N. Murillo Vitucay
Fuente:
Hechos
Masacre: GUARATO Y PUENTE LA UNIÓN - TADÓ (PUEBLO RICO) 26-May-07
Víctimas en estos hechos: 7 (Asesinadas: 5- Desaparecidas: 2)
El 26 de mayo de 2007 en Tadó, Chocó, unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional causaron la muerte de MIRIAM BANIAMÁ GUATIQUÍ, una niña indígena de seis meses de edad y produjeron heridas a 49 indígenas entre niños y adultos; son responsables de la desaparición de GLORIA INÉS TEQUIA NATURO y GLORIA LILIANA QUERÁGAMA de 6 y 4 años de edad respectivamente. Igualmente, detuvieron arbitrariamente a dos misioneras de la Diócesis de Quibdó y causaron daños a bienes civiles. Así mismo, cuatro mujeres indígenas en estado de embarazo que fueron golpeadas o sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por los miembros del Esmad, perdieron a sus críos. Amalia Baniamá Arce, quien tenía siete meses de embarazo perdió a su bebé (N. BANIAMÁ ARCE) por efecto de los golpes propinados por unidades del Esmad; Meldina Vidicha Baniamá con seis meses de embarazo perdió a su bebé (N. VIDICHA BANIAMÁ)como consecuencia de los gases disparados por miembros del Esmad de la Policía Nacional y se encuentra recluida en un centro de atención de Pereira (Risaralda) en grave estado de salud; Laura Murillo Vitucay, tenía siete meses de embarazo (N. MURILLO VITUCAY) y fue herida “por golpes de bolillo del Esmad de la Policía Nacional”; Otilia Nequeta González, tenía cinco meses de embarazo (N. NEQUETA GONZÁLEZ) y fue golpeada durante la huida tras el ataque del Esmad. En Guarato, quienes más sufrieron la agresión del Esmad a través de golpes e inhalación de gases fueron los niños y las niñas, así como las mujeres, algunas de ellas en estado de embarazo. Los hechos ocurrieron en el puente La Unión, ubicado en el corregimiento Santa Cecilia (Pueblo Rico, Risaralda) y en el corregimiento Guarato, ubicado en Tadó (Chocó) el 26 de mayo de 2007 en momentos en que unos 1.000 indígenas de la etnia Emberá Katío protestaban pacíficamente ante el incumplimiento de los compromisos pactados en Quibdó (Chocó) entre representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó y funcionarios del gobierno regional y nacional el 27 de abril de 2007, tras la toma pacífica indígena realizada frente a las instalaciones de la Gobernación del Chocó durante los días 23 y 27 de abril de 2007, y fueron atacados con gases lacrimógenos y a golpes por los miembros de la Policía Nacional. Durante la agresión los miembros del Esmad causaron pérdidas materiales a 75 indígenas. Tanto en el Puente La Unión como en Guarato los miembros de la Policía Nacional filmaron a quienes se encontraban realizando la manifestación.
Según la denuncia: “Los pueblos indígenas del Chocó, han venido negociando con el Estado un pliego petitorio que contiene cuatro puntos importantes: El tema de la educación, de salud, territorio y derechos humanos. Cada uno de esos temas tiene puntos de acuerdo, firmados en un acta del pasado 27 de abril de 2007. Los pueblos indígenas dieron un plazo para que en los 15 días siguientes se adelantaran las gestiones para resolver en especial, lo relacionado con el nombramiento de los y las maestras para que los niños y niñas puedan tener el derecho a la educación. Como el plazo se cumplió y no se vieron los resultados, los pueblos indígenas decidieron tomarse la carretera que conduce de Quibdó a Medellín en el Kilómetro Dieciocho, desde el pasado 21 de mayo de 2007, donde aún se encuentran. Las autoridades indígenas han estado en diversas reuniones con las instituciones del gobierno departamental del Chocó y dado que aún no se resuelven los puntos de acuerdo, decidieron fortalecer la negociación haciendo un bloqueo de la carretera que conduce de Quibdó a Pereira, con el fin de buscar el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Los indígenas hicieron su presencia en la carretera el día viernes 25 de mayo de 2007, alrededor de 1000 personas entre niños, niñas, mujeres (algunas en embarazo), hombres, jóvenes y adultos mayores. Se ubicaron en un lugar llamado Puente La Unión -el puente está sobre el río San Juan-, jurisdicción del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), a 4 kilómetros del corregimiento de Santa Cecilia, de la misma municipalidad.
