COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, D.C Marzo 10 de 2005
http://www.prensarural.org/jyp20050310.htm.

Uno tras otro caso suman más de 70. Pueden ser más. El silencio generando por el terror, la destrucción de organizaciones comunitarias y sociales por las estructuras criminales institucionales y parainstitucionales, los silencios generados por la violencia sociopolítica generalizada, invisibiliza la palabra, la verdad, niega el derecho a la justicia, a la reparación integral y a la prevención de nuevos crímenes de Estado.

Pocos días, después de la masacre de San José de Apartado en el Meta, dos nuevos campesinos eran ejecutados, asesinados, inermes por miembros del ejército colombiano adscritos al Batallón 21 Vargas, VII Brigada.

Es una realidad innegable. Aunque el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe haya dicho en días pasados a través de Caracol Radio que algo que lo desvela es la verdad, para referirse a algunos casos, entre ellos el de la Comunidad de Paz, en los que existen versiones de la responsabilidad del Ejército, y a la vez expresa que confía en la honorabilidad de las Fuerzas Militares, la realidad es innegable: el Estado colombiano en desarrollo de las políticas de seguridad continúa asesinando sin fórmula de juicio, de modo sumario, en estado de indefensión.

Estas muertes, las que abajo se escriben son la consecuencia inhumana, aunque lógica, de una política que se sostiene sobre la concepción de un enemigo interno, identificado por supuesto en la población civil, a quien por vivir en zonas de conflicto armado, a quien por afirmar su derecho a vivir sin ser involucrado en políticas armadas, a quien por defender sus territorios frente a proyectos agroindustriales u obras de infraestructura aseguradas en ejércitos regulares o irregulares se le interpreta como aliado del terrorismo

Hoy el propio presidente Uribe, a W Radio expresó que la presencia militar se hará en las Comunidades de Paz, desconociendo los derechos de los habitantes, de los campesinos mestizos, afrodescendientes, indígenas a sus propios territorios, a sus propiedades familiares. Desconociendo el derecho a vivir en sus propias parcelas, propiedades propias familiares o colectivas en formas de asociación, de ejercicios de derechos civiles y políticos.

Se oculta, se miente, se niega. Los problemas de fondo continúan siendo en los efectos negativos de una política de seguridad que asegura la vida de unos negándola a la mayoría, una política que tiene como epicentro la población, a la cual o se le usa para el poder absoluto de la patria y si ésta se niega a ser un instrumento se le demoniza, se le persigue, se le ataca. La militarización de la cotidianidad de las comunidades que afirman su no participación en ningún tipo de violencia o estrategia militar pretende desconocer el problema de la impunidad en crímenes de lesa humanidad, la que recae en la responsabilidad de agentes estatales que han constituido una estrategia criminal encubierta.

La imposición militar niega el derecho a la paz con dignidad para todos, constriñe el derecho sagrado de conciencia de no obrar en contra de las decisiones profundas éticas y razonables a la luz de la humanidad. El ordenamiento militarista es la absolutización de la suspensión de todos los derechos, muchos de ellos consagrado en el Derecho Internacional, como el de la distinción, el no ser involucrados en el conflicto armado.

La actitud del presidente Uribe no es nueva con la población que afirma sus derechos en medio de la guerra. Lo mismo sucedió en el Cauca con los indígenas Paeces, en dos ocasiones, y con todas las iniciativas de la población civil que en Colombia no desean ser parte de la guerra. El presidente Uribe desvía la atención. No se trata de la negación del deber del Estado de brindar protección y seguridad o de la existencia de territorios vedados como aseveran el mandatario y el ministro de Defensa. Lo que está detrás en el cuestionamiento ético, jurídico y político de las comunidades es que la seguridad a la que se refiere el mandatario es la sustentada en las violaciones de derechos humanos, en la impunidad. No es la seguridad cimentada sobre la base de la justicia, del respeto a los derechos humanos, de desarticulación total y efectiva de los nexos entre militares y paramilitares, del respeto y acatamiento a las directrices internacionales sobre los derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y a la no repetición. No es la protección integral sobre la vida y los territorios. Lo que pretende legitimarse ahora es el uso de una violencia oficial, que se ha hecho ilegítima e ilegal en las comunidades, uso de la fuerza desproporcionado e irregular que el Gobierno no quiere reconocer. Se trata de una decisión de guerra injusta contra la población civil, contra los más débiles, amparando a quien ha usado de la fuerza para destruir y apropiarse de las tierras y de los territorios, protegiendo la privatización de los territorios y la extirpación de cualquier alternativa al modelo de mercado privatizador excluyente.

El presidente Uribe focaliza la guerra contra el ”terrorismo” en la población, que objeta, que se niega a ser parte de una guerra inequitativa, profundamente inhumana porque se dirige contra el más débil. Hoy las comunidades de Antioquia y del Bajo Atrato que afirman integralmente sus derechos, a través de expresiones no violentas, que objetan modelos de sociedad antidemocráticos, están a merced de una nueva fase de la militarización, en la que se pretende imponer un modelo de sociedad comunitario donde lo civil es lo militar, donde el silencio y la impunidad son la base para un progreso y una producción acoplada al modelo de mercado.

