El 4 de julio de 1993 en Santa Rosa del Sur, Bolívar, los labriegos menores de edad ARMANDO PEREZ y JOSE RODRIGO CARO fueron detenidos, torturados y asesinados por la Brigada Móvil No. 2 en el corregimiento Los Canelos. Ambos muchachos, que eran muy conocidos en la región, fueron detenidos el día 2 de julio a las 7:20 de la noche, por tropas de la Brigada Móvil No. 2 cuando veían un partido que era transmitido por la televisión, junto con otras tres personas. Los militares llegaron al sitio acompañados por un poblador de la región, de nombre Silias León, quien portaba un uniforme camuflado y una capucha sobre la cabeza. León señaló a los dos jóvenes, y de inmediato los soldados los sacaron violentamente de su vivienda, los hicieron acostar boca abajo y después de requisar el predio, los llevaron atados de las manos y del pie derecho de uno con el izquierdo del otro. El día siguiente, los militares se presentaron a la casa de un tendero a reclamar una provisión que los detenidos habían comprado y que según el ejército, era para la guerrilla; exigieron los 200 mil pesos que había costado la provisión y cargaron a los detenidos con bultos de víveres de aproximadamente 3 arrobas, dirigiéndolos hacia la vereda Las Cruces. Al llegar a esta vereda, vistieron a Pérez y a Caro con uniformes camuflados y capuchas.
Ese mismo día, el 5 de julio, un helicóptero de la Brigada llegó al cementerio de Santa Rosa con los cuerpos de los jóvenes, los cuales estaban “destrozados por los tiros de fusil”, al extremo que “por los agujeros de salida podía entrar la mano”. Según la comunidad una de las víctimas era hermano de un comandante del ELN, pero afirmaban que los jóvenes nada tenían que ver con la guerrilla. Los menores de edad fueron presentados como guerrilleros no identificados, del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 18 Cimarrones, adscrito a la Brigada Móvil No.2. Como antecedente, soldados de la Brigada Móvil No. 2 habían llegado a la casa del padre de Armando, el señor Eliodoro Pérez y le quitaron $500.000 pesos y la cédula. Los testigos de todos estos hechos y miembros de la comunidad se negaron a declarar por temor a las represalias ya que la zona se encontraba fuertemente militarizada. Por estos hechos la dirección nacional de investigaciones de la Procuraduría adelantó la indagación preliminar, siendo archivado el proceso definitivamente el 22 de febrero de 1995.
