Ramón Martín Cano Botero
Fuente: AFAVIT Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo
1. Campesino
Hechos
El 23 de marzo de 1990 en Trujillo, Valle del Cauca, para-narcos-militares llegaron a la finca de la familia Cano en La Sonadora y asesinaron a los hermanos José Dorniel, Rubielider y José Alvem y a Ricardo Burbano, un trabajador de la finca. Don RAMÓN MARTÍN CANO BOTERO, de 79 años, presenció la escena. Por el dolor no volvió a comer y murió de inanición el 1 de junio.
Relata la fuente: "A los Cano Valencia les habían llegado rumores de que en las veredas de Cristales, Salónica y Playa Alta, en Trujillo, Valle, paramilitares al servicio de los narcotraficantes Henry Loaiza, 'el Alacrán', y de Diego Montoya, 'Don Diego', descuartizaban gente con motosierras y machetes, o la usaban como blanco de tiro, con ayuda de miembros del Ejército y la Policía.
El 23 de marzo de 1990, los rumores se convirtieron en realidad. Cerca de las 8:00 p.m., en medio de un fuerte aguacero, un grupo de paramilitares y efectivos del Ejército llegó a La Argelia, la finca de los Cano en La Sonadora, una vereda entre Trujillo y Riofrío. Ángela Valencia de Cano, de 70 años, debió soportar, parada en el corredor de su casa, los gritos de dolor de su hijo José Dorniel Cano mientras era torturado en la alcoba principal, y ver cómo 10 hombres ataban de pies y manos a sus otros dos hijos, Rubielider y José Alvem, y a Ricardo Burbano, un trabajador de la finca.
Sus gritos de misericordia solo obtuvieron como respuesta golpes en la cara. El hombre que la encañonaba con una pistola le dio varias veces con la cacha. A José Dorniel lo molieron a golpes, le amputaron los dedos y le arrancaron los testículos con un arpón. Cuando estaba al borde de la inconsciencia porque no habían logrado sacarle información, los victimarios dejaron la habitación y amenazaron con asesinarlos a todos. Ángela oyó tres disparos. Tendida en el corredor, supo que sus hijos estaban muertos. José Dorniel se desangró. Dejó una viuda y siete huérfanos.
El resto de la familia, que dormía en otra casa en la parte alta de la finca, se despertó con las detonaciones. El padre, Ramón Cano, bajó y, horrorizado con la escena, no volvió a comer. Murió de inanición dos meses y medio después. El resto de los sobrevivientes -hermanos, viudas e hijos- huyeron hacia Cartago, Tuluá y Sevilla. Ángela fue obligada días después a vender la finca por menos de la mitad de su precio y se desplazó luego a Sevilla. Nunca más la familia volvió a estar junta.
Ángela denunció la matanza pero las autoridades no solo no le prestaron atención, sino que le recomendaron guardar silencio. "Para que su vida no corra peligro", le dijeron.
La masacre de La Sonadora fue solo una de las 26 cometidas por paramilitares en Trujillo, Bolívar y Riofrío entre 1988 y 1994. Murieron 342 personas, la mayoría de ellas torturadas y degolladas con motosierras, y 86 fueron desaparecidas.
La masacre fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que en 1995 condenó al Estado colombiano por 64 muertes, entre ellas las de los Cano y el trabajador Burbano, pero el Gobierno solo reconoció 34. No estaban entre ellas las cuatro de la familia Cano.
La misma
Ángela murió en junio de 2005, viviendo como desplazada. Dejó este mundo sin que la Justicia terrenal hubiera condenado a uno solo de los responsables. Sin embargo, poco antes de morir le relató los hechos a su familia. Este relato es el que ahora, 18 años después de la masacre, conoció CAMBIO por boca de sus descendientes.
La familia se reunió el 28 de agosto en la casa que el Gobierno le dio a María García, la viuda de José Dornier, dentro del programa de reparación colectiva de las víctimas de Trujillo. Ella cuenta que desde ese 23 de marzo de 1990, no ha tenido paz. Las amenazas no han cesado y han tenido que vivir como gitanos de pueblo en pueblo por el Valle y el Eje Cafetero, huyendo de los victimarios. Victimarios que unas veces se llaman narcotraficantes y otras tantas autodefensas del bloque Calima, y más recientemente 'Los Rastrojos' y 'Los Machos'.
Aldenivier y Dorneyber -hijos de María y José Dornier- recuerdan que en mayo de 2000 varios hombres de Éver Veloza, 'H.H', entonces jefe del bloque Calima, llegaron a Las Golondrinas, una finca en Sevilla donde el Gobierno los había ubicado. Los obligaron a salir corriendo con otras siete familias hacia Calarcá. "¿Por qué? -se pregunta Aldenivier-. La finca de la abuela ya nos la habían quitado. ¿Entonces sería para vivir cerca de las fincas de los 'narcos' donde descuartizaban gente?".
Cansada de vivir errante, la familia regresó a Trujillo. Pero volvieron las amenazas. Dorneyber muestra un papel con la última que recibieron hace dos semanas. Es de 'Los Rastrojos', la banda emergente que hace presencia en Trujillo junto con 'Los Machos' .
"Esta vez no vamos a correr, aunque nuestro padre nos diría que la vida está por encima de todo -dice el joven-. Nos persiguen pero tenemos que ponerle punto final a esto".
María cree tener una explicación: los victimarios quieren impedir que denuncien la matanza porque entre los verdugos está 'el Alacrán', preso desde 1995 por narcotráfico, y ahora investigado por la masacre en Trujillo.
Este año, en dos audiencias públicas en Buga negó haber participado en las muertes de Trujillo (ver recuadro). Las víctimas lo desmienten: " 'el Alacrán' y 'Don Diego' son los culpables", dicen. Y María agrega: "A las víctimas no nos dejaron entrar, pero en cambio la familia de 'el Alacrán' estaba allá sentadita en primera fila".
Los Cano no pierden la esperanza de que algún día llegue la Justicia. Un nieto de José Donier, de 6 años, recita lo que le enseñó la abuela: "A mi papito José lo mataron con dolor, lo mismo que mis dos tíos. La tristeza fue muy grande, pero ellos ya están en el cielo con mi abuelita querida. Nosotros seguiremos en la tierra exigiendo la Justicia".
'In memoriam'
Los Cano quieren dejar constancia histórica de lo que ocurrió en Trujillo, donde los paramilitares y sus motosierras acabaron también la vida del cura Tiberio Fernández. Fue el 23 de abril de 1990, después de que desde el púlpito denunció lo que estaba ocurriendo. "Si mi sangre contribuye para que en Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto estamos necesitando, gustosamente la derramaré", dijo entonces el sacerdote. Poco después lo silenciaron.
Luego de su muerte se desató una oleada de violencia: torturas, desapariciones y asesinatos. Ebanistas, promotores culturales, motoristas, tenderos, comerciantes, inspectores de Policía, mujeres, líderes comunitarios, agricultores, recolectores de café, jóvenes señalados de "viciosos" y ancianos dueños de fincas figuraron entre las víctimas. "Lo que nos pasó a nosotros fue de lo menos peorcito que se vivió por aquí -dicen los Cano-. Hubo gente que terminó convertida en un montón de pedacitos que cabían en un costal, a algunos los quemaron vivos".
Estas historias hacen parte de las centenares que recogió el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y que serán presentadas el 9 de septiembre en un primer libro titulado "Trujillo: una tragedia que no cesa", durante la Semana de la Memoria. Del grupo coordinado por el historiador Gonzalo Sánchez, hacen parte historiadores, antropólogos y sociólogos que escogieron el caso Trujillo como punto de partida, porque lo consideran emblemático de los principales rasgos de la violencia contemporánea. "Es la tragedia de la población civil en medio del conflicto; la eliminación y la coacción sobre los movimientos sociales en un escenario de convergencia de actores armados legales e ilegales; la sevicia ejercida sobre las víctimas; la impunidad en el plano interno y la resistencia de las víctimas al olvido y a la injusticia", dice Sánchez.
Fue en Trujillo donde los paramilitares empezaron a usar en forma sistemática la motosierra y métodos de tortura. "Pareciera adivinarse un aprendizaje de las más perversas técnicas de tortura empleadas en las dictaduras del Cono Sur", dice en uno de sus apartes el informe conocido por CAMBIO. Y explica que "la deshumanización de la víctima antecede o es condición para el ejercicio de la crueldad por parte del victimario", que descomponer el cuerpo, despedazarlo, desfigurarlo y desaparecerlo son "operaciones tendientes a quitarle a la víctima el rostro de humanidad del que es portadora".
En memoria de las víctimas se ha levantado un parque monumento en la parte más alta de Trujillo. Allí reposan los restos de 240 personas. Cada lápida evoca sus oficios. De los desaparecidos, que fueron descuartizados y lanzados al río Cauca, se exhiben fotografías en un salón especial. Es el resultado de más de 10 años de recolectar elementos para conservar esa memoria y la memoria de una tragedia sobre la cual no se ha escrito el último capítulo. La tarea la emprendieron la religiosa Maritze Lagos y la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, Afavit. "El propósito es mostrar que, 20 años después, sigue la impunidad, y que las nuevas generaciones sepan todo lo ocurrido para prevenir que la barbarie se repita".
Pero la barbarie se repite, como lo atestigua Laura Cecilia Rodríguez. Su hijo de 18 años fue asesinado hace tres meses por 'Los Rastrojos', porque se negó a trabajar con ellos. La violencia no para, se reedita y se repite en un eterno retorno de lo mismo. Las heridas siguen abiertas.
MÁS VALE TARDE...
Pasaron 18 años antes de que la Justicia llamara a juicio a dos ex oficiales y a un sargento por las masacres de Trujillo. En marzo fueron capturados el teniente (r) de la Policía, José Fernando Berrío, y el sargento Aníbal Álvarez Hoyos, y el pasado 15 de agosto, el fiscal Eduardo Meza, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, ratificó la acusación contra el teniente (r) del Ejército Alirio Antonio Urueña como coautor de las matanzas de Trujillo en 1990, quien entonces tenía el grado de mayor. Hoy está preso en La Picota acusado de concierto para delinquir, tortura y homicidio.
Según el fiscal Meza, las ejecuciones fueron patrocinadas por los narcotraficantes Diego Montoya , 'Don Diego', capturado en 2007, y por Henry Loaiza, 'el Alacrán', preso desde 1995. La Fiscalía tuvo en cuenta el testimonio del paramilitar Pablo Emilio Cano, quien reconoció haber sido el jefe de un escuadrón de la muerte que operó en Trujillo hasta 1992, y dijo que centenares de víctimas fueron descuartizadas y sus restos arrojados al río Cauca, mientras que otras fueron dejadas a la intemperie como "lección" para los sobrevivientes.
NO A LA EXTRADICIÓN
En septiembre de 2007, el sacerdote jesuita Javier Giraldo, representante de 44 víctimas de Trujillo, le envió una carta al presidente Álvaro Uribe en la que le pedía suspender la extradición de 'Don Diego' con el argumento de que era el autor intelectual de las masacres de Trujillo. Según el sacerdote, el 31 de marzo de 1990 en la noche, en una hacienda de 'Don Diego', entre Andinápolis y Salónica, llamada Las Violetas, fueron descuartizadas con motosierra por lo menos 15 personas y no se tiene noticia de sus restos.
Fuentes:
- 1. Trujillo: una tragedia que no cesa - EL TIEMPO, 03 de septiembre 2008