El 16 de julio de 2000, OLGA LUCIA LADINO VELÁSQUEZ fue desaparecida forzadamente, al parecer por miembros del Ejército Nacional, en San José del Guaviare. La última vez que se tuvo noticia de ella se encontraba departiendo, en compañía de MARÍA GRACIELA RIVERA, también desaparecida, con un grupo de soldados en una taberna denominada ‘El Cafetal’.
Olga Lucia Ladino viajó temporalmente a San José del Guaviare en julio de 1999 para visitar a su hermano. Posteriormente, decidió radicarse allí permanentemente. Allí se asoció con una amiga, conocida como Daisy, para poner un negocio de comidas rápidas. En el desarrollo de su sociedad se presentaron algunos inconvenientes, entre ellos que Daisy abandonó el negocio teniendo que hacerse responsable de él Olga Lucía. Ante tal situación, Olga Lucía Ladino se comunicó con el esposo de su socia para contarle los problemas que estaba enfrentando el negocio. Este a su vez habló con su cónyuge acerca de la conversación que había sostenido con Olga Lucía Ladino. Acto seguido Daisy amenazó a Olga Lucía Ladino con mandarla desaparecer.
Estando en San José del Guaviare, Olga Lucia Ladino entabló una relación sentimental con un soldado del ejército al tiempo que compartía su residencia con una señora conocida con el nombre de Yesenía, la cual al parecer tenía vínculos con el ejército.
Actualmente, el caso se encuentra en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. Está en etapa de indagación preliminar y hasta la fecha, casi cinco años después de haberse iniciado la investigación, no se ha vinculado a ningún responsable. El caso de la desaparición de Olga Lucía Ladino constituye una grave afrenta a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de miembros de las fuerzas armadas. Es un caso que tiene trascendencia internacional que compromete la responsabilidad del Estado colombiano.
Respecto a las diligencias adelantadas por las autoridades judiciales puede decirse que no ha habido progreso alguno. El 11 de octubre de 2004, fue decretada la inspección judicial de los libros del Batallón Joaquín París de San José del Guaviare, para ver la lista de ingreso al batallón y para determinar los nombres de los comandantes de la Base Militar del Sinaí para la fecha en que ocurrieron los hechos. Los investigadores del CTI delegados para la Unidad de Derechos Humanos fueron los encargados de practicar la inspección el 20 de diciembre de 2004. Estando en las instalaciones del batallón, en donde acostumbraba ingresar Olga Lucía Ladino, fueron atendidos por el mayor Miguel Darío Galvis Rojas. Este les manifestó que no llevaban libros de registro de personas y que a ese batallón solo ingresaban militares, razón por la cual no se pudo practicar la prueba.
Igualmente, la diligencia de inspección judicial para establecer la identidad de los comandantes tampoco se pudo realizar porque, según les manifestó el mayor, el militar encargado de los libros estaba de licencia. Dicho mayor no adelantó ningún trámite para facilitar el acceso a los libros y por el contrario, con ánimo dilatorio pidió que se dejara un memorial para practicar las pruebas en otra oportunidad.