El salvamento de cuerpo frente a los crímenes, la protección per se de la institucionalidad se genera desde el Palacio de Nariño. Se imprime una sobrevaloración de los medios de la fuerza, se invoca el pragmatismo político de la cruzada antiterrorista para ocultar. Estamos en los nuevos pasos del autoritarismo vigente, de la razón ante la sin razón, de los mínimos de humanidad a los desafueros. El derecho existe sólo como eficacia simbólica para acusar a las víctimas, para encarcelarlas o enjuiciarlas a través de montajes judiciales, en algunas ocasiones para penalizar formalmente a algunos militares, que luego escapan de las guarniciones militares, nunca se llega a los mandos, a los autores intelectuales, a quienes ordenaron los operativos de cacerías humanas. El Derecho se usa como simbolismo del Estado para imponer las decisiones de la fuerza.

Los asesinatos de campesinos mestizos, de indígenas o de afrodescendientes, de habitantes urbanos o de miembros de la oposición política, en los que hay serias pruebas de la responsabilidad estatal, en la lógica de la solidaridad de cuerpo es un simple error militar. O en los boletines de las Brigadas se expresa que se trató de asesinados en combates, cuando las víctimas estaban indefensas, eran civiles a los que se les cambió su identidad vistiéndolos con camuflados. En la oficialidad ante la verdad real de los testigos y de las familias de las víctimas, se afirma a pesar de toda sensatez, que existe absoluta confianza en los agentes estatales. Y cuando se va desmoronando la falsedad institucional, se guarda silencio, los medios de información ya no dicen, se hacen mudos, como réplica a la arbitrariedad institucional, y los testigos son amenazados, las familias perseguidas, nadie puede hablar, ni exigir justicia.

Y luego en el ritual fúnebre del Estado, se construyen los montajes, las falsas pruebas para exculparse, para transferir a otros los crímenes de Estado. O en el interregno, mientras el cínico pretende hacer creíble su falsedad, culpabiliza a las comunidades, a las víctimas, a los defensores de derechos humanos de los crímenes o de la impunidad. O simplemente se dice, entre pasillos oficiales, lo sucedido era esperable. Ellos –los civiles–, los que no comparten la política de seguridad, es decir, los que no se pliegan a propuestas que los involucran en la guerra, son guerrilleros o terroristas. Mientras tanto, en la sombras de dudas generadas sobre las convicciones profundas de las víctimas, sobre los intentos de justificación del crimen para hacerlos ver como crímenes justificables, se militarizan más los territorios en estrategias combinadas de lo militar regular e irregular, avanzan detrás los poseedores ilegales e ilegítimos de las tierras, el progreso, el desarrollo inundado de inmundicia, de mentira, de crimen, carroña de esta sociedad de mercadeo.

En los más de 70 casos que abajo se registran, las víctimas son presentadas en boletines oficiales, en ruedas de prensa de altos mandos militares o de agentes de seguridad del Estado como guerrilleros muertos en combate o dentro del espejismo que logra cautivar a incautos o mentes engañadas o a los ciegos que ven porque saben de lo que se trata, de civiles que pasan como miembros de las autodefensas. Se gana por partida doble, se inflan las cifras de combates a irregulares y se encubre el crimen de Estado.

Si hoy algo muestran los casos, recogidos por organismos humanitarios nacionales y algunas instancias de control estatal e incluso de agentes del Gobierno que no hablan por conservar sus puestos, es que existe una práctica militar sustentada en la política de seguridad actual, que es maniquea. Sólo si estás conmigo es posible que vivas, así se esté condenado al infierno de nueva esclavitud económica, al silencio, a la convivencia con el victimario que se hace señor por la soberbia de su poder y la arrogancia de la barbarie. O decides ser de la red de informantes, o de la red de cooperantes o soldado de mi pueblo, o falso acusador o eres blanco militar. O decides el camino del progreso excluyente o eres desterrado, eres encarcelado, eres muerto.

Más de 70 casos. Faltan muchísimos más en Arauca, en Cauca, en Putumayo, en el Meta, en Antioquia, en la Guajira, en el Chocó, en Nariño, crímenes de Estado, crímenes de brigadas militares, a lo largo y ancho del país, crímenes para no olvidar, por lo cuales llorar, por los cuales exigir Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Crímenes que han pasado por el ritual del asesinato en estado total de indefensión. Crímenes que se hacen legales con modificaciones del escenario del crimen. Crímenes que luego se justifican falsa y cínicamente en lo político, lo judicial, lo social y lo mediático. Crímenes de niños, de madres embarazadas, de campesinos, de negros y de indios. Crímenes por los que hay que hablar, indignarse y exigir.

Sigue listado de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por Fuerzas Militares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

texto completo en http://www.prensarural.org/jyp20050310.htm.