Nydia Erika Bautista Arellana
Fuente: MOVICE
1. Estudiante (Institución: Universidad Nacional)
1. Sin datos - Universidad Nacional
Hechos
El 30 de agosto de 1987 en Bogota, D.C., NYDIA ERIKA BAUTISTA ARELLANA fue secuestrada poco después de salir del domicilio de sus padres en el barrio Casablanca. Acababa de despedirse de un amigo en una parada de autobús cuando un grupo de hombres armados que vestían ropas de civil y viajaban en un vehículo la secuestraron. El 25 de mayo de 1986, Nydia Erika Bautista había sido detenida en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, por una unidad militar perteneciente a la III Brigada. Según los informes, durante las tres semanas de su detención permaneció en régimen de incomunicación y sufrió torturas. Quedó en libertad tras firmar una declaración en la que se decía que a lo largo de su detención la habían tratado bien. Inmediatamente antes y después de la «desaparición» de Nydia Erika, otros activistas del M-19, entre ellos Cristóbal Triana, amigo de Nydia Erika, también «desaparecieron».
INVESTIGACIONES
En el curso de las investigaciones, los testimonios recogidos revelaron que a Nydia Erika la habían llevado a una hacienda donde la tuvieron recluida dos días, y que después la habían conducido a la zona de Quebradablanca, en el municipio de Guayatebal, donde la ataron y la mataron de un tiro en la cabeza.
El 22 de enero de 1991, el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, que en el momento del secuestro de Nydia Erika estaba adscrito al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia «Charry Solano» del ejército colombiano, declaró ante la Procuraduría General de la Nación que la Unidad de Operaciones Especializadas del Batallón Charry Solano había sido responsable de la «desaparición» de Nydia Erika Bautista.
Según los informes, el sargento Garzón Garzón había desertado del ejército y, al temer por su seguridad, se había presentado ante la Procuraduría General. En su testimonio incluyó los nombres de quienes habían planeado y llevado a cabo la tortura, «desaparición» y asesinato de Nydia Erika Bautista; declaró que la «desaparición» se había llevado a cabo con el conocimiento y aprobación del entonces coronel del ejército Alvaro Velandia Hurtado, a la sazón adscrito al Batallón Charry Solano. En su declaración, el sargento Garzón Garzón informó sobre el paradero exacto de la fosa común en la que se había encontrado el cadáver de Nydia Erika.
El 26 de julio de 1990 las autoridades exhumaron un cadáver encontrado el 12 de septiembre de 1987 en el municipio de Guayatebal, en el departamento de Cundinamarca. Los exámenes forenses determinaron que el cadáver pertenecía a Nydia Erika Bautista.
Investigaciones disciplinarias El 6 de julio de 1995, el procurador delegado por la Defensa de los Derechos Humanos, Hernando Valencia Villa, expuso las conclusiones de una investigación disciplinaria sobre la «desaparición», tortura y asesinato de Nydia Erika Bautista en 1987, y pidió la expulsión de las fuerzas armadas del brigadier general Álvaro Hernán Velandia Hurtado y de un sargento del ejército.
El procurador delegado concluyó que Velandia, había tenido pleno conocimiento de la detención y «desaparición» de Nydia Erika Bautista por hombres a su mando, y que había tenido el «deber, el poder y la oportunidad de evitar que se produjera este crimen contra la humanidad». El 1 de septiembre de 1995, el procurador delegado para los Derechos Humanos dimitió de su cargo y abandonó el país tras haber recibido repetidas amenazas de muerte.
El 11 de septiembre de 1995, el presidente Ernesto Samper Pizano promulgó el Decreto Núm. 1.504: «Por el cual se separa en forma absoluta de las Fuerzas Militares a un Oficial General del Ejército». El decreto presidencial de expulsión del brigadier general constituye la primera ocasión en la historia de Colombia en que un general en activo es separado de las Fuerzas Militares por cometer violaciones de derechos humanos. En los casos excepcionales en que miembros de las fuerzas armadas son declarados responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones» y torturas, por lo general los sancionados son el personal de rango inferior. Hasta ahora, los jefes responsables de las órdenes han eludido reiteradamente su responsabilidad.
El decreto presidencial se dictó a pesar de los continuos esfuerzos del brigadier general por impedir que se aplicara la resolución del procurador delegado para los Derechos Humanos, tratando de invalidarla. En su intento de impedir la expulsión, el brigadier general Velandia presentó al menos cuatro denuncias criminales, cuatro peticiones de tutela (solicitud que se presenta ante los tribunales para obtener una reparación rápida si creen que los derechos constitucionales del solicitante están en peligro o han sido violados), cuatro apelaciones y dos denuncias disciplinarias contra el fallo del procurador delegado. El 20 de julio de 1997, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauda rechazó un recurso presentado en 1995 por el ex brigadier general Velandia mediante el que trataba de anular el fallo emitido en julio de 1995 por el procurador delegado para los Derechos Humanos, con el fin de garantizar su plena reincorporación al ejército. Los esfuerzos del ex brigadier general por asegurarse su rehabilitación continúan.
El decreto presidencial se dictó después de las presiones ejercidas por organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Sin embargo, la expulsión no tuvo lugar sino después de que el brigadier general hubiera recibido una condecoración militar en una ceremonia celebrada el 4 de agosto de 1995.
Tras la expulsión, miembros de las fuerzas de seguridad presionaron al Congreso para que promoviera la rehabilitación del brigadier general. El 11 de octubre se convocó una sesión plenaria del Congreso para debatir la expulsión del ex general. Durante la sesión, varias personas que acompañaban al ex general distribuyeron dos documentos. En ellos se hacía referencia al trabajo de las organizaciones de derechos humanos como parte de una «guerra jurídica» que «busca el descrédito de la justicia penal militar y del Estado colombiano en el exterior».
Represalias Tras la expulsión del brigadier general Álvaro Hernán Velandia Hurtado se incrementaron las amenazas contra los activistas de derechos humanos. Yanette Bautista, hermana de Nydia Erika y miembro dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos - Colombia ASFADDES, que ha desempeñado un papel destacado en la denuncia de la impunidad en la que se han amparado los responsables de la «desaparición» de Nydia Erika Bautista, recibió numerosas amenazas de muerte; también las recibieron familiares suyos y otros activistas de ASFADDES. En 1997, Yanette Bautista y otros miembros de su familia abandonaron el país a consecuencia de las continuas amenazas y actos de hostigamiento.
Demanda de compensación El 22 de junio de 1995, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió que el Estado colombiano era responsable de la muerte de Nydia Erika Bautista y ordenó que se compensara a sus familiares.
Investigaciones internacionales En 1993, la familia de Nydia Erika presentó el caso de su «desaparición» ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El 27 de octubre de 1995, el Comité concluyó que el Estado colombiano era responsable de la «desaparición» y muerte de Nydia Erika Bautista, y que tras dicha «desaparición» había sido torturada. El Comité instó al Estado colombiano a acelerar los procedimientos penales para garantizar que los responsables del secuestro, tortura y muerte de Nydia Erika fueran procesados y puestos a disposición de la justicia sin dilación.
Investigaciones penales A pesar de las pruebas presentadas por el sargento y de otras pruebas, los avances de las investigaciones penales se han producido con extrema lentitud.
En noviembre de 1995 se nombró competente para llevar a cabo las investigaciones penales a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Bajo la jurisdicción de esta Unidad, las investigaciones penales avanzaron finalmente y dieron lugar, en noviembre de 1996, al arresto de tres oficiales de bajo rango adscritos a la Brigada XXEl Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia «Charry Solano» se convirtió en la Brigada XX..
El 10 de septiembre de 1996, el entonces comandante de la Brigada XX, el coronel Bernardo Ruiz Silva, reclamó la competencia sobre las investigaciones acerca de la «desaparición» de Nydia Erika Bautista. El 2 de diciembre de 1996, la Corte Suprema de Judicatura falló en favor de que la causa se trasladara a la jurisdicción del sistema de justicia penal militar.
