Jorge Eduardo Prieto Chamucero
Fuente: JUSTICE FOR COLOMBIA
1. Auxiliar Administrativo (Institución: Hospital del Sarare San Ricardo Pampuri Sede A)
Hechos
Masacre: CAÑO SECO - SARAVENA 05-Ago-04
Víctimas en estos hechos: 3 (Asesinadas: 3- Desaparecidas: )
El 5 de agosto de 2004 en Saravena, Arauca, tropas del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro, de la Brigada 18 del Ejército Nacional ejecutaron de varios impactos de bala en horas de la madrugada, en la vereda Caño Seco, a los líderes sindicales JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUCERO y LEONEL GOYENECHE GOYENECHE y al líder campesino HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ. Jorge y Alirio, tenían medidas cautelares para proteger sus vidas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el año 2002. En el mismo hecho fueron detenidos los también líderes sindicales Samuel Morales, presidente de la CUT, seccional Arauca y María Raquel Castro, dirigente de la Asociación de Educadores de Arauca, Asedar.
El hecho sucedió luego que los militares irrumpieran en la vivienda de Jorge, lugar en el cual se encontraban las demás víctimas, excepto Samuel. El hecho fue presentado por parte de los militares ante los medios de comunicación, como un operativo contra de miembros del ELN que tenían órdenes de captura y que cuando iban a ser detenidos dispararon a la tropa. Como prueba de ello, habrían decomisado dos pistolas y elementos explosivos.
Según la denuncia: «El cuatro de agosto, en horas de la tarde, Jorge Prieto, conduciendo su motocicleta, llega a su casa en compañía de Raquel Castro. A su vez, llegan también de visita Héctor Alirio y Leonel. Luego de cenar, se recogen para dormir en el salón. Los dos últimos se acostaron en hamacas, Jorge y su compañera en el cuarto principal y en el segundo cuarto lo hizo Raquel Castro. El 5 de agosto, hacia las 5:30 a.m., una patrulla militar conformada por alrededor de 35 hombres pertenecientes al Grupo Mecanizado Revéis Pizarro, con sede en Saravena, al mando del subteniente Juan Pablo Ordoñez y conducidos por el informante civil Daniel Caballero Rozo, alias Patilla, hicieron presencia en Caño Seco, dirigiéndose por lo menos cuatro de ellos a la casa de Jorge Prieto. Una vez allí, golpearon a la puerta. Al abrirla, los tres hombres fueron llamados por sus nombres por el informante civil, sacados de la casa y conducidos al lote contiguo, a escasos tres metros de ésta, donde fueron inmediatamente fusilados. Luego de esto, los militares procedieron a entrar en la casa, intimidando a las dos mujeres que se encontraban allí, requisaron por completo la vivienda. Les preguntaron dónde se encontraban las armas pero su búsqueda no tuvo resultados, pues no fueron halladas armas en la casa.
Los militares, usando bolsas plásticas para envolver los cuerpos de Jorge y Héctor, los trasladaron a varios metros de distancia dentro del mismo lote, luego de lavarlos con abundante agua. Después, taparon con arena los restos de sangre del lugar de la ejecución, lo cual pudo ser comprobado [...] removiendo una arena que, según numerosos testigos, nunca antes había estado allí. Los militares permanecieron en la casa manteniendo encerradas allí a las mujeres, a quienes se les impidió hablar entre ellas, y sólo se les permitió salir al baño en algunas ocasiones. Hacia las 10:00 a.m., las dos mujeres fueron sacadas de la vivienda y conducidas a un lugar desde el cual no podían observar la casa. Mientras las llevaban hacia allí, los militares hicieron disparos a un objetivo incierto sin recibir respuesta. En ese momento, una de las mujeres recibió amenazas muy graves si denunciaba lo que había visto. Dos de los cuerpos de los tres líderes –el de Jorge Prieto y el de Alirio Martínez- fueron recogidos por los soldados en bolsas negras y llevados a la cancha de fútbol de la escuela. El cadáver de Leonel Goyeneche, según varios testigos, fue arrastrado por el piso boca-abajo, entre cuatro soldados que lo cogían de sus cuatro extremidades, sin ninguna bolsa o similar que lo protegiera, a lo largo de los aproximadamente 300 metros que hay entre la casa y la cancha de fútbol.
