Jose Céspedes
Fuente:
1. Campesino
Hechos
Masacre: POTOSÍ 02-Nov-03
Víctimas en estos hechos: 7 (Asesinadas: 4- Desaparecidas: 3)
Entre el 2 y 6 de noviembre de 2003 en Cajamarca, Tolima, paramilitares bajo la etiqueta de “Bloque Tolima de las AUC”, acompañados de tropas adscritas a la Brigada 6 del ejército arribaron a la vereda Potosí del corregimiento Anaime y llevaron por la fuerza a un número indeterminado de campesinos. JHON JAIRO IGLESIAS, WILSON QUINTERO y GUILLERMO DIAZ fueron llevados por la fuerza de la vereda Potosí del corregimiento Anaime, el 2 de Noviembre. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ, GERMÁN BERNAL VAQUERO y RICARDO ESPEJO, quien era fiscal del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, Sintragritol, seccional Cajamarca, fueron desaparecidos el 6 de Noviembre. Los campesinos fueron sacados de sus residencias y tras amarrarles las manos, los llevaron con rumbo desconocido. Los cadáveres descuartizados y con impactos de bala de cuatro de las víctimas fueron hallados posteriormente en una fosa común de la finca La Florida en la vereda Potosí, siendo reconocidos Marco Antonio, Germán, José y Ricardo.
Varias de las víctimas están relacionadas con personas que en agosto de 2003, en desarrollo de la operación Pijao, fueron detenidos “por la policía y la Fiscalía por su supuesta colaboración con la guerrilla. Dicha situación hace que algunos habitantes de la región manifiesten que tras la detención, ellos y sus familias quedaron señalados y hoy se paga el precio de tal señalamiento, pese a que se había solicitado protección especial desde hace varios meses”.
Según la denuncia: “El Gobernador del Tolima confirmó que se tiene reportada la desaparición de otro hombre, por la misma fecha (2 de Noviembre) de quienes ya aparecieron muertos. Se trata de Guillermo Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Leona. Sin embargo, podrían ser más los desaparecidos en el Cañón de Anaime, pues aunque no se tiene denuncias oficiales, se rumora que de por lo menos otras cinco personas no se tiene razón hace varios días”.
El Defensor Regional del Pueblo denunció que: “Hay unas declaraciones y una denuncia en la que se señala a las autodefensas del Bloque Tolima, pero algunas declaraciones han señalado que miembros del Ejército Nacional habrían participado en las retenciones de las personas. Al respecto se conoció que hombres que vestían uniforme camuflado y que estuvieron con los desaparecidos antes de su muerte, tenían en sus hombros insignias militares que los relacionaban con un batallón asentado en el Tolima”.
Los hechos, causaron el desplazamiento forzado de “por lo menos 20 familias que huían de la zona por temor de lo que pudiera pasar, pues ahora se sienten mas estigmatizados que nunca, los hombres asesinados tienen relación directa con quienes estuvieron detenidos sindicados de colaborar con la guerrilla; es decir, son familiares de quienes en agosto de 2003 en desarrollo de la operación Pijao fueron detenidos por la Policía y la Fiscalía por su supuesta colaboración con la guerrilla. Dicha situación hace que algunos habitantes de la región manifiesten que tras la detención, ellos y sus familias quedaron señalados y hoy se paga el precio de tal señalamiento, pese a que se había solicitado protección especial desde hace varios meses”.
El 22 de agosto de 2003, en desarrollo de la Operación Pijao realizada por aproximadamente 600 miembros de la Policía Nacional, 37 personas fueron detenidas arbitrariamente en el corregimiento Anaime (Cajamarca) y los municipios de Coello e Ibagué. Entre las víctimas sindicadas por el delito de rebelión, fueron detenidos el sacerdote Carlos Alvis; Guillermo Rodríguez, gerente de una cooperativa de transportadores y candidato a la Alcaldía por el Polo Democrático; Amparo Arciniegas, secretaria de Sintragritol; Gladys Gómez, educadora; así como varias mujeres amas de casa, comerciantes, empleados y campesinos de éstos lugares ya mencionados.
Indica la fuente que: “La mayor parte de los detenidos salieron en libertad”, entre ellos el campesino Marco Antonio Rodríguez Moreno, tendero de 63 años, quien es una de las víctimas de desaparición, tortura y ejecución realizada por efectivos del Ejército Nacional y los paramilitares, durante los hechos perpetrados el 2 de Noviembre pasado en la vereda Potosí.
Además: “El Defensor del Pueblo del Tolima (...), manifestó que el operativo se llevó a cabo sin contar con la presencia de representantes del Ministerio Público, específicamente de la Procuraduría, tal y como debe hacerse en una labor que incluya allanamientos y en la que se pretendía la captura de tan alto número de personas”.
Es de anotar también que: “A los detenidos antes de la captura, agentes de la policía los estuvieron visitando, les pidieron las cédulas y tomaron fotografías en varias cuadras y les informaban que era para brindarles empleo”.
Habitantes de la región denunciaron: “Las actuaciones irregulares de parte de las tropas de la sexta brigada del Ejército Nacional, que de día estaban con el uniforme y las armas de la república y en la noche portan los mismos elementos pero con el brazalete de los grupos paramilitares (AUC). Los campesinos agregaron que el control de este sector es del ejército nacional al mando de la sexta brigada de Ibagué, desde las detenciones masivas y arbitrarias que realizaron el 22 de agosto de 2003 y piden que se tomen las medidas pertinentes, pues esta región es de gente trabajadora, honesta y honrada”.
Concluye la denuncia: “En un comunicado enviado por la CUT Tolima, Sintragritol, Simatol, Anthoc Tolima, la Uneb y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, estas organizaciones responsabilizan al Estado colombiano por incumplir con su obligación de velar por la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. La zona donde ocurrieron los hechos ha estado y está actualmente militarizada y controlada por el Ejército Nacional. Durante dicho periodo de permanencia del Ejército, las tropas establecieron un retén en la vía de acceso a Potosí y demás veredas, sometiendo a minuciosas requisas a todos los transeúntes que entraban y salían, registrando sus nombres y documento de identidad en un cuaderno al igual que realizó un censo de la población inquiriendo por las actividades diarias, sitios de vivienda de los pobladores de la región, tiempo de estadía en la zona, etc. Levantando una sospechosa base de datos y para rematar amenazaban a la población diciéndoles que no se preocuparan mientras ellos estuvieran en la zona, que se preocuparan cuando ellos se retiraran y llegaran los otros…¿? Haciendo alusión indirecta a los paramilitares”
Fuentes:
- 1. CINEP & JUSTICIA Y PAZ Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - Noche y Niebla 28 Julio/Diciembre 2003