El 28 de mayo de 1992 en la vereda La Ratonera, en zona rural limítrofe entre los municipios de Mutatá e Dabeiba, Antioquia, tropas del Ejército asesinaron y presentaron como guerrilleros muertos en enfrentamientos a la campesina ELVIA ROSA GARCÍA y sus hijos: PEDRO CLAVER ARBOLEDA GARCÍA, GABRIEL ARBOLEDA GARCÍA (17 años), VIRGINIA ARBOLEDA GARCÍA (10 años), LUIS GERARDO ARBOLEDA GARCÍA y RODRIGO ARBOLEDA GARCÍA (5 años). Todos recibieron sepultura en el cementerio de Mutatá como personas sin identificar y presentados como guerrilleros muertos en enfrentamientos con el Ejército. Un hijo de dos años y el padre de la familia, únicos sobrevivientes, fueron detenidos por los militares durante tres días.
Este caso fue interpretado por los habitantes de la zona como una respuesta militar a la ocupación que las FARC habían efectuado del municipio de Dabeiba dos días antes. Ante lo cual, el Ejército debía mostrar resultados positivos de un despliegue militar muy grande que incluyo fuerzas terrestres y aéreas. El hecho fue el efecto de un ataque indiscriminado con metralla a una casa campesina, sin que de la casa se estuviera disparando contra la tropa, con descargas tan cerradas que prácticamente destruyeron objetos y cuerpos, de donde se infiere que se trato de verdaderas ejecuciones extrajudiciales y no de simple excesos e imprevisiones.
Relata la fuente: “Según quejas presentadas por un funcionario municipal, ONCE PERSONAS fueron asesinadas por el Ejército el 28 de mayo de 1992, en zona rural limítrofe entre los municipios de Mutatá e Dabeiba. En esos días se presentaron enfrentamientos fuertes entre guerrilla y Ejército, los que fueron ampliamente publicitados por los medios de comunicación, ya que hasta el Ministro de Defensa de Colombia visitó la zona. Los operativos del Ejército contaron con tal despliegue de fuerza y, al parecer con ataques tan indiscriminados, que la Cruz Roja Internacional tomó cartas en el asunto y se hizo presente en la zona, antes las quejas elevadas por diversas personas”.
Añade la fuente: “CASOS DE PERSONAS PRESENTADAS COMO GUERRILLEROS DADOS DE BAJA EN COMBATE - Este problema tiene su base fundamental en el conflicto armado y las victimas han sido principalmente campesinos de las zonas en la que se presentan combates entre Ejército y guerrillas. Es un asunto grave porque se violan dos normatividades protectoras de los ciudadanos: las normas del derecho internacional humanitario, que protegen la integridad de la población civil en los conflictos armados, y las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos (…).
Hay varios casos de personas muertas que han sido presentadas como “guerrilleros dados de baja en combate”. Los casos conocidos son preocupantes y han llamado la atención de autoridades regionales y locales, tanto que en el argot judicial y de Procuraduría se habla de situaciones irregulares en las que se “legaliza al muerto”. Esto hace referencia a actuaciones ilegales, con uso indebido de la fuerza por parte de los militares, que son presentadas como regulares mediante informes falsos, pruebas inventadas o vistiendo a los cadáveres con uniformes militares.
Pero no solamente se habla de combates sino también de intentos de fuga, porque para legalizar un muerto se debe presentar a la Procuraduría un informe sobre el combate, respondiendo al oficio de la Procuraduría que ordena abrir la investigación. Sin embargo, contra el ejército resulta muy difícil iniciar las investigaciones, pues aunque el comandante en su respuesta a Procuraduría informa que soldados y oficiales actuaron en determinado operativo, nunca se ofrecen nombres de los soldados que dispararon, no se encuentra responsabilidad directa y de esa manera la Procuraduría jamás puede obtener pruebas reales. Además las personas que elevan quejas a la Procuraduría ni siquiera saben de que batallón eran los soldados que ellos denuncian, ya que, en el eje bananero, los batallones Vélez y Voltigeros tienen sede en el mismo sitio y sus soldados visten de igual manera”.
Fuentes:
1. COMISION ANDINA DE JURISTAS Informes regionales de derechos humanos: Urabá. Bogotá 1994
