CONSTANCIA 090507

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
BUENAVENTURA
Miércoles 9 de mayo de 2007
http://justiciaypazcolombia.com/Violencia-Socio-Politica

Por tercera ocasión, nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante la serie de Crímenes a la vida, a la integridad personal cometidos bajo estrategias de tipo paramilitar en coincidencia con pretensiones de posesión territorial para obras de infraestructura, control de tráfico de drogas.

Bogotá, D.C. Mayo 9 de 2007

Doctor FRANCISCO SANTOS VicePresidente de la República

Doctor CARLOS HOLGUÍN SARDI Ministro del Interior

Doctor FERNANDO ARAUJO Ministro de Relaciones Exteriores

Doctor EDGARDO MAYA VILLAZON Procurador General de la Nación

Doctor VOLMAR PEREZ Defensor Nacional del Pueblo

Doctor MARIO IGUARAN ARANA Fiscal General de la Nación

Ref: Violencia Socio Política, Violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Humanitario

(…) Son mayores los presupuestos que se invierten en armas, en vigilancia, en fronteras, en resguardos, en alambradas, en cerraduras, en muros, que los que se emplean en corresponder al poder creador del ingenio humano humanizado.

El pobre nada cuida porque lleva en sí mismo su única riqueza inapreciable. El rico que ha vendido su persona al dios oro, consume sus días y sus noches en custodiar desafiando y amenazando con más y mayores rapiñas. Dejad a los marginados negociar la integración del continente y no se necesitarán ni costosos viáticos, ni encarnizadas discusiones, ni majestuosas ceremonias para firmar los tratados.

Dejad a los marginados, indios, negros, campesinos, obreros y los más humildes, estudiantes encarcelados… dejadlos a ellos, discutir ellos, programar ellos la integración, y veréis que no fijarán plazos ni de diez ni de cinco ni de quizá menos años. Al pobre le interesa vivir, no le importa ganar. Gerardo Valencia Cano 1970
Por tercera ocasión, nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante la serie de Crímenes a la vida, a la integridad personal cometidos bajo estrategias de tipo paramilitar en coincidencia con pretensiones de posesión territorial para obras de infraestructura, control de tráfico de drogas.

Las operaciones se han realizado bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP, infortunadamente, las que se han producido con violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que comprometen la responsabilidad del Estado por acción u omisión. Los jóvenes afrodescendientes han sido blanco permanente de agresiones, de señalamientos y de actuaciones desbordadas y desproporcionadas. Los habitantes de muchos barrios han sido estigmatizados como apoyos o auxiliares de la guerrilla de las FARC EP, quienes además de llevar a cuesta tales falsas afirmaciones sufren el control desproporcionado sobre sus vidas

Testigos de muchos de estos crímenes, cuando no víctimas, han observado la coincidencia de operaciones de tipo paramilitar previa presencia de la fuerza pública, se les ha visto en operaciones conjuntas a estructuras de “civiles” armados con estructuras estatales.

El control económico se ha establecido en la ciudad de Buenaventura en diversas etapas en año y medio. Una primera fase con la imposición de nuevos precios y proveedores de alimentos ejercido por los paramilitares que operan en las diferentes plazas de mercado. Posteriormente se ha extendido a las tiendas ubicadas en los barrios con la extorsión a comerciantes, tenderos, vendedores ambulantes, el control monetario.

El control social a la movilidad y habitación se realiza con el establecimiento de plazos de tiempo para la permanencia de las personas o las amenazas de muerte. Sujetos que provienen de otros lugares del departamento del Valle del Cauca y otros departamentos reciben amenazas de muerte o un tiempo limitado para su permanencia. La constante presencia de paramilitares en las diversas dinámicas de organización de las comunidades, juntas de acción comunal, de consejos, de los diferentes comités, impide el libre derecho de la organización comunitaria. La presión paramilitar a los jóvenes se traduce en control sobre instituciones educativas, a la salida de las jornadas de estudio son objeto de seguimientos, de interrogatorios forzosos sobre la vida barrial, sobre la guerrilla, con posterioridad son amenazados, lo que obliga luego a desplazamientos gota a gota.

Existen casos tan escandalosos, que sus víctimas por el terror interiorizado, exigieron conservar la reserva de su nombre, como las requisas conjuntas de la Fuerza Pública con paramilitares. Sacan a los habitantes de sus casas, en especial a jóvenes, algunos paramilitares se encapuchan, los trasladan a instituciones estatales, los registran, les toman fotografías y tiempo los dejan ir. Muchas de las operaciones son discriminatorias, a los jóvenes luego de sacarlos a los andenes, de reseñarlos a pesar de mostrar sus documentos, las unidades militares expresa: “no estamos aquí para cuidar negros”, y deciden retener a los afrodescendientes mientras dejan en tranquilidad a los blancos o mestizos.

Las estrategias de control social y económico de corto plazo parecen asociarse a estrategias de largo plazo. Los barrios con salida al mar en los que se desarrollan intensivamente operaciones militares coinciden con las proyección de sistemas de interconexión como Muro Yusty, Bajo Firme, Alfonso López, Lleras, Palo Seco, San Francisco, Punta del Este, Inmaculada, Santa Cruz, Bella Vista, Oriente, Juan XXIII.

