Iñigo Egiluz Telleria
Fuente: JUSTICIA Y PAZ
1. Defensor de Derechos Humanos - PTM Paz y Tercer Mundo
Hechos
El 18 de noviembre de 1999 en Quibdó, Chocó, paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron al Sacerdote colombiano JORGE LUIS MAZO PALACIOS, Párroco en el municipio de Bellavista - Bojayá (Chocó) y al cooperante vasco español IÑIGO EGILUZ TELLERÍA, miembro de la organización española de ayuda humanitaria Paz y Tercer Mundo, PTM, en momentos en que regresaban de atender a poblaciones desplazadas del municipio de Murindó (Antioquia) y se encontraban frente a las instalaciones de la Gobernación, en la ciudad de Quibdó.
El hecho ocurrió hacia las 9:30 p.m., cuando los paramilitares estrellaron la panga (embarcación rápida) en que se desplazaba contra el bote de madera de 18 metros de largo en que viajaban las víctimas, acompañadas de varios campesinos, entre ellos algunos menores de edad, y misioneros de la Diócesis de Quibdó, destruyendo la embarcación, golpeando directamente a Iñigo y Jorge Luis y lanzando a todos los pasajeros a las aguas del río Atrato. Iñigo y Jorge Luis acompañaban procesos organizativos con comunidades negras e indígenas de la zona del Medio Atrato antioqueño y chocoano, y estaban comprometidos con los procesos de acompañamiento y retorno de las comunidades campesinas desplazadas de Pueblo Nuevo y Mesopotamia. La lancha agresora iba conducida por el paramilitar Yimy Matute Palma, quien tenía orden de captura por haber participado en la toma militar-paramilitar del municipio de Riosucio el 20 de diciembre de 1996, en la cual fueron asesinadas y desaparecidas numerosas personas, pero en la cual se comprobó también posteriormente la estrecha unidad de acción entre el ejército y los paramilitares.
El paramilitar agresor había pernoctado la noche anterior en el Hotel Malecom de Quibdó, donde el DAS hace control diario de huéspedes, sin haberlo capturado, a pesar de tener orden de captura. Además, Matute Palma había pintado la lancha de otro color el día anterior, junto a las instalaciones de la policía, sin autorización legal para hacerlo, y la había parqueado en un sitio de la Defensa Civil, donde solo se parquean embarcaciones oficiales. Los militares que observaron el atentado, o fueron informados inmediatamente del mismo, no colaboraron en el rescate de los cadáveres ni informaron a las autoridades de control del río para detener a los victimarios en su fuga. Estos huyeron hacia Vigía del Fuerte, donde existía un puesto de control (retén) paramilitar con plena aquiescencia de todas las autoridades y allí fueron vistos al día siguiente. Allí mismo, el 19 de noviembre, interceptaron a los miembros del Equipo Misionero de la Diócesis de Quibdo y les preguntaron qué estaban haciendo en la zona; cuando éstos les respondieron que estaban buscando los cadáveres de las personas que iban en la embarcación que fue embestida, los victimarios les respondieron: “sigan buscando a esos guerrilleros”.
Si bien el paramilitar Matute Palma fue capturado después, sometido a juicio y condenado en primera instancia para aplacar la protesta internacional, las autoridades judiciales se negaron en todo momento a investigar y enjuiciar a toda la estructura criminal a la cual pertenecía Matute Palma, como se evidenció mucho más durante el proceso.
Fuentes:
- 1. CINEP Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003
