Pedro Vicente Camargo Niño
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Hechos
Víctimas en estos hechos: 2 (Asesinadas: 2- Desaparecidas: )
El 21 de febrero de 1988 en Cerrito, Santander, en horas de la mañana, el campesino Directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Vicepresidente del Comité de Solidaridad y Derechos Humanos de la Provincia de García Rovira VALENTIN BASTO CALDERON de 46 años y el concejal por el Partido Liberal PEDRO VICENTE CAMARGO NIÑO fueron asesinados y Eliza Maldonado de Niño y la niña Carmenza Camargo resultaron heridas, cuando se encontraban en un restaurante en el barrio Calicanto. Los responsables de este crimen son tres hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar Muerte a Subversivos y Colaboradores (MASC) en complicidad con miembros de la policía al mando del Sargento Ernesto Espitia Díaz y los efectivos de la base militar de Servitá adscrita a la V Brigada del ejército Subteniente López Vigoya, el Capitán Quintero Ariza, el oficial Arnulfo Castro Rincón, el Cabo Primero Manuel Esteban Miranda Agamez y el oficial Luis Enrique Montenegro Rico, Comandante del Departamento de Policía Santander.
Esa mañana un automóvil Mazda 323 color terracota cromado con tres individuos jóvenes en su interior se estacionó a 20 metros del Comando de Policía, frente al restaurante de la señora Graciela González Pabón. Dos de ellos se bajaron y pidieron desayunos. La señora Graciela y su hija Liliana Pacheco González pudieron notar que los hombres vestían ruanas y usaban gafas oscuras. Una vez terminaron de comer, los desconocidos salieron del lugar y se escucharon varios disparos. Los paramilitares hicieron 35 disparos de ametralladora contra los campesinos y otros más al aire mientras abordaban el automóvil. Valentín murió instantáneamente, Pedro Vicente unos minutos después en el centro de salud, mientras que su hija Carmenza y Eliza lograron sobrevivir a las heridas.
El automóvil que trasportó a los paramilitares pasó frente al Comando de Policía de la localidad; los agentes de Policía al mando del Sargento Ernesto Espitia Díaz no adelantaron ningún tipo de acción para detenerlos y tampoco avisaron a las autoridades del municipio de Concepción (ubicado a 20 minutos), hacia donde huyeron los asesinos. Así mismo, miembros de la base militar de Servitá adscrita a la V Brigada del ejército presenciaron la huida de los asesinos. Normalmente a un kilómetro del municipio de Cerrito, en la vía hacia Concepción, el ejército montaba un retén los días de mercado. Ese domingo casualmente no hubo retén. El 23 de febrero, durante el sepelio de Pedro Vicente y Valentín, el Sargento Ernesto Espitia Díaz y el Capitán López hostigaron a los asistentes, hicieron disparos al aire, intentaron torpedear la realización de las honras fúnebres e impidieron que algunos miembros de la ANUC pronunciaran sus discursos.
De igual forma, Manuel Menco Rojas, dirigente de ANUC que se había desplazado al municipio para despedir a su compañero, al igual que los cinco sacerdotes que presidían la celebración religiosa, fueron detenidos por el ejército y llevados a las instalaciones del comando de policía donde permanecieron en los calabozos durante 24 horas, les tomaron fotografías y les quitaron los documentos acusados poseer propaganda subversiva. de arengar contra el ejército e influir a los campesinos. El mismo día del sepelio el vehículo en que huyeron los responsables fue visto parqueado a 20 metros de la Estación de Policía.
El domingo 28 de febrero, ocho días después del crimen, aproximadamente cinco miembros del ejército estuvieron gritando frente a la casa de la familia de Valentín y por las calles de la localidad “viva la muerte de Valentín Basto”, “si Valentín vuelve a vivir...lo volvemos a matar” y pedían que salieran sus hermanos “para acabarlos de matar” y amenazaban a la población diciendo “que viva el partido conservador y liberal y el que no vote en elecciones lo matamos”. Este suceso fue denunciado por Leonor Romero de Calderón ante la Comisión de la Procuraduría General de la Nación.