Los habitantes de estos sectores son víctimas de señalamientos de pertenecer a la guerrilla o de operaciones permanentes de registro y de control, de intimidación para abandonar el barrio. Allí donde desembarcan los afrodescendientes de los ríos de Anchicayá, Calima, Raposo, Cajambre, Naya, Yurumanguí sufren el mismo tipo de persecución, justo donde existe una fuerte militarización institucional.

En estos sectores urbanos se proyectan obras de infraestructura como la ampliación de la zona industrial, la construcción de anillos viales como la vía alterna-interna para el transporte hacia el centro de Colombia y Venezuela; la posible reactivación de la vía férrea; la instalación de un poliducto que atraviesa El Calima, y sobre el barrio Oriente la conexión de puerto de aguadulce con el actual puerto marítimo.

Estas formas de apropiación forzosa del Territorio para intereses económicos estratégicos de largo plazo se asocia con la ausencia de reconocimiento legal de la propiedad urbana de afrodescendientes en Buenaventura y la exclusión de importantes Territorios de la zona rural y bajo jurisdicción del municipio de Buenaventura de su legalización con Títulos colectivos. La margen derecha entre el Km. 1 y el Km. l9 de la vía Calima y el Bajo Naya carente de titulación propician la inseguridad material de la propiedad, posibilitan la expansión de siembra de uso ilícito como la coca aprovechando la exclusión social y el desempleo creciente por parte de los traficantes de drogas.

Vulnerabilidad a la que se suma la extracción ilegal, irracional y corrupta de recursos naturales, que generan una mayor vulnerabilidad y de desarraigo definitivo de los afrocolombianos e indígenas

Por esta razón de fondo, la estrategia contrainsurgente en el marco de las políticas de seguridad no ha posibilitado un mejoramiento en la vida e integridad de los afrocolombianos. Por el contrario, a la miseria del 85 % de la población de Buenaventura, se suma la agresión armada institucional que ha restado la poca legitimidad al Estado, como Estado de Derecho. Su participación directa o indirecta en abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, retenciones “preventivas”, control de la población, militarización cotidiana, y comisión de Crímenes merecen la censura ética y social, que el terror, y el acostumbramiento a situaciones de hecho se hace imposible para las víctimas, sus familias y en general los ciudadanos del Puerto.

Es evidente que existe un conflicto armado interno en una etapa de control territorial, con intereses diversos y contradictorios, en un espacio urbano. Realidad innegable, en la que, a pesar de los crímenes que allí son cometidos, y que en algunos casos no son de fácil atribución de responsabilidad, indican que se trata de una violencia socio política, por los modos, los espacios, las circunstancias y las pretensiones que se expresan en la violencia.

Poco a poco las pretensiones son develadas, mostrando diversos o contradictorios intereses. En desarrollo de la lógica del mercado mundial y de la seguridad se trata de asegurar militarmente espacios urbanos para la proyección económica del Puerto. Para lo cual se aseguran medios de financiación del aparato militar, control social, involucramiento de jóvenes y militarización cotidiana y aleccionamiento colectivo. Para el otro polo de la guerra militar se trata de proteger espacios de movilidad, de protección de corredores de seguridad económica que financian el aparato militar y de afirmación de presencia territorial.

La creciente polarización ha ido copando todos los espacios urbanos. La declaración de blancos militares rompe las convenciones tradicionales del Derecho Internacional, a algunos de los civiles, uno y otro polo de la confrontación armada, los interpreta como posibles enemigos teniendo en cuenta su ubicación espacio temporal en el municipio, sus actividades y su habitación u ocupación en el Territorio.

Nuestra Constancia y Censura Etica ante la respuesta de las FARC EP quién en aplicación de su modelo de guerra de guerrillas ha producido graves infracciones al Derecho Humanitario contra civiles, la mayoría de ellos afrodescendientes. Los fines perseguidos en términos militares quedan en cuestionan por los procedimientos que desbordan, que destruyen los mínimos de respeto a la dignidad humana en el derecho en la guerra y en la ética.

A lo largo de las páginas que se siguen estamos rastreando, exhumando, visibilizando la otra guerra, que no es resonada en los medios de información, la silenciada como efecto del terror, la que habla de las responsabilidades institucionales. Se impone la tesis de que las causas de la criminalidad se acaban con criminalidad. A nombre del Estado de Derecho se opera con ilegalidad, con criminalidad, atravesando sin pudor, sin vergüenza y sin recato los límites que lo diferencian de la barbarie.

Estas páginas son un pequeño rastreo de los centenares de violaciones de derechos humanos, infracciones de derecho humanitario y de acciones bélicas, con las que además de dejar Constancia y expresar nuestra Censura Moral, pretenden que los derechos de los afrocolombianos a la Vida y al Territorio, así como, de los Pueblos Indígenas sean respetados, lo que significa una investigación que comprenda la sistematicidad de la violencia.

En punta del este Juliana abuela de uno de los jóvenes a quien le asesinaron des de sus hijos en enero en el mes pasado debió abandonar su casa pues uno de los asesinos (desmovilizado de la guerrilla) la amenazo según el porque ellos internamente se estaban enfrentando y eso se debia a que ella había arreglado a sus hijos entes de enterrarlos.

El total de muertes violentas según Medicina Legal durante el año 2006 fue de 592.

Hasta el 20 de abril de 2007, de acuerdo con fuentes oficiales se han producido 123 homicidios y un reporte del Cuerpo Técnico de Investigaciones refiere a 43 desapariciones, datos que no son coherentes con la serie de hechos de desaparición forzada que se presenta.