El 13 de marzo de 1992, en la vereda Chontadural, del municipio de Mutatá, según declaraciones de habitantes del municipio, fueron ejecutados por el Ejército el agricultor ANDRÉS AVELINO QUIROZ y el aserrador JOSÉ MARÍA GIRALDO, luego de que fueran detenidos en un retén militar. El reporte oficial los señalaba como guerrilleros dados de baja en combate, y aparecían uniformados. Sin embargo, vecinos del lugar señalaron que habían sido vestidos con uniformes militares después de muertos, a tal punto que a Andrés Avelino, por ser muy gordo, no le pudieron poner en forma adecuada el uniforme y se notaba claramente que no le pertenecía. Habitantes de Mutatá, y funcionarios municipