El 4 de septiembre de 1995 en Barrancabermeja, Santander, los jóvenes JOSÉ GREGORIO ROMERO REYES, ALBEIRO RAMÍREZ y WILFREDO QUIÑÓNEZ BÁRCENAS, todos de 19 años de edad, fueron torturados y asesinados por tropas del batallón Nueva Granada. Los cuerpos de José Gregorio y Albeiro fueron encontrados en la vía que conduce a la inspección departamental El Centro, a 50 metros de un retén militar y presentaban visibles señales de tortura.
Inicialmente, José Gregorio y Albeiro, en compañía de Wilfredo, habían sido detenidos hacia las 10 de la noche en un retén instalado en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo por soldados que hacían parte del batallón Nueva Granada, cuando se dirigían en sus bicicletas hacia el barrio La Esperanza donde fueron invitados a una fiesta. Los militares los obligaron a abordar una tanqueta y no se supo de su paradero hasta el día siguiente, cuando Wilfredo fue encontrado asesinado en la vía a la inspección departamental El Llanito, presentando graves signos de tortura: le mutilaron un dedo de la mano izquierda, le extrajeron el ojo izquierdo, le partieron el brazo izquierdo y le desfiguraron a golpes parte del rostro. Wilfredo fue presentado como uno de tres guerrilleros de la UC-ELN, muertos en combate con tropas del batallón de Contraguerrilla No. 45, Héroes de Majagual, en un establecimiento de Barrancabermeja, en desarrollo de operativos militares, luego de la muerte de tres soldados del mismo batallón en el barrio La Esperanza (1).
Al respecto el teniente Jairo Alberto Prieto Rivera comandante de la Campañía “Héroes de Majagual” consignó en su informe que Wilfredo Quiñónez había sido dado de baja pues no hizo alto al llamado de los militares y trató de huir. Algunas personas que se encontraban cerca al lugar de los hechos desmintieron dicha versión y afirmaron que los jóvenes fueron perseguidos y golpeados por miembros del Ejército Nacional.
Las investigaciones son adelantadas por la Fiscalía 15 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, en contra del mayor Jairo A. Prieto Rivera y los soldados profesionales Orlando Cevallos Arboleda y Luis E. Pineda Matallana, en contravía de lo dispuesto en la sentencia C- 358 de 1997 de la Corte Constitucional, en donde se fijan los criterios para determinar la jurisdicción. Esta sentencia señala que la prueba de la relación entre el acto que se investiga y el servicio militar debe ser clara, pues el fuero es una jurisdicción de excepción, y en ese sentido, ante cualquier duda la jurisdicción competente sería la ordinaria. Aunque los soldados fueron desvinculados de las fuerzas armadas, el mayor Prieto continúa en servicio activo (2).
Fuentes:
1. PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª - Crímenes de Lesa Humanidad 1966-1998 • QUINTO MODELO DE REPRESIÓN: Consolidación y Legalización del Paramilitarismo, 1995-1998
2. COMENTARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE COLOMBIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA ASISTENCIA MILITAR ESTADOUNIDENSE - 15 de julio de 2004
