Yolanda Yamile Izquierdo Berrío
Fuente:
1. Campesina
1. Defensor de Derechos Humanos - Sin Datos
2. Líder comunitario -
3. Líder de restitución de tierras -
Hechos
El 31 de enero de 2007 en Montería, Córdoba, los paramilitares “desmovilizados” del Bloque Norte de las Autodefensas de las AUC Álvaro Augusto Murillo Montes, alias “El Brita” o “El Muchacho” y Víctor Alfonso Rojas Valencia, alias “Jagüi”, bajo las ordenes de Ignacio Roldan alias “Mono leche”, ejecutaron a la líder comunitaria YOLANDA YAMILE IZQUIERDO BERRÍO e hirieron a su compañero sentimental Francisco Torreglosa Quintana en hechos presentados en el barrio Mi Ranchito de la Comuna 1 de la margen izquierda del río Sinú, a eso de las 5:00 p.m.
Señalan las fuentes que Yolanda Izquierdo se desempeñó como una líder comunitaria desde mediados de los años 80 en donde se caracterizó por promover procesos de recuperación de tierras, personalidad que fue capitalizada por Fidel, Carlos y Vicente Castaño (fundadores de las AUC y el último de las Águilas Negras), creadores de la Fundación Para La Paz de Córdoba (FUNPAZCORD), con la que dieron a conocer una supuesta entrega de tierras a 800 familias de ese departamento, lo que les permitió tanto a los paramilitares citados como a los directivos de esta fundación, ser beneficiarios de miles de millones de pesos que el Estado trasladó para las familias “beneficiadas”. El año 2000 fueron despojadas de la propiedad de sus tierras bajo amenazas, por los miembros de Funpazcord y paramilitares de las AUC, con tales hechos los principales beneficiarios que se conozcan fueron Salvatore Mancuso, los esposos Diego Sierra y Gabriela Inés Henao (apropiados entre otros de la finca Santa Paula, ganaderos y testaferros de Salvatore Mancuso), Remberto Alvarez (concejal de Montería), Manuel Causil Díaz (testaferro de Mancuso) y Sor Teresa Gómez (testaferra y suegra de alias “Monoleche”).
Ante la “desmovilización” de los paramilitares y el “sometimiento” de los mismos a las justicia, algunas víctimas se vieron motivadas a adelantar procesos de reparación enmarcados en la ley de “Justicia y Paz”, por lo que Yolanda, ayudó a organizar a unas 650 familias de las que fueron expropiadas por los paramilitares y testaferros citados en procura de la recuperación de sus tierras. El día 22 de noviembre de 2006 entregó al jefe de Policía Judicial de la unidad de Justicia y Paz, Francisco Forero, documentos, registros y formularios de los hechos antes citados que demostraba que habían sido víctimas del paramilitarismo y de esta forma le abría la posibilidad de intervenir en las audiencias de versión libre de los jefes paramilitares. Es así como hizo presencia en la primera versión libre que rindió Salvatore Mancuso en diciembre de 2006, desde ese momento se conoció en la ciudad de Medellín que se había pagado una fuerte suma de dinero por la muerte de la líder, información que llegó a ella y la denunció el día 22 de diciembre ante la Fiscalía General de la Nación.
A principios del mes de enero del presente año fueron evidentes los seguimientos que paramilitares realizaban a los desplazamientos de la víctima y la vigilancia en su vivienda. Tal situación generó zozobra en Yolanda al punto que en varias ocasiones envió a sus hijos e hijas a las viviendas de amigos y vecinos. El 12 de enero, tres días antes de la segunda versión libre de Salvatore Mancuso, Sor Teresa Gómez citó a los desplazados, en la Notaría Tercera de Montería, en donde pretendía que los campesinos firmaran un documento en la que aceptaban que habían vendido voluntaria y legalmente las parcelas, en esa misma reunión estuvieron Diego Sierra, Gabriela Henao y Manuel Causil Díaz. Un día después de la versión libre de Mancuso, Yolanda volvió a denunciar sus amenazas ante la Fiscalía 13. Al día siguiente Sor Teresa volvió a citar a los campesinos, en esta ocasión el la finca Santa Paula, pero de nuevo los campesinos se negaron a firmar el documento. Después de las negativas de los desplazados, las amenazas arreciaron contra Yolanda, denuncias que volvió a instaurar ante el DAS, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación los días 25 y 29 de enero un día antes de su muerte, sin embargo ante las denuncias del inminente asesinato de Yolanda, ningún organismo del Estado asumió su responsabilidad de protegerla, situación que se agrava teniendo en cuenta que como víctima existe una mayor obligación de Estado en restituir sus derechos violados y como habitante de una ciudad que como Montería en donde es evidente el control paramilitar en todos los estamentos de la sociedad.
Fuentes:
- 1. CINEP Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – Noche y Niebla 34-35 Casos Enero-Junio 2007
