Víctimas en estos hechos: 2 (Asesinadas: 2- Desaparecidas: )
El 9 de noviembre de 1987, los indígenas del resguardo de Santa Rosa en Tierradentro (Cauca), MIGUEL IPIA VARGAS y su primo CESAR AQUITE IPIA, tomaron en la madrugada el bus que va hasta La Plata, Huila. Allí tenían el encargo de su comunidad, de comprar un ataúd y cuatro arrobas de carne para enterrar al Secretario del Cabildo Indígena Ángel María Liz, asesinado dos días antes.
En la galería de La Plata, fueron capturados por vario agentes de la policía de civil, e introducidos en un campero Suzuky, rojo, carpado, con placas RC-0209 y llevados con rumbo desconocido. El 11 de noviembre, sus cuerpos aparecieron amarrados de pies y manos, con señales de tortura y baleados, en una finca de la vereda La Cascajosa, en la vía que del municipio de Nátaga conduce a La Plata.
Inicialmente los dos agentes que habían capturado a los dos indígenas en la plaza de mercado de La Plata adujeron obrar bajo ordenes del cabo Díaz Betancur, quien ese mismo 9 de noviembre se había suicidado en horas de la noche. Sin embargo, ante la excelente investigación adelantada por un Juez de Instrucción Criminal, los dos miembros de la policía confesaron que el suboficial era ajeno al asunto y que estaban implicados miembros del Ejército y el Comandante de la Policía.
La Justicia Ordinaria realizo, inmediatamente se supo de la muerte de los dos indígenas, una tesonera investigación. Sin embargo, el Juez fue amenazado de palabra en varias oportunidades, hasta que un dia dos hombres armados estuvieron preguntando por el en su residencia. El negocio le fue sustraído por solicitud propia y el caso paso a la Jurisdicción Penal Militar.
La Procuraduría ante la denuncia hecha por la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, adelanto una investigación disciplinaria por la desaparición y muerte de los dos indígenas comuneros del Resguardo de Santa Rosa y miembros del CRIC, Comité Regional Indígena del Cauca. Sin embargo, su actuación solo se dirigió contra los dos agentes que capturaron a Miguel Ipia y César Aquite. El Ministerio Publico solo se atuvo a lo investigado por la justicia ordinaria, sin profundizar mayormente, y no vinculo a los oficiales y demás miembros de la Policía implicados, como tampoco tomo medidas en los casos de los miembros de las fuerzas militares.
Fuentes:
1. EL CAMINO DE LA NIEBLA La desaparición forzada en Colombia y su impunidad – Bogotá, 1988
