Un soldado retirado del Ejército y ocasional obrero de construcción, confesó en el estrado que asesinó a tiros al juez de la República Diego Fernando Escobar Múnera.

ELCOLOMBIANO.COM
abril 25, 2010
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Por aceptar los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas en la audiencia de control de garantías, Duván Herley Rodríguez Holguín podrá recibir una rebaja de la mitad de la condena.

El asesinato ocurrió a las 7:40 a.m. del pasado jueves en el barrio Santa Mónica, al centrooccidente de Medellín. El juez Escobar salía de su casa en compañía de su hermana, y cuando ella abordó un taxi, apareció el homicida y le propinó un tiro en el rostro al jurista.

Rodríguez se montó a un bus de servicio público para escapar, pero la información de la ciudadanía guió a los policías hasta el vehículo, el cual fue detenido en el barrio La América.

El matón se había puesto otra camisa y ocultado el arma hechiza calibre 7.65 bajo una silla, pero la descripción del sujeto que hizo la vecindad no dejaba lugar a dudas. Los policías requisaron uno a uno a los pasajeros y después hallaron la pistola, pese a esto el sospechoso tuvo el descaro de decirle a un uniformado: “agente, usted no me ha cogido ningún arma encima“, según los testimonios aportados por la Fiscalía.

La Policía Judicial allanó la casa de Rodríguez en el barrio Aranjuez Palermo de Medellín, y en su habitación encontraron dos pruebas que hicieron estremecer a los jueces y colegas del finado, presentes en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia.

Junto al televisor había un papel manuscrito con el nombre Diego Escobar, la dirección de su casa y despacho, la hora en la cual salía de la casa (7:30 a 8:30 a.m., y el crimen fue a las 7:40) y las características del carro.

También descubrieron una foto de la víctima, la cual le habían tomado mientras ejercía su función, pues el juez octavo penal del circuito aparecía con la toga y hablando por el micrófono de la sala de audiencias.

Cuando Duván Rodríguez aceptó la culpa, pidió además “perdón a Dios y a la familia”. El juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Para la Fiscalía es claro que el imputado actuó “por una remuneración” y amangualado con otras personas. Es importante que haya reconocido su responsabilidad (aunque ya el daño está hecho), pero es fundamental que se sepa toda la verdad de los hechos.

Las autoridades deben establecer quién ordenó la muerte del funcionario público y por qué motivo. Para eso hay un estímulo de 350 millones de pesos como recompensa, para quien ayude a esclarecer la situación.

El actual sistema penal acusatorio, que rige en la jurisprudencia colombiana, no obliga a los procesados a que suministren toda la información. Muchos casos han quedado en una impunidad parcial, porque solo cae tras las rejas el autor material, mientras que los orquestadores del crimen siguen campantes en la calles.

Eso no debe ocurrir ni en este hecho ni en otros (como las famosas chuzadas del DAS, por mencionar alguno). Que haya condena, sí, pero también verdad.