Alrededor de las 11:00 a.m. aterrizó en ese lugar un helicóptero de las fuerzas militares en el que las dos mujeres y Samuel Morales, quien fuera privado de la libertad en la escuela de Caño Seco esa misma mañana, fueron conducidos junto a los cuerpos sin vida de los líderes sociales hacia las instalaciones del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro. Samuel Morales denunció en un programa televisivo, posteriormente, que mientras estuvo en las instalaciones del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro y luego en las de la Brigada XVIII, algunos militares decían en su presencia a los que participaron en el operativo: ¿Por qué no los dieron de baja? ¿Por qué traen basura? El comandante de la División II del Ejército Nacional, General Luís Fabio García, manifestó que «Indudablemente murieron en un combate con los soldados cuando fueron sorprendidos reunidos en una vivienda con varios guerrilleros del ELN, se les incautaron armas, municiones y explosivos que portaban». Por su parte el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe dijo: «Que los tres dirigentes eran delincuentes, que perdieron la vida en un combate. Además, portaban armas y tenían órdenes de captura por el delito de rebelión». El Vicepresidente Francisco Santos expresó que: «Eran dirigentes sindicales, pero también estaban metidos en cosas que no estaban relacionadas con su trabajo sindical» y el director de la Justicia Penal Militar, General Jairo Duván Pineda Niño afirmó que: «Los personajes muertos son muy importantes dentro de la política del ELN». Una comisión conformada por miembros de varias ONG de Derechos Humanos que estuvieron varios días en el lugar de los hechos, verificando lo sucedido manifestaron que: «Héctor Alirio, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche, fueron víctimas de un crimen de Lesa Humanidad: ejecución sumaria perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia». Y agregaron que: «las víctimas habían sido previamente señaladas como objetivo militar. Las víctimas desarrollaban desde hace varios años legítimas actividades como líderes sociales, por lo que eran ampliamente conocidos incluso a nivel nacional e internacional. En numerosas ocasiones celebraron reuniones con delegados del Alto Gobierno denunciando la situación de Derechos Humanos de Arauca. Estas actividades significaron para ellos su estigmatización y acarrearon amenazas concretas contra sus vidas [...]
Dentro del contexto araucano, tanto las amenazas contra sus vidas como estos señalamientos convirtieron a las víctimas en objetivos militares con mucha anterioridad a los hechos. De acuerdo con las observaciones realizadas por la comisión, la casa de madera y con techo de zinc, vivienda de Jorge Prieto, en donde ocurrieron los hechos, no presenta impactos de bala ni en las paredes ni en el techo y de los testimonios recogidos entre los pobladores se desprende que hacia las 5:30 AM sólo se escuchó una ráfaga de disparos de arma larga durante unos pocos minutos. De acuerdo con las mismas versiones, durante los días previos y el mismo día de los hechos no hubo presencia en este caserío de grupos armados diferentes al Ejército. Las dos mujeres que se encontraban en la casa coinciden en afirmar que los hombres no portaban armas y que durante la requisa hecha por los militares no se encontró ninguna [...] De otro lado, a la comisión le parece poco creíble que de haber habido disparos por parte de las víctimas, presuntamente a tan corta distancia, no resultara herido ningún militar. De acuerdo con las versiones recogidas por la comisión, los autores de este crimen de Lesa Humanidad desplegaron todos los mecanismos a su alcance para encubrir su responsabilidad e incriminar a las propias víctimas. Adicional a las versiones de los testigos que claramente señalan estos actos de encubrimiento, se debe tomar en cuenta que los militares contaron con la oportunidad de cometer estos asesinatos, pues estuvieron en la casa desde el momento del crimen, las 5:30 a.m., hasta las 11:00 a.m., es decir cinco horas y media, tiempo durante el cual estuvieron acompañados sólo de las dos mujeres a las que mantuvieron encerradas dentro de la casa, impidiéndoles observar lo que hacían con los cuerpos. A pesar de esto, ellas sí pudieron observar cómo los militares trasladaban el agua para lavar el lugar del asesinato y cómo primero estaban en un lugar y luego en otro». Posteriormente, tras recogerse varios testimonios y recopilar varias pruebas técnicas por parte de un equipo especial que fue a la zona: fiscales de Derechos Humanos, criminalistas del CTI y forenses de Medicina Legal, llevaron a la Fiscalía a determinar que: «los tres sindicalistas no murieron en combate, como lo aseguró públicamente el Ejército, sino que se habría tratado de un asesinato. Por ello, el ente acusador responsabilizó de homicidio agravado al Teniente Juan Carlos Ordóñez, y a los soldados profesionales Jhon Jairo Hernández y Oscar Saúl Cuta. La decisión también recayó contra Daniel Caballero, ‘Patilla’, reinsertado del ELN, que sirvió de guía a los militares». Caballero, según la denuncia: «viene trabajando con el Ejército como informante, y está integrado al programa de reinserción del Gobierno, favorecido con prebendas económicas y judiciales».
