracasó ante la negativa de la comandancia del batallón Santander de entregar copia reciente de las fotos de oficiales, suboficiales y soldados para perfeccionar la investigación. Además, tuvo que recurrirse al Comandante General de las Fuerzas Militares para obtener esta prueba, que finalmente no pudo recogerse porque el Gobierno argumentó que por encontrarse individualizados algunos responsables en otras investigaciones, las pruebas solicitadas eran “innecesarias y superfluas”.
Agotados todos los recursos posibles, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde fue radicado con el número 10319. La Comisión lo puso en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictó sentencia el 8 de diciembre de 1995 declarando a Colombia responsable de la violación de los derechos a la libertad personal y a la vida en el caso de Isidro Caballero y Carmen Santana; la instancia decidió la obligatoriedad del estado Colombiano por continuar los procedimientos judiciales por la desaparición y presunta muerte de las víctimas y su sanción conforme a derecho; a pagar una justa indemnización a los familiares de los desaparecidos y el resarcimiento de los gastos en que hallan incurrido en sus gestiones ante las autoridades colombianas con ocasión de este proceso (2).
Fuentes:
- 1. PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª - Crímenes de Lesa Humanidad 1966-1998 • BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA: EL ASEDIO DE LA REPRESION, 1966 – 1998
- 2. Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana Sin Olvido - http://sinolvido.justiciaypazcolombia.com