Durante el viernes 25 de mayo, tanto el ejército como la policía estuvieron presentes en el lugar y hablaron con el cabildo mayor para insistir que dejara pasar a los cinco buses de transporte intermunicipal que estaban inmovilizados por el bloqueo. Llegaron al acuerdo de dejar pasar los buses, los conductores reunieron un dinero ($200.000=) para aportarles a los indígenas y uno de ellos, les regaló arroz. Por su parte, unidades de policía del corregimiento Santa Cecilia prohibieron a los comerciantes del lugar vender alimentos a los indígenas.
El día sábado 26 de mayo de 2007, mientras se encontraban preparando el desayuno como a las 7 a.m. tropas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de la Policía Nacional atacaron con camiones antidisturbios a los indígenas con gases lacrimógenos y los persiguieron intentando disolverlos acorralándolos hacia Áuita, un pequeño caserío ubicado a 30 minutos de camino de la carretera central que comunica a Pereira (Risaralda) con Quibdó (Chocó). Esta situación de caos provocó desconcierto, mareos, visión borrosa y algunas personas resultaron heridas en los hechos. En estas circunstancias el ESMAD disolvió la toma, quemaron y destruyeron los cambuches que habían construido los indígenas a los lados de la carretera, lanzaron al río algunos maletines y pertenencias de los indígenas, que contenían documentos de identidad como cédulas de ciudadanía y registros de nacimiento, carnés de salud, pasados judiciales, celulares y ropa. Vaciaron las ollas que contenían alimentos y las tiraron al río.
De estos hechos, los indígenas reportaron la desaparición de tres menores que presumiblemente cayeron al río San Juan. Sus nombres son: GLORIA INES TEQUIA NATURO de 6 años de edad, de la comunidad Conondo; los hermanos JORGE MURRI NARIQUIAZA de 8 años y EMILIO MURRI NARIQUIAZA de 6 años, de la comunidad Dokabú. Los Padres el día 27 de mayo, denunciaron estos hechos ante la corregidora de Santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico, Risaralda, acompañados por miembros de la Asociación OREWA, Diócesis de Quibdó y de organismos internacionales. Una vez pasaron los hechos más violentos, la comunidad fue saliendo de diferentes lugares donde se protegieron de los gases y después se agrupó; la policía los montó en sus camiones y otros vehículos particulares conduciéndolos a Guarato, pequeño poblado de la jurisdicción del municipio de Tadó (Chocó) a 8 kilómetros de Santa Cecilia, diciéndoles que allí en el Chocó, podían hacer su protesta. Según las versiones de los indígenas, cuando llegaron a Guarato, ellos vieron que los conducían a otro lugar, por lo cual algunos decidieron saltar de las camionetas y camiones de la policía para quedarse en ese punto. La Policía se vio obligada a parar los carros y la gente se bajó de sus vehículos y se ubicó en la carretera para continuar su manifestación. Mientras preparaban el almuerzo, hacia las 2.30 p.m., unidades del ESMAD con dos camiones antidisturbios, lanzaron nuevamente gases lacrimógenos y persiguieron hasta las riberas del río San Juan a los indígenas que se protegían de los gases y los golpes. De estos hechos, a la fecha reportamos 22 DESAPARECIDOS, de los cuales 14 son menores, 8 adultos, y la comunidad de Vivícora está a la espera del reporte de 6 niños y niñas de la comunidadde quienes aún no aparecen. De igual manera hubo 13 personas heridas. También la comunidad nos relató los daños causados a bienes de los indígenas, entre ellos pudimos corroborar la quema de maletines con ropa en su interior, la destrucción de utensilios de cocina. Nos contaron sobre la pérdida de dinero, de medios de comunicación como celulares y equipos (radios y megáfono).
En estos mismos hechos el día 26, fueron detenidas durante cuatro horas dos misioneras de la Diócesis de Quibdó, quienes habían concluido un taller de salud entre las comunidades indígenas. Fueron conducidas en uno de los camiones de la policía a la estación de Santa Cecilia, sin presentar orden de detención. En la estación de policía fueron fotografiadas”.