Según la Fiscalía: «los dictámenes de los peritos en balística revelaron que de los tres sindicalistas, el único que apareció con residuos de disparos en su mano fue Héctor Alirio Martínez. Para tratar de clarificar el significado de estos resultados, la Fiscalía le pidió al Ejército el material fotográfico y de video que en su momento los uniformados hicieron sobre la escena de los hechos. Sólo se obtuvo un reducido grupo de fotografías en disquete en el que se aprecian dos fotografías de cadáver en posición de cubito abdominal y con el torso desnudo, empuñando arma de fuego. La sorpresa fue cuando los investigadores descubrieron que ninguno de los dos cadáveres que aparecían en las fotos empuñando armas era el de Héctor Alirio -el único que tenía rastros de disparos en sus manos y que tenía puesta una camiseta- y que, se supone, los otros aparecieron con las únicas dos pistolas que se decomisaron. Estas pruebas nos vienen a demostrar objetivamente que si conforme a la pericia de residuos de disparos, la única víctima que pudo haber disparado fue Héctor Alirio, existe una preocupante probabilidad de que los militares hubieran manipulado la escena, para hacer ver en la fotografía de Prieto, y eventualmente la de Goyeneche, que también habían accionado armas y que poseían en sus manos al ser dados de baja. Es más, la Fiscalía estableció que una de las dos pistolas decomisadas, calibre 7,65, estaba defectuosa y se trababa al ser disparada. En relación con los disparos que apagaron la vida de los sindicalistas, los exámenes de balística determinaron que por lo menos en el caso de Goyeneche se trató de una especie de tiro de gracia, pues se constató una distancia de la boca de fuego del arma a los orificios, menor a los 50 centímetros, lo cual indica que los disparos los hicieron en la modalidad de corta distancia. Los investigadores concluyeron que las tres víctimas murieron de disparos hechos por la espalda. No son esa clase de heridas las que normalmente se presentan cuando existe enfrentamiento. Además, no aparecieron rastros de los disparos hechos por los militares en el costado izquierdo de la casa, por donde supuestamente estaban escapando los sindicalistas. Y tampoco se encontraron las vainillas de los fusiles en el lugar donde los militares dijeron haber disparado las armas ni en sus alrededores. En criterio de los fiscales resulta a todas luces absurdo pensar que los sindicalistas hubieran optado por resistirse mediante el uso de las armas, pues siendo personas con mediana formación, debieron suponer que al momento de ser requeridos, el inmueble estaba previamente rodeado y asegurado por la tropa. Se valora como muy poca posibilidad que tres individuos ya mayores, obesos, dos de los cuales apenas conocían la estancia, estando descalzos y a medio vestir hubieran pretendido burlar el cerco militar.
