El 9 de diciembre de 1990, cuatro meses después de su posesión, el presidente Cesar Gaviria Trujillo autorizó al Ejército Nacional el inicio de la operación llamada Centauro II, bajo el pretexto de combatir al secretariado de las FARC localizado en Casa Verde, municipio de La Uribe, iniciando así lo que el Ministro de Defensa, Rafael Pardo, llamó ''Guerra Integral''. En ese entonces las FARC se encontraban en conversaciones con el gobierno nacional, pero a partir de esta acción, rompieron dichos acercamientos. Veinte años antes, el 24 febrero de 1970, las fuerzas militares comenzaron a realizar unos operativos en la región de Planas, municipio de Puerto Gaitán, que tenían el supuesto fin de controlar si levantamiento en armas de algunos indígenas guahibos, dirigidos por Rafael Jaramillo Ulloa. Durante dichos operativos, que llevaban el nombre de Fuerza de Tarea Centauro I, Centauro II y Centauro III, se presentaron detenciones, torturas y asesinatos, contra indígenas de la zona que nada tenían que ver con el alzamiento en armas.
La operación Centauro II fue extendida a más de 40 municipios de cinco departamentos. La zona se convirtió en el escenario de las acciones de guerra, por tierra y aire, ejecutadas por miembros del Ejército Nacional, y por miembros de los grupos paramilitares, a través de modalidades de represión como masacres, desapariciones, torturas, detenciones, allanamientos, asesinatos políticos y bombardeos indiscriminados, ametralla mientes, incendios de viviendas, etc. Al igual que en Planas, a comienzos de los años setenta, las víctimas de esta arremetida contra ''los alzados en armas'', eran personas que por el hecho de vivir en zonas de presencia de la insurgencia se convirtieron en blanco de los militares, entre ellos se encontraban dirigentes campesinos y políticos o simplemente labriegos, como ocurrió con las familias CASAMACHIN y VITANCO. En efecto, dos días después del ataque a Casa Verde, y en medio de los grandes operativos militares de las Fuerzas Armadas y de los paramiiitares, fueron llevados de manera forzada, de sus viviendas, ubicadas en la vereda La Ucrania, los campesinos DAYSSI CASAMACHIN. ESIPION CASAMACHIN, CATALINA VITANCO, PEDRO VITANCO, CAMILO CASAMACHIN, LUZ MERY CASAMACHIN, ERNESTO CASAMACHIN, ESTORFIO CASAMACHIN, VICENTE CASAMACHIN, FRANCO CASAMACHIN, HERNANDO CASAMACHIN, ÁLVARO CASAMACHIN, ROSALBA CASAMACHIN, ALFREDO CASAMACHIN y ARGELIA CASAMACHIN; desde entonces no se volvió a tener noticia de su paradero y estado. Los desaparecidos eran de familias que militaban en la Unión Patriótica. Hechos como el anterior colocaron de presente que entre las verdaderas pretensiones de los operativos estaba el acabar con las llamadas ''organizaciones de masas de la subversión'', según las calificaban la cúpula militar.
Se formuló denuncia ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, el 5 de enero de 1991. No obstante en esa dependencia no se inició por estos hechos diligencia disciplinaria alguna, contra lo previsto en la Ley. Según oficio No 854 fechado en mayo 27 del 2000 de la Personería Municipal de La Uribe, allí no se encontró documento alguno que permitiera conocer, el estado de la investigación.
Fuentes:
1. COLOMBIA NUNCA MAS Zona 7ª - La década del Genocidio, Capítulo III 1985 -1996
