Albert Augusto Lizcano Cedeño
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Hechos
El 15 de febrero de 2008 en Suaza, Huila, tropas del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena del Ejército Nacional ejecutaron a JUAN PERDOMO CLAROS de 22 años, y ALBERT AUGUSTO LIZCANO CEDEÑO, quienes fueron presentados ante los medios de comunicación como dos integrantes de las FARC-EP muertos en combate en zona rural de este municipio, en límites con el departamento del Caquetá. Las víctimas, dos indigentes, habían desaparecido el 11 de febrero de 2008 de la ciudad de Neiva. Según la denuncia “La desaparición fue muy extraña, ¿desde cuándo mi hijo se volvió guerrillero en tres días cuando estaba enviciado por las drogas?, se pregunta Juan Perdomo Reyes, mostrando los certificados que le expidió la fundación Hogares Claret, la Casa de Apoyo del Habitante de la Calle y la fundación Houghton, donde afirman que el joven era indigente y estuvo en tratamientos hasta diciembre de 2007. De acuerdo al acta de levantamiento del CTI, el joven fue muerto por el Ejército el 15 de febrero, es decir, cuatro días después de desaparecer de su casa en Neiva. Sin embargo, por razones que son desconocidas, la familia solo se enteró de su muerte el 5 de agosto de 2008. Doña Alba Luz Cedeño, madre de la otra víctima, pensaba que Albert Augusto Lizcano, su hijo de 27 años se encontraba en la Casa del Habitante de la Calle, en Neiva,en tratamiento. Sin embargo, el joven murió en la vereda Las Palmas del municipio de Suaza en manos de tropas del Batallón Magdalena, que argumentan que no acató el llamado de los uniformados y disparó contra ellos. Según sus familiares, Albert Augusto Lizcano prestó servicio militar con honores en el Batallón Magdalena, el mismo que le dio muerte» (1).
Una millonaria condena tendrá que pagar el Estado colombiano como directo responsable por el crimen de dos indigentes a quienes hicieron pasar como guerrilleros abatidos en combate.
El ‘falso positivo’ fue perpetrado hace nueve años en una zona montañosa en Suaza (Huila). Los dos jóvenes drogadictos fueron secuestrados, uniformados y luego acribillados por una patrulla militar, fingiendo un ataque armado que resultó otra farsa, planeada por el sargento William Andrés Capera, condenado por otros crímenes similares. Por esos ‘falsos positivos’ recibían recompensas económicas.
En este nuevo caso, las víctimas correspondían a Alberto Augusto Lizcano Cedeño, un joven indigente, nacido en Garzón y Juan Perdomo Claros de Neiva. Por éste último se instauró la demanda de reparación.
Perdomo Claros, hijo de una conocida ex funcionaria de la Contraloría, terminó en la calle, preso por la drogadicción.
La última vez que lo vieron con vida fue el 11 de febrero de 2008. Ese día su hermana Gisela Perdomo lo invitó a comer y luego se despidieron en la carrera séptima con calle séptima de Neiva donde solía permanecer.
El día siguiente no fue a desayunar. Su padre, Juan Perdomo Reyes denunció su desaparición el 20 de febrero siguiente.
Sin embargo, para esa fecha ya había sido asesinado y estaba en una fosa común, sin identificación, como un extorsionista, muerto en combate.
El primero de agosto la Fiscalía le reportó que su hijo había sido abatido por el Ejército en la vereda Las Palmas. Su padre fue interrogado por el Juez 65 Penal Militar en Garzón. Luego su cuerpo fue localizado en una fosa común en Suaza, donde aparecía como un guerrillero no identificado.
La tragedia
Perdomo Claros inició en la drogadicción en 1997, cuando tenía 14 años, mientras cursaba séptimo grado de bachillerato. Estuvo internado en la Unidad de Psiquiatría entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre de 2007. También en hogares Claret y en un centro de rehabilitación ‘Las Palmitas’. El 14 de enero de 2008 la Fundación Houghton certificó que el joven occiso estuvo inscrito en el programa de rehabilitación desde el 2 de marzo de 2000 hasta el 28 de marzo de 2000.
El médico psiquiatra de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Neiva certificó que Perdomo Claros estuvo hospitalizado entre el 21 de septiembre al 13 de octubre de 2007 con un “diagnóstico de psicosis inducida por fármacos”.