En las pesquisas los agentes del Estado también encontraron que los sitios donde cayeron inicialmente los cuerpos sin vida fueron cubiertos a propósito con arena de río y que los cuerpos fueron cambiados de un lugar a otro. Muchas personas hablan de ires y venires de los soldados desplazando pesadamente los cuerpos, y las palmarias contradicciones en el dicho de los militares, puede al menos suponerse, que por parte de los uniformados existió un evidente interés en acondicionar la escena para hacer ver que las víctimas fueron muertos en combate y no ajusticiados». El día 7 de septiembre en declaraciones dadas a una emisora el vicepresidente Francisco Santos manifestó: «Lo primero era que estas dos personas sí tenían orden de captura, no una orden de asesinato o de accionar como la Fiscalía acaba de decir que actuaron. Entonces, primero, sí tenían una orden de captura: segundo, el procedimiento en el cual fueron a capturarlos fue totalmente equivocado tal y como lo dice la Fiscalía y, tercero, sí, nos equivocamos». El diario El Tiempo, en su editorial del ocho de septiembre titulado “Grave lo de Arauca”, expresó que: «Organizaciones sindicales y de Derechos Humanos cuestionaron la versión oficial y denunciaron que dos de los sindicalistas tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se abrió investigación y ahora resulta que todo, al parecer, fue un montaje para justificar algo que, según la Fiscalía, habría sido una ejecución extrajudicial [...] Las consecuencias son serias. Se hace un daño obvio a la imagen del Ejército y a su invocado compromiso con los Derechos Humanos. Se tiende una sombra sobre las promesas de que al amparo de la seguridad democrática no se cometerán abusos. Se levantan dudas sobre cómo estarán procediendo los militares en otros remotos lugares de Colombia donde adelantan operaciones, lejos de la mirada vigilante de los organismos de control y los medios de comunicación. Y se generan inquietantes preguntas. ¿Son un subteniente y dos soldados los únicos responsables, o hay otro más arriba en la cadena de mando? ¿Cómo puede ser que sus superiores avalen su versión y la difundan? ¿No configura esto un tipo de encubrimiento?».
Información Personal
JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUCERO: Fecha de Nacimiento : 13 de Septiembre 1953 en Santafè de Bogota D.C.
* Hijo de JORGE EDUARDO PRIETO TRIANA Y MAXIMINA CHAMUCERO
* Hermanos: ROSA CECILIA, LUIS ANTONIO, CESAR ENRIQUE, LORELEY, LIDA, SAUL, LEYDA, DORIS y RAQUEL PRIETO CHAMUCERO
* Estudio: la primaria en la concentración Isabel Segunda Barrio Kennedy, en Santafé de Bogotá D.C.
* Secundaria: estudio en el centro docente San Fernando Ferrini de Saravena
* Universitario: se gradúo en la Universidad Francisco de Paula Santander, como Administrador Financiero y Comercial en el año 2000
* Presta su servicio Militar en el Batallón de Policía Militar No 1 en Santafè de Bogotá con sede en Puente Aranda en el año de 1969
* Matrimonio: Casado por la iglesia católica 29 Noviembre de 1975 en la Iglesia Cristo Rey, con ROSA MARIA RAMÍREZ
* Hijos del Matrimonio: NELSON, YUDITH Y MIREYA PRIETO RAMIREZ
* Lugar de Origen : Santa fe de Bogotá D.C.
* Fecha de ingreso a la región: Enero de 1974
* Ingreso a laborar en el Municipio de Saravena como ALMACENISTA en la Construcción del puente Banadia, con la Compañía DRUMON: Enero 1974 a 20 Noviembre de 1975 (Laboro 22 Meses)
* Sale Nuevamente a Bogota donde estuvo 3 años
* Regresa a Saravena Junto con su Esposa ROSA MARIA RAMÍREZ en junio de 1978
* Ingresa a laborar en Malaria en junio de 1979 y hasta Diciembre 1990
* Durante este tiempo se desempeño como Fiscal del Sindicato ANDEMISAP
* Se desempeño como secretario general de la CUT Departamental desde el 29 de abril de 1993 hasta diciembre de 1997.
