A mediados de enero las sentencias de muerte la asediaron más seguido. Y extraños comenzaron a merodear por el Lote 2 de Mi Ranchito, un barrio popular de Montería donde Yolanda Izquierdo había encontrado abrigo para ella y sus cinco hijos.

eltiempo.com
4 de febrero de 2007
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Sintió miedo por ellos y durante varias noches hizo que se llevaran a dormir a otros lados a los más pequeños, de 7, 11 y 12 años. Ella también durmió tres veces en casas ajenas para sacarle el cuerpo a la muerte que le estaban anunciando.

La sentía tan cerca, que los últimos días trancaba la puerta a las 6 de la tarde y no permitía siquiera que alguno de sus niños se asomara a la ventana.

“Pasaba gente extraña y mi mamá se daba cuenta, estaba muy asustada. Yo le había pedido que se fuera”, cuenta Dina, la segunda, que a sus 15 años se convirtió en su secretaria, su acompañante y hasta su confidente en el proceso de recuperación de las parcelas que los paramilitares les arrebataron a ella y a al menos otros 700 campesinos.

A esa batalla le pusieron fin seis tiros el pasado miércoles, cuando Yolanda rallaba coco para la comida de la tarde en el portón de su casa.

La alerta de Francisco Torreglosa, su esposo, y quien la acompañaba, llegó tarde. “Corre que te van a matar”, le gritó, pero el sicario en moto no le dio tiempo. La más pequeña de las niñas, que a esa hora andaba por el patio de tierra frente a la casa, está incontrolable, cuenta Dina.

‘Esto se va a poner caliente’ Una hora antes, Yolanda había visitado a una de sus hermanas. La mañana había sido tan ajetreada como los días que vivía desde septiembre, cuando la Defensoría del Pueblo le renovó la ilusión de recuperar el pedazo de tierra que en 1991 le escrituró Fidel Castaño Gil.

Incluso, al mediodía había recibido el documento del Incoder que les permitía a ella y a los campesinos blindarse contra un nuevo despojo de las parcelas de Leticia, Santa Paula, Cedro Cocido, Paraguay, Las Tangas, Santa Mónica y Pasto Revuelto.

En diciembre, cuando le dijeron a Yolanda que “el asunto estaba caliente” y que en Medellín habían dado buena plata para matarla, ella dejó constancia en la Fiscalía.

El 22 de ese mes, y luego el 16 de enero, el 25 y el 29 tocó puertas en el DAS, la Defensoría y la Procuraduría pidiendo que la protegieran.

Su impotencia tocó un punto tan alto que dos días antes de que la mataran lloró ante una funcionaria de la Fiscalía 13 de Montería mientras le pedía que hicieran algo por ella y Manuel Argel, el campesino que la acompañó a las versiones libres del ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso. Pero la respuesta fue: “No puedo hacer nada, vuelva el viernes”, según un testigo.

Denunciantes ante la Fiscalía señalaron del crimen a Sor Teresa Gómez, que fue dirigente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), la ONG que creó Fidel Castaño para repartir 10.000 hectáreas entre 2.500 campesinos. La mujer sigue sin responder llamadas.

También mencionaron a Remberto Álvarez, concejal de Montería. Él niega cualquier relación con el asesinato y se declara conmovido por la muerte de Yolanda (ver Ella era mi amiga).

‘‘Por lo ocurrido a doña Yolanda, dudo de que la gente le cuente algo. El tema es tan delicado, que es reacia a hablar porque lo que hay de por medio es plomo”.

Parcelero cordobés al preguntársele por el lío de tierras.

‘HAGA ALGO’.

‘‘Hombre, doctora, cómo es posible que no puedan hacer nada si nos van a matar… por favor hagan algo por nosotros”.

Yolanda Yamile Izquierdo, en la Fiscalía 13 de Montería.

‘ ELLA ERA MI AMIGA’.

Testimonios señalan a Remberto Álvarez, concejal de Montería, como una de las personas que habría presionado a campesinos a firmar documentos que les impediría reclamar sus parcelas.

“Son acusaciones políticas. Ella fue compañera de parcela, era gran amiga, gran persona. Duele lo que ha pasado. Es un hecho muy desastroso”.

Álvarez, que hizo parte de la junta directiva de Funpazcor, dice que habló con ella en diciembre y la veía regularmente en el parque. No obstante, jamás le contó de las amenazas. “Me contó que estaban reclamando las tierras y yo le dije que yo no me metía en eso porque yo vendí muy bien mi parcela hace tres años y nunca me presionaron”.

El concejal también desmintió haber acompañado a Yolanda a la sede de Asomcaribe, la ONG en la que al parecer estaban citando a los campesinos a una reunión con Sor Teresa Gómez, para firmar un documento en que aseguraban no haber sido presionados para vender las tierras (vea facsímil).

“(…) vendí mi predio el cual fue segregado de la hacienda Santa Paula…a la señora GABRIELA INÉS HENAO MONTOYA…En forma libre y espontánea sin ningún tipo de coacción…”, decía el documento que debían firmar los parceleros.