Al transferirse la causa a la jurisdicción militar se anuló el anonimato de los testigos que habían prestado declaración ante funcionarios judiciales civiles. A consecuencia de esa medida, aumentó el temor por la seguridad de varios de los testigos. En diciembre de 1996, una testigo, Yolanda Rodríguez, vio a varias personas no identificadas en los alrededores de la casa en la que residía junto a su padre. Por ello, a finales de diciembre de 1996 decidió ocultarse. El 13 de enero de 1997, el padre de Yolanda fue atropellado por un taxi sin matrícula ni permiso de circulación, resultando herido de gravedad. El 15 de mayo, en una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación, Yolanda Rodríguez denunciaba ser objeto de llamadas telefónicas frecuentes y anónimas realizadas a altas horas de la noche. Yolanda Rodríguez había sido amiga de Nydia Erika Bautista y de Cristóbal Triana. Éste último había sido activista del M-19 y «desapareció» el 28 de agosto de 1987, dos días antes que Nydia Erika.
Testigos presionados El 20 de septiembre de 1996, el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón (detenido por otra acusación) se retractó ante el juez de la Brigada XX de las declaraciones que había realizado en 1991 y 1994 ante la Oficina del procurador general y la Fiscalía General de la Nación.
Según los informes, al retractarse de sus anteriores declaraciones, el sargento Garzón Garzón afirmó repetidamente que habían sido falsas. También acusó al entonces procurador delegado para los Derechos Humanos y a funcionarios de la Fiscalía General de obligarle a firmar una declaración que habían preparado y que él no había leído.
El 9 de septiembre de 1997, el sistema de justicia penal militar exoneró al ex brigadier general Velandia y lo excluyó de las investigaciones penales sobre la «desaparición» de Nydia Erika Bautista. El fallo se pronunció a pesar de que las investigaciones penales debían haber sido automáticamente transferidas al sistema de justicia civil tras la decisión de la Corte Constitucional, de agosto de 1997, de excluir de la competencia de los tribunales militares todos los casos de violaciones de derechos humanos. Según las últimas informaciones recibidas por Amnistía Internacional, tras su expulsión, el ex brigadier general Álvaro Velandia Hurtado entró a trabajar como asesor jurídico de los grupos CONVIVIR. Las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, CONVIVIR, se crearon supuestamente como un servicio de información local para las fuerzas de seguridad. Ahora, a los grupos CONVIVIR se les ha dado un nuevo nombre. Amnistía Internacional ha expresado su honda preocupación por el hecho de que estos grupos no estén sometidos a los adecuados controles por parte de las autoridades y por que, consecuentemente, podrían empezar a operar de forma similar a los grupos paramilitares ilegales aliados a las fuerzas de seguridad. Varios de estos grupos han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos. La ONU también ha expresado su honda preocupación ante la creación de los grupos CONVIVIR y ha recomendado la derogación del decreto por el que se crearon.. (1)
Información Personal
NYDIA ERIKA BAUTISTA ARELLANA: era la hija mayor de la familia, un ser humano, madre de familia, hija, hermana, mujer culta, universitaria. Un ser político militante del Movimiento M-19, un ser social que desde sus 19 años trabajó con la comunidad en Bosa los domingos, en la construcción de escuelas y viviendas. Éramos una familia común y corriente que celebraba junta los días de la madre, los cumpleaños y la navidad.
El 26 de mayo de 1986, Nydia Erika había sido detenida por el Ejército en Cali, a donde se había desplazado para protegerse de una serie de desapariciones forzadas y asesinatos de compañeros suyos de militancia, que se venían sucediendo desde 1986 en Bogotá, entre otros la desaparición y asesinato de Augusto Lara y la desaparición del Profesor del SENA Jorge González.
Entonces Nydia fue mantenida incomunicada, durante tres semanas en que las autoridades militares negaron su detención a su abogada. Según su testimonio, durante su incomunicación fue sometida a torturas físicas y síquicas, le tinturaron el cabello y la sacaron para que señalara compañeros suyos en las calles de Cali. Fue dejada en libertad con dos jóvenes ecuatorianos también detenidos con ella, sindicados de pertenecer al grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, quienes fueron deportados a su país. Nydia fue dejada en libertad después de varias gestiones del Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Cali, que la había denunciado como desaparecida.
Un año después, el 30 de agosto de 1987, fue introducida a la fuerza por varios hombres de civil en un Jeep Suzuki gris, mientras pedía auxilio a gritos.(2)
Fuentes:
- 1. AMNESTY INTERNATIONAL España AMR 23/18/1998
- 2. NYDIA ERIKA BAUTISTA: 17 AÑOS DESPUÉS - Yanette Bautista, Fundación Nydia Erika Bautista - http://www.nydia-erika-bautista.org/