* Presidente del comité de ANTHOC MUNICIPAL Sub-directiva NORTE DE SANTANDER: durante este tiempo gestiona con ANTHOC Nacional la conformación de ANTHOC ARAUCA, en compañía de SINUSA (Sindicatos Unidos de Saravena), el cual fue otorgado mediante resolución No. 62 del 19 de abril de 1991 labor que se resalta por su gran espíritu de lucha sindical.
* Tesorero de la Asociación de Padres de Familia de la Concentración de Desarrollo Rural de Saravena.
* Ingresa a laborar en el Hospital del Sarare por contrato como Administrador de la Unidad Móvil del 21 de Enero de 1991 y hasta el 22 de Junio de 1997
* Desde el año de 1991 convive con la profesora BELCY YASMIN SOLANO y deja 3 hijos YASMIN ALEJANDRA, JHONATAN y RAFAEL PRIETO SOLANO
* Fue posesionado mediante resolución No. 010-077 del 23 de Junio de 1997 y hasta la fecha, en el cargo de Auxiliar Administrativo, tiempo durante el cual laboro en las Instalaciones del Hospital del Sarare San Ricardo Pampuri Sede A
* Presidente durante 3 Periodos de ANTHOC DEPARTAMENTAL desde el 01 de Abril de 1998 a Agosto de 2003, después de esta fecha queda exiliado por la persecución y la presunta orden de captura emitida por la Fiscalia General, de agosto de 2003.
* Logro durante estos tres periodos negociaciones importantes en beneficio de los afiliados al sindicato entre otras se resaltan las siguientes: construcción de la sede sindical Saravena, compra de equipos y vehículo, convenciones colectivas, periodo de vacaciones, primas, pago de prestaciones sociales a los funcionarios que laboran por contrato y afiliados al sindicato ANTHOC
HUMANITARIO, SOLIDARIO, EXCELENTE COMPAÑERO
* Se desempeño como Presidente del Barrio José Vicente 1 Etapa en el periodo del 28 de abril del 1996 según acta 012 hasta 31 de mayo de 1998, según acta 010 26 de abril 1998 y hasta Junio 2000, Nombrado como Vicepresidente para el periodo de Junio de 2000 a Junio de 2002, fue electo nuevamente como Presidente para el periodo de Junio de 2002 a Junio de 2004, antes de terminar su periodo en el año 2003 le toco refugiarse por la persecución a que fue objeto nuestro compañero, donde se resalta la gestión para la construcción de la casa comunal del mismo barrio, querido por la comunidad, por su espíritu de colaboración
* Delegado: a la federación Comunal de Juntas de Acción Comunal 1998
* Delegado: a la Federación Comunal de Juntas de Acción Comunal 2000
* Integrante del Comité de Derechos Humanos Agosto 01 de 1996 a Julio 31 de 1998 de la Asociación de Juntas de Acción Comunal
* Delegado a la EMPRESA COMUNITARIA ECAAS E.S.P Junio de 1996 a 2003, donde participa con sus ideas para el mejoramiento y grandeza de este gran esfuerzo comunitario.
* En su camino de lucha participo en varios encuentros cívicos, sociales y populares de orden Municipal, Departamental y Nacional y en su convicción de hombre de ideas de libertad y justicia su voz enérgica recito miles de veces hasta los últimos instantes de su vida.
* “POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO”
* Como resultado de su gran lucha la Comisión Interamericano de Derechos Humanos pide al Gobierno Nacional medidas cautelares a partir del 29 de junio de 2002 para nuestro compañero.
* Se distinguió como hombre franco y sincero, nunca estuvo de acuerdo con la justicia social que siempre ha alimentado a los gobiernos de turno, especialmente a la de ALVARO URIBE VELEZ, el con el cuento de la Seguridad Democratita, les declaro una guerra frontal a los lideres Sindicales del Departamento de Arauca y como evidencia concreta los hechos ocurridos el 05 de agosto de 2004, donde fue vilmente asesinado por los fusiles del estado.
Fuentes:
- 1. CINEP Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - Noche y Niebla 30 Casos Julio/Diciembre 2004
