El 14 de abril de 1984 en Turbo, Antioquia, 30 paramilitares que portaban fusiles G-3 y carabinas M-1, vestidos con uniformes de la policía antinarcóticos, encapuchados y con ponchos negros llegaron al caserío Punta de Piedra y asesinaron a los campesinos ÁNGEL UMANES, ABEL MANCO, HERMOGENES MARTÍNEZ, JUAN MUÑOZ, GERTRUDIS CORTÉS, JUAN ANTONIO PÉREZ, HERNANDO DAVID BRAVO, JOSÉ RODRÍGUEZ CANTERO, MANUEL MORENO ARRIETA, EDWWIN MEDRANO y JOSÉ ÁNGULO.
Además fueron heridas las siguientes personas: AMPARO URÁRÍ UZUGA, de 7 años, ALEXANDER URÁN UZUGA, de 5 años, FREDY USMA, de 5 años. CLEMENTINA FABRA de 70 años, MIGUEL ÁNGEL BERMÚDEZ y MIGUEL FABRA.
Horas antes de la masacre fue detenido Inocencio Montero, presidente de la Junta Municipal de la ANUC en Turbo e indagado en el batallón Voltígeros. Inexplicablemente quienes asesinaron a los campesinos pasaron sin ser vistos por el reten militar instalado en el corregimiento ''El Dos'', entre Turbo y Punta de Piedra. Según testimonios los atacantes se movilizaban en tres vehículos militares.
Sobre esta masacre informó el diario El Tiempo (16:04:84): ''Los civiles, que llegaron a los dos caseríos vistiendo prendas del grupo antinarcóticos de la policía, al parecer forman parte de un grupo paramilitar que ha venido hostigando y asesinando desde hace varios meses a los campesinos de la región de Punta de Piedra, donde está enclavada una enorme hacienda que fue invadida por cientos de colonos desde hace más de un año”.
Los campesinos asesinados en Punta de Piedra son los mismos que hace dos semanas organizaron una ''toma'' de la sede del Concejo municipal de Turbo y de las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en esta población del noroeste del país.
Durante la ocupación de las dos entidades, los campesinos denunciaron los ataques de que eran víctimas por parte de un grupo paramilitar que actúa en la región desde hace varios meses, en la más completa impunidad''.
Se afirma en el Informe del C.S.P.P.: ''Centenares de campesinos, horrorizados por la masacre, comenzaron a abandonar sus tierras, recién entregadas por el Incora, en busca de protección para sus vidas y las de sus hijos. Los campesinos abandonaron todo; viajaron a Turbo y Necocli. La Dirección de Instrucción Criminal designó el Juez 19 de Medellín, Olga Grisales, para que investigue la masacre, realizada por 30 personas que portaban fusiles G-3 y carabinas M-1, vestidas con uniformes de la policía antinarcóticos y con ponchos negros''.
Es necesario señalar que en el momento de la masacre el Incora, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, había iniciado los trámites de titulación de las parcelas para los campesinos”.
Fuentes:
1. JOSÉ EDUARDO UMAÑA MENDOZA - Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la región de Urabá, Julio 1988
