Diego Fernando Escobar Múnera
Fuente: elcolombiano.com
1. Abogado (Institución: Universidad de Medellín)
1. Sin datos - Universidad de Medellín
Hechos
El 22 de abril de 2010 en Medellín, Antioquia, un sicario asesinó a tiros en el barrio Santa Mónica a DIEGO FERNANDO ESCOBAR MÚNERA, 45 años, abogado quien se desempeñaba como Juez Octavo Penal con función de control de garantías, afiliado a la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL JUDICIAL, Seccional Antioquia.
Señala una fuente que: “Un disparo y los gritos de la mamá fue lo primero que escuchó ayer Juan Escobar, cuando aún estaba en su cama. Sobresaltado se incorporó, corrió hacia la calle, levantó a su hermano mal herido y en un vehículo de servicio público lo llevó hasta la Unidad Intermedia de San Javier, donde los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida. La sangre que caía sobre su mano brotaba de la cabeza de Diego Fernando Escobar Múnera, el juez octavo penal del circuito, coordinador de los jueces de circuito de Medellín y uno de los juristas más reconocidos del Palacio de Justicia por su eficacia para descongestionar el sistema. Momentos antes un sicario le había disparado cuando se aprestaba junto a su hermana a abordar un taxi frente a la residencia de la familia en la carrera 92 con calle 35B del barrio Santa Mónica, centro occidente de Medellín. Con una tristeza inocultable que apenas le permitía modular, Juan Escobar recordó que todos los días llevaba a su hermano hasta el sector de La Alpujarra y por la noche lo recogía para traerlo de nuevo a casa, donde vivían con la mamá. Esa rutina no se cumplió ayer por respetar el día sin carro. ‘Si no es así, hasta me hubiera matado a mí’, señaló.
El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, dijo que el juez Escobar Múnera siempre llevó casos de homicidios en una ciudad tan violenta como Medellín y que a pesar de estar expuesto a todas las miradas en las audiencias, salía sin ningún tipo de protección, ‘solamente confiando en que su trabajo lo salvaría porque lo desarrollaba en forma integral, pulcra y honesta’. Aunque expresó que el juez asesinado nunca fue amenazado, lamentó la ‘falta de protección de las autoridades no solo judiciales sino policiales, del alcalde, del gobernador y del Presidente, de quienes por el contrario lo que hemos recibido son ataques’. Denunció que al menos tres jueces y fiscales especializados han sido amenazados en Medellín, y que incluso algunos de ellos han sido agredidos por asistentes a las audiencias.
Diego Fernando Escobar, de 45 años de edad, llevaba 19 años en la rama judicial. Era abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en derecho procesal. Un día después de su graduación fue nombrado juez municipal especializado, cargo que ocupó en Ciudad Bolívar y Sonsón. Desde hace ocho años se desempeñaba como juez penal de circuito y el año pasado estuvo dos meses como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, pero regresó a Medellín. Desde hace cuatro años se desempeñaba además como coordinador de los jueces de circuito. Su hermano lo recuerda como un hombre consagrado a la justicia, tanto que en las noches seguía trabajando en la casa para agilizar los procesos” (1).
Un soldado retirado del Ejército y ocasional obrero de construcción, confesó en el estrado que asesinó a tiros al juez de la República Diego Fernando Escobar Múnera.
Por aceptar los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas en la audiencia de control de garantías, Duván Herley Rodríguez Holguín podrá recibir una rebaja de la mitad de la condena.
El asesinato ocurrió a las 7:40 a.m. del pasado jueves en el barrio Santa Mónica, al centrooccidente de Medellín. El juez Escobar salía de su casa en compañía de su hermana, y cuando ella abordó un taxi, apareció el homicida y le propinó un tiro en el rostro al jurista.
Rodríguez se montó a un bus de servicio público para escapar, pero la información de la ciudadanía guió a los policías hasta el vehículo, el cual fue detenido en el barrio La América.
El matón se había puesto otra camisa y ocultado el arma hechiza calibre 7.65 bajo una silla, pero la descripción del sujeto que hizo la vecindad no dejaba lugar a dudas. Los policías requisaron uno a uno a los pasajeros y después hallaron la pistola, pese a esto el sospechoso tuvo el descaro de decirle a un uniformado: “agente, usted no me ha cogido ningún arma encima“, según los testimonios aportados por la Fiscalía.
La Policía Judicial allanó la casa de Rodríguez en el barrio Aranjuez Palermo de Medellín, y en su habitación encontraron dos pruebas que hicieron estremecer a los jueces y colegas del finado, presentes en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia.
Junto al televisor había un papel manuscrito con el nombre Diego Escobar, la dirección de su casa y despacho, la hora en la cual salía de la casa (7:30 a 8:30 a.m., y el crimen fue a las 7:40) y las características del carro.
También descubrieron una foto de la víctima, la cual le habían tomado mientras ejercía su función, pues el juez octavo penal del circuito aparecía con la toga y hablando por el micrófono de la sala de audiencias.
Cuando Duván Rodríguez aceptó la culpa, pidió además “perdón a Dios y a la familia”. El juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Para la Fiscalía es claro que el imputado actuó “por una remuneración” y amangualado con otras personas. Es importante que haya reconocido su responsabilidad (aunque ya el daño está hecho), pero es fundamental que se sepa toda la verdad de los hechos.
El 23 de abril de este año, el gremio judicial marchó en La Alpujarra para condenar este crimen.
Las autoridades deben establecer quién ordenó la muerte del funcionario público y por qué motivo. Para eso hay un estímulo de 350 millones de pesos como recompensa, para quien ayude a esclarecer la situación.
El actual sistema penal acusatorio, que rige en la jurisprudencia colombiana, no obliga a los procesados a que suministren toda la información. Muchos casos han quedado en una impunidad parcial, porque solo cae tras las rejas el autor material, mientras que los orquestadores del crimen siguen campantes en la calles.
Eso no debe ocurrir ni en este hecho ni en otros (como las famosas chuzadas del DAS, por mencionar alguno). Que haya condena, sí, pero también verdad (2).
Fuentes:
- 1. CINEP / Programa por la Paz - Banco De Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – Noche y Niebla 41 Casos Enero/Junio 2010
- 2. QUE LO CONDENEN, pero que se sepa toda la verdad - www.elcolombiano.com, 25. abr. 2010