Juan Fernando Porras Martínez
Fuente: CPDH Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
1. Médico (Institución: UIS Universidad Industrial de Santander)
1. Líder estudiantil - UIS Universidad Industrial de Santander
Hechos
El 23 de febrero de 1990, en la vereda Agua Dulce municipio San Vicente de Chucurí (Santander), se encontró el cuerpo sin vida del médico, militante del ELN, JUAN FERNANDO PORRAS MARTÍNEZ; presentaba señales de tortura. Desde el día 5 de ese mes había sido detenido y desaparecido en Bucaramanga por tropas de la V Brigada. Existen indicios de que el Brigadier General Gil Colorado estuvo al tanto de la operación. En ese mismo año, el 16 de abril el Oficial recibió como condecoración la Orden de Boyacá, en el grado de Gran Oficial, según el decreto 774 de 1990 (1).
...en su comunicación inicial del 2 de marzo de 1990, los peticionarios pusieron en conocimiento de la Comisión que Juan Fernando Porras Martínez habría desaparecido desde el día 5 de febrero de 1990 a las 6:45 pm, en la ciudad de Bucaramanga, cuando se encontraba realizando actividades de carácter personal en la carrera 33, con calle 51. En dicha comunicación, informaron que sus familiares lo habrían buscado en hospitales, en la morgue, en organismos de seguridad del Estado y en cárceles, siempre con resultados negativos. Asimismo, indicaron que la presunta víctima habría estado vinculada como estudiante a la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander y que había sido preso político, por lo que se temía por su vida. Los peticionarios agregaron que el día 12 de febrero de 1990, la organización insurgente “Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (UCELN)” —organización a la que habría pertenecido la presunta víctima— habría emitido un comunicado en que afirmaba que, el día de su presunta desaparición, Juan Fernando Porras Martínez habría sido detenido por la Quinta Brigada del Ejército y que la declaración de la compañera permanente de la presunta víctima habría corroborado dicha información. Los peticionarios afirmaron que la presunta víctima habría sido detenida y desaparecida por agentes del Estado de acuerdo al modus operandi mediante el cual la detención no se registra formalmente, precisamente con el fin de no dejar rastro de la víctima y garantizar la impunidad para los victimarios.
Según afirman los peticionarios, el 23 de febrero de 1990, un religioso y pobladores de la zona de San Vicente de Chucurí habrían encontrado el cuerpo sin vida de la presunta víctima, el cual presentaba signos evidentes de tortura. Alegaron que Juan Fernando Porras Martínez habría sido asesinado dentro de los cinco días siguientes a su detención-desaparición y que el hallazgo del cuerpo habría sido informado por varios medios de la prensa local. Al respecto, los peticionarios ofrecen pruebas testimoniales de personas que habrían visto los restos y los habrían reconocido como de la presunta víctima. Alegan además que, si bien el informe técnico de necrodactilia habría arrojado resultados negativos, entre las alegaciones de tortura se encontraba la quemadura de sus dedos.
Asimismo, indicaron que, en el marco de la investigación que adelantó la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, se habrían producido pruebas —tales como declaraciones y grabaciones— que corroborarían las alegaciones de los peticionarios. En particular, indicaron que existiría una grabación de una comunicación por radioteléfono del ejército colombiano, con su respectiva transcripción, en la que se daría la orden de “detener, desaparecer y asesinar a los miembros de la UCELN”, así como los números de las placas que identifican los vehículos en que se habrían llevado a la presunta víctima. Sin embargo, dicha evidencia habría sido sustraída de las oficinas de la Procuraduría.
Adicionalmente, los peticionarios afirman que no tendrían acceso al conjunto de pruebas que se habrían recopilado en el marco de la investigación adelantada por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, pues estas se encuentran en poder del Estado y las respuestas que se les habría suministrado al solicitar información habrían sido negativas. En efecto, en 2007, habrían solicitado formalmente a la Procuraduría copias de lo actuado en el proceso disciplinario relativo a la presunta desaparición de la presunta víctima y, en la respuesta que habrían obtenido el 2 de marzo de ese año, se les habría indicado que “mediante Acta de Eliminación No. 001 se [había] procedi[do] a la depuración y eliminación de dichas diligencias”.
Por último, en septiembre de 2014, los peticionarios informaron que, en el marco del proceso penal abierto en 1990, la Unidad Nacional de Fiscalías Especializadas en Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado, mediante oficio de fecha 14 de julio de 2014, habría respondido a un derecho de petición interpuesto en sede interna por los peticionarios en marzo de ese mismo año, informando que la investigación penal se encontraba en estado de “preliminares en averiguación de responsables” y que se estaban practicando pruebas. Asimismo, se les habría informado que la última de esas pruebas habría sido ordenada el 21 de mayo de 2014, “sin que hasta ese momento se hubiera tenido conocimiento de los autores de la desaparición”. Al respecto, informaron los peticionarios que “no tenían conocimiento de las pruebas a las que se hace referencia en la reciente respuesta proferida por la fiscalía” (2).
Fuentes:
- 1. COLOMBIA NUNCA MÁS - Itinerario de los victimarios según estructura militar: V Brigada
- 2. JUAN FERNÁNDO PORRAS MARTÍNEZ VS COLOMBIA - CIDH INFORME No. 31/15, CASO 10.522