Después abandonó su casa y regresó a la calle donde ganaba dinero anunciando las rutas de transporte urbano y vendiendo bolsas de basura en el paradero ubicado en el “edificio de los Profesionales’.
Antonio Torres, director de un hogar de paso, confirmó que las víctimas, eran drogadictos que recibían atención y estaban reportados e inscritos como tales. En el caso de Perdomo, afirmó que frecuentaba el hogar desde hacía cuatro años, buscando alimentos, aseo y refugio.
Un año antes de su muerte, estuvo interno en un programa de resocialización, pero desertó. “Eran indigentes pues se dedicaban al rebusque como el reciclaje, la mendicidad o retaque. No tenían antecedentes ni nada que ver con delitos como hurto o extorsión o grupos ilegales”, declaró el director de la Casa de Apoyo al Habitante de la Calle.
La versión oficial
Curiosamente, al contestar la demanda, el Ejército mantuvo la versión original, argumentando que la muerte de los dos jóvenes se produjo en combate. “No existen razones para pensar que los miembros del Ejército Nacional que participaron en los hechos, lo hicieron de manera ilegítima con extralimitación de funciones”, reportó.
Por el contrario, indicó que un ganadero de Guadalupe, Antonio Hernández Losada reportó el 13 de febrero la presencia de extorsionistas. Ese fue el pretexto para justificar el doble crimen. Según la versión oficial, dos personas que portaban material de guerra al notar la presencia de los militares abrieron fuego contra los uniformados, siendo abatidos.
El crimen
El joven neivano al parecer fue retenido ilegalmente en la noche del 11 de febrero. Luego fue asesinado. La fecha probable, el 15 de febrero de 2008 con otro indigente reclutado en Garzón. El mismo día del doble crimen el sargento segundo William Andrés Capera Vargas, comandante Azteca 2, implicado en otros crímenes similares, presentó su versión amañada.
El ‘falso positivo’ fue desarrollado en la vereda Divino Niño del municipio de Suaza en desarrollo de la misión táctica No. 0321 quien dio la orden de la operación Soberanía, misión táctica Felino. Capera, ya condenado por otros homicidios, informó que el operativo comenzó hacia las 12:10 de la noche. Diez soldados hacían parte del comando, dirigido por el cabo Óscar Cárdenas Sánchez.
Inconsistencias
La unidad de Policía Judicial desplazada hasta Suaza para realizar el levantamiento de los cadáveres encontró múltiples inconsistencias.
Primero, los cuerpos sin vida estaban en la vereda La Palma (no en el Divino Niño como decía el reporte oficial). El sitio tampoco estaba acordonado, como lo reportó Capera. No tenían identificación. “Ninguno de los moradores de la región manifestó conocerlos o tenerlos presentes, concluyéndose en consecuencia que no eran personas de la región”, consignó el informe del CTI.
El joven Perdomo Claros, según el acta 012, El señor Juan Perdomo Claros, todavía no identificado, portaba una “sudadera azul (doble) azul oscuro, talla s, botas de caucho negro (Venus) y un camibuzo manga larga azul, con rayas blancas, distintas a las que portaba. Lizcano Cedeño lucía otra ropa.
Otros casos
El caso de los dos jóvenes indigentes, asesinados como supuestos guerrilleros no fue el único. Cinco meses después otros tres jóvenes drogadictos corrieron la misma suerte: Juan Diego Martínez Peña, Álvaro Hernando Ramírez Falla y el mimo Miller Andrés Blandón, conocido como ‘la estatua humana’. Los tres fueron retenidos ilegalmente el 17 de julio de 2008 y al día siguiente aparecieron como guerrilleros dados de baja en combate, en la vereda San Vicente de Isnos. También figuran casos similares en Acevedo, Pitalito, San Agustín, Algeciras y en otras regiones del país.
El montaje
Los dos jóvenes, según la Fiscalía, no fueron dados de baja en combate sino que fueron ejecutados en forma extrajudicial o ajusticiados en total indefensión. Así fueron imputados y acusados.
La versión coincidió con las conclusiones del Tribunal Administrativo del Huila, donde se tramitó la demanda de reparación, sin conocer la sentencia condenatoria.
“No hubo combate. Podemos afirmar con certeza que estamos en presencia de una ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida”, afirmó el magistrado Enrique Dussán Cabrera, quien tramitó la acción de reparación.
