SAN JOSÉ DE APARTADÓ 07-Sep-96
Hechos
Víctimas en estos hechos:4 (Asesinadas: 4 - Desaparecidas: 0)
El 7 de septiembre de 1996 en Apartadó, Antioquia, efectivos del Batallón Contraguerrillas No. 35, acompañados por una mujer, al parecer desertora de las FARC, incursionaron a las 2.30 a.m., en el casco urbano de San José de Apartadó, donde sacaron de sus casas a JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ ALMANZA, de 32 años, miembro de la Asociación de Parceleros de Urabá –ASOPAUR- y negociador del éxodo campesino que se había tomado el coliseo de Apartadó desde el 18 de junio al 5 de julio; GUSTAVO DE JESÚS LOAIZA HINCAPIÉ, de 51 años, concejal suplente del asesinado fundador de San José, Bartolomé Cataño, por la Unión Patriótica; SAMUEL ARIAS RAMÍREZ, de 56 años, gerente de la Cooperativa Balsamar, uno de los proyectos de intensa participación comunitaria, y MARÍA EUGENIA SILVA ÚSUGA, de 19 años y con 4 meses de embarazo, responsable del Comité Ecológico de la Junta de Acción Comunal, y los asesinaron en la calle.
Relata la fuente: “El 19 de septiembre de 1996, la Dra. Luz Miriam Londoño Muñoz, Procuradora Provincial Encargada de Apartadó, radicó en la Procuraduría General de la Nación (radic. de correspondencia 166063) un In forme dirigido al Procurador General Luis Eduardo Montoya Medina, en el que le hace conocer los hechos sucedidos en el corregimiento de San José de Apartadó el 7 de septiembre de 1996 a las 03.00 horas. En el lugar de los hechos, dicha funcionaria recibió testimonios según los cuales al amanecer habían sido asesinados JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ ALMANZA, de 32 años, miembro de la Asociación de Parceleros de Urabá –ASOPAUR- y negociador del éxodo campesino que se había tomado el coliseo de Apartadó desde el 18 de junio al 5 de julio; GUSTAVO DE JESÚS LOAIZA HINCAPIÉ, de 51 años, concejal suplente del asesinado fundador de San José, Bartolomé Cataño, por la Unión Patriótica; SAMUEL ARIAS RAMÍREZ, de 56 años, gerente de la Cooperativa Balsamar, uno de los proyectos de intensa participación comunitaria, y MARÍA EUGENIA SILVA ÚSUGA, de 19 años y con 4 meses de embarazo, responsable del Comité Ecológico de la Junta de Acción Comunal. La Procuradora dejó constancia de la desconfianza que demostró la población hacia la misma administración de justicia y también de las confidencias que le hicieron en el sentido de que los victimarios llevaban uniformes militares que identificaron como del Batallón No. 35 de Contraguerrilla adscrito a la XVII Brigada. La COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS, que se trasladó precipitadamente al caserío al tener noticia de esta masacre, dejó esta constancia en su INFORME: “El 7 de septiembre, a las 2.30 a.m., de acuerdo con la queja recibida, efectivos del Batallón Contraguerrillas No. 35, acompañados por una mujer, al parecer desertora de las FARC, incursionaron en el casco urbano de San José de Apartadó, donde sacaron de sus casas a (nombres coincidentes) y los asesinaron en la calle” (pg. 12) (...) “Estas personas habían participado activamente en la movilización campesina del mes de junio y colaboraron con la Comisión de Verificación para su recorrido hasta La Resbalosa. Además, dos de ellas habían formulado quejas contra miembros del Ejército Nacional ante el Comandante de la XVII Brigada”.(pg. 8).
En el expediente que el Procurador General abrió contra el General Rito Alejo del Río por estos hechos (Rad. 001-14956), se registran las acusaciones de los pobladores que señalaron a los militares como autores directos de la masacre o al menos como cómplices de los paramilitares. Se registra también la presencia en la zona de tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 35, en sus unidades “Esparta 5” y “Esparta 6”, así como de tropas del Batallón No. 47 “Vélez”, en sus unidades “Brasil 2” y “Camerún 3”, al mando del Capitán JORGE ENRIQUE BOHÓRQUEZ CUBILLOS, del Teniente JULIO CÉSAR BERNAL ECHEVERRI, del Teniente ROLANDO GARCÍA NIETO y del Subteniente NÉSTOR RODRÍGUEZ VALENCIA. Particularmente la Contraguerrilla “Esparta 6”, al mando del Capitán Bohóquez Cubillos, estaba en un cerro aledaño al corregimiento de San José. Sin embargo, el Procurador General fallador, Dr. JAIME BERNAL CUELLAR, optó, como ya es rutinario en los despachos disciplinarios, por darle credibilidad a las versiones de los victimarios y no dársela a las versiones de las víctimas, y en este caso tampoco a los conceptos de la Procuradora Provincial y de la Comisión Verificadora, decretando el “archivo definitivo” del caso el 14 de diciembre de 1999” (1).
Las víctimas eran militantes de la Unión Patriótica (2).
Fuentes:
- 1-CINEP San José de Apartadó - La otra versión
- 2-ROBERTO ROMERO OSPINA Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido