El 18 de julio de 1988 en Villavicencio, Meta, paramilitares ultimaron a los militantes de la Unión Patriótica ANGEL MARIA HERNÁNDEZ CIFUENTES, fiscal de la Unión Patriótica y a su esposa, N. DE HERNÁNDEZ. Enmarcan este crimen provocadoras declaraciones del comandante de la 7ª brigada, general Harold Bedoya, quien lanzó irresponsables acusaciones sobre “narco-guerrilla” contra la UP.