Antes del crimen, unos jóvenes estuvieron en la finca de Valentín, en mayo y julio de 1988, preguntando por su paradero y amenazando a su hermano Jorge Basto Calderón. Después del asesinato del dirigente estos mismos jóvenes fueron vistos, en reiteradas ocasiones con el ejército.
Heriberto Mejía, alcalde de Cerrito, mediante oficio 043 del 26 de febrero de 1988, dirigido al Gobernador de Santander, Alvaro Beltrán Pinzón, deja establecida la complicidad de las autoridades de policía de la localidad y del ejército de la base militar de Servitá al no tomar ninguna medida para apresar a los hombres que dispararon contra los campesinos. Finalmente exigió una investigación especial para el caso. Los informes dados por la policía a los medios de comunicación, atribuían los hechos a una balacera ocasionada por subversivos.
El 20 de marzo de 1985 Valentín había puesto en conocimiento mediante una denuncia ante el alcalde local, Crisanto Fernández Delgado, las amenazas, señalamientos y hostigamientos de los que era víctima. El 17 de marzo del mismo año, Eliberto Ramírez buscó a Valentín en una caseta en la que departía y le dijo que “si continuaba con las reuniones con el alcalde y la policía como esa de ayer, para controlar el abigeato, si sigue de lambón, por ahí le tenemos un hombre para usted, el señor ese Martín Calderón y otra pinta que tenemos entre ojos”. Luego le dijo: “si usted pertenece al M-19 o FARC, tenemos una organización muy bien montada para bajárnoslos fácilmente”.
Actuaciones Judiciales
El Procurador General de la Nación ante las denuncias presentadas por varias organizaciones sociales, creó una comisión especial para investigar los hechos. El 3 de junio de 1988 la comisión entregó un informe evaluativo, en el cual consideraba que había “mérito suficiente” para que la Procuraduría ordenara “formal investigación disciplinaria” contra el Subteniente López Vigoya por la detención ilegal a uno de los dirigentes de la ANUC que participó en el sepelio de Valentín. Así mismo se aseguraba que existían “circunstancias que cuestionan...la capacidad de las autoridades para emprender una acción efectiva de persecución contra los criminales”, por lo que se recomendaba “debe darse traslado de las diligencias pertinentes comprendidas en estas preliminares a las Procuradurías Delegadas para las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.
El 9 de septiembre de 1988 la Procuraduría General envió copia del expediente a las Procuradurías Delegadas para la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, para que adelantaran investigaciones tendientes a esclarecer la identidad de los responsables. El 8 de noviembre de 1988 la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, se abstuvo de “abrir formal averiguación disciplinaria contra personal militar perteneciente a la base de Servitá y adscritos a la V Brigada, por no existir prueba alguna de que personal militar hubiera sido autor de estos delitos”. Así mismo ordenó archivar las diligencias.
El 12 de marzo de 1991, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional que había elevado pliego de cargos contra Ernesto Espitia Díaz porque “en su calidad de Comandante de la Subestación de Cerrito... se mostró negligente en el descubrimiento de los autores de la muerte de los ciudadanos Valentín Basto Calderón y Pedro Vicente Camargo, permitiendo con tal omisión que no se descubrieran y se capturaran oportunamente... como también actuando en complicidad con el ejército de una manera drástica sin que hubiera motivo durante el sepelio de los precitados occisos...y permitiendo que sus subalternos hicieran disparos en horas de la tarde aduciendo que posiblemente algún grupo subversivo quería tomarse la población”; lo sancionó con “solicitud de suspensión del cargo de la Policía Nacional por el término de diez (10) días por haber sido hallado responsable de los cargos endilgados”.
El 8 de octubre de 1988, ocho meses después de la muerte de Valentín, otro gestor del Comité de Derechos Humanos de la Provincia y también miembro de la ANUC, MARTIN CALDERON JURADO de 39 años, quien se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal de Cerrito, fue asesinado por miembros del batallón García Rovira en Cácota, cuando viajaba en un camión en el que se transportaba papa desde el municipio del Cerrito al de Chitagá (Norte de Santander).
Fuentes:
- 1. PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª - Crímenes de Lesa Humanidad 1966-1998 • PROVINCIAS SANTANDEREANAS