Agrega la denuncia que: “La Diócesis de Quibdó y la Fundación Paz y Tercer Mundo, PTM que hicieron parte de una comisión de observación interinstitucional integrada por la Procuraduría y Defensoría Regional, CTI, Medicina Legal, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH) que hicieron presencia en el lugar de los hechos el 31 de mayo, denunciaron que: “Desde el día de los hechos los/as indígenas quisieron regresar a sus comunidades, pero estaban esperando que la comisión por parte de organismos del Estado llegara a Guarato, lugar de concentración tras la violenta disolución de la toma de la vía, para poder expresar lo acontecido y denunciar los atropellos de los que fueron víctimas. Una vez dicha comisión llegó al lugar expresaron sus testimonios, incluido el reporte -de las personas muertas, desaparecidas y los heridos.
Según su testimonio al día de hoy, dos niñas de 4 y 6 años aún están desaparecidas y ningún organismo humanitario y de socorro ha intentado buscarlas. Las autoridades indígenas han realizado diversas búsquedas sin lograr éxito. Presumen que están muertas. A primero de junio de 2007, podemos reportar que: Un bebé de seis meses murió asfixiado por los gases lacrimógenos al llegar a su comunidad, ubicada a 8 horas de camino de Guarato, según consta en la denuncia: “Ella y sus padres fueron agredidos por el Esmad con gas lacrimógeno y fueron perseguidos montaña adentro. Sus padres junto con la bebé lograron llegar hacia las diez de la noche a su comunidad y hacia la media noche aproximadamente la niña falleció por ahogo”. A esto se suman dos mujeres que abortaron a consecuencia de los gases lacrimógenos, los golpes recibidos y de los esfuerzos realizados en la huida. Una de ellas está hospitalizada en el Hospital San Jorge de Pereira en estado de gravedad. De igual manera a consecuencia del atropello del ESMAD se han registrado 47 heridos (datos que se han ido actualizando a medida que transcurrían los días y las personas iban apareciendo tanto en las comunidades como en Guarato), unos por acción directa de la policía con quemaduras por los gases lacrimógenos y por los golpes recibidos, y otros por asfixia y mareos. De igual forma otros en la huida por la montaña, se lastimaron o fueron mordidos por serpientes venenosas. Los indígenas igualmente sostuvieron que ningún organismo de búsqueda, salud o ente gubernamental les atendió o se apersonó en el lugar durante los seis días que permanecieron en Guarato, pese a haber pedido insistentemente la presencia de los mismos, por la gravedad de los hechos y los heridos y enfermos que requerían atención”.
Concluye la denuncia: “… Todo ello ocurre, bajo la complicidad de los gobiernos locales y departamentales, como de Pueblo Rico Risaralda, gobernación de Risaralda y Chocó, del Gerente Social para el Chocó y por ende del gobierno de Álvaro Uribe y del Estado Colombiano en sí, ya que están incitando a la CENSURA y AUTOCENSURA, incluso a los medios locales y regionales de comunicación, por donde no se ha dado cuenta de lo que pasa, pese a las continuas denuncias, por ello hoy están en terreno varios comunicadores de la región, a la espera que de sus centrales le den paso a sus notas y así brindarles a la opinión pública, a la comunidad internacional lo que verdaderamente está sucediendo en el Chocó, así lo manifestó el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama. Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, para evitar que se sigan cometiendo más hechos violentos, ante la negativa de ceder a sus pretensiones,“decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó para la comunidad del 18, allí esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros”, manifestó Cesar Querágama, presidente de OREWA. Ante la brutal e irracional respuesta del gobierno, el presidente de la ONIC puntualizó que “lamentamos que el gobierno en vez de responder con la palabra, con cumplimientos a acuerdos, a la razón social, responda con desinformación y una embestida violenta, y de paso soterradamente induciendo en otras instituciones de que somos responsables de la crisis del Chocó, cuando lo que exigimos es basado en DERECHO, y la acción dehecho es una respuesta a la libre protesta ante las respuestas improductivas del gobierno”. Por ello llamamos al alto gobierno, al Estado, a las autoridades militares, a los organismos de control, a la comunidad internacional, a los organismos de DDHH, a los medios de comunicación, a todos y todas, a voltear la mirada hacia una de las regiones más golpeadas, pero sobre todo que el gobierno responda con hechos productivos, no sólo con la fuerza y con la autocensura, que le de la cara al país contando la verdad y de paso con reparación”.
Fuentes:
- 1. CINEP Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – Noche y Niebla 34-35 Casos Enero-Junio 2007