“Las circunstancias que rodearon la muerte de Juan Perdomo Claros demuestran una actuación arbitraria y antijurídica en tanto que se dio muerte a un ciudadano que no se halla demostrado que ofreciera peligro alguno para el grupo de militares que ocasionó su muerte”, afirmó.
“Su desaparición sin explicación alguna y las circunstancias en que fue encontrado su cuerpo, evidencian que fue intencionalmente reclutado y su condición de adicto a sustancias psicoactivas, así como su calidad de habitante de la calle, lo puso en una situación de mayor vulnerabilidad que fue aprovechada por el Ejército Nacional quien simuló un combate para presentarlo como muerto en enfrentamientos armados”.
“Tratándose de violaciones a derechos humanos, como se advierte en el presente caso, originados en el marco del conflicto armado interno, le asiste un deber ineludible al Estado de reparar integralmente a las víctimas aun cuando no se haya solicitado en la demanda”.
Por consiguiente en el presente caso es viable que en aplicación del principio de “reparación integral”, afirmó Dussán Cabrera.
La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial. En este caso la corporación no le reconoció los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro a sus progenitores ya que no se demostró que dependieran de la víctima.
No obstante le reconoció a sus progenitores y a sus cuatro hermanos, una indemnización a título de daño moral, el equivalente a 354 millones de pesos.
Reparación simbólica
Además, dispuso medidas morales de carácter simbólico y colectivo, no materiales. En este sentido ordenó al Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional-, previo consentimiento de los afectados (si lo aceptan), un acto público de disculpas dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia. El acto simbólico deberá realizarse en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila a cargo del Comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena y del Comandante de la Novena Brigada con la presencia de los familiares de la víctima.
Las condenas
Los ocho militares fueron acusados en diciembre de 2012. La Procuraduría Delegada para Derechos Humanos también les abrió la investigación disciplinaria y los destituyó.
Los uniformados fueron condenados a 40 años de prisión como responsables del crimen en calidad de coautores. La sentencia condenatoria fue proferida el 11 de diciembre de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva.
Por el doble crimen, fueron condenados el cabo segundo Oscar Cárdenas Sánchez, y los soldados profesionales Julio César Ramos Zapata, José Fidel Orjuela López, Jairo Alfonso Carvajal, Felipe Andrés Calderón, Henry Lozano, José Aníbal Trujillo Hernández, Juan José González, José Perengues Ortiz y Yil Fredys Ortega Pipicano, como responsables del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones.
Esta semana el juez de conocimiento libró otra orden de captura contra el mayor del Ejército Francisco Adrián Álvarez Calderón, implicado en el mismo caso.
Autor intelectual
El sargento segundo William Andrés Capera Vargas, estaba al frente de la compañía ‘Azteca’, adscrita al Batallón Magdalena, responsable del montaje. El suboficial planeó el crimen, como muchos otros con el mayor, Francisco Adrián Álvarez, actualmente prófugo.
Capera, según la Fiscalía, ultimó a sangre fría al campesino Ever Urquina Rojas, a quien reportó como guerrillero dado de baja en combate. Después, en el mismo batallón, maquilló la escena de combate.
Por ese crimen, cobró un millón y medio de pesos que le pagaron por el resultado operación en épocas de la seguridad democrática, según quedó registrado en el acta 118 fechada el 9 de abril de 2008.
Capera Vargas fue capturado el 19 de agosto de 2016 en Medellín. El ex militar de 37 años y natural de Honda (Tolima) fue condenado a 240 meses de cárcel el 24 de noviembre de 2016.
A la JEP
Los ocho exmilitares del Batallón Magdalena, investigados por el doble crimen de Juan Perdomo Claros y Albert Augusto Lizcano Cedeño ocurrido en Suaza aunque fueron condenados, la sentencia quedará en el aire.
Los sentenciados se someterán al modelo de justicia transicional, contemplada en los acuerdos de paz firmado con las antiguas Farc.
La solicitud fue presentada el 21 de junio de 2017, pero quedó en suspenso mientras se pronuncia el Tribunal Superior de Neiva. En caso de aprobarse, como es posible, podrán recuperar su libertad mientras la Jurisdicción Especial de Paz, revisa su caso (2).
Fuentes:
- 1. CINEP Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – Noche y Niebla 38 Casos Julio/Diciembre 2008 (Actualizaciones)
- 2. CONDENA MILLONARIA POR OTRO FALSO POSITIVO EN EL HUILA - www.lanacion.com.com, 13 de octubre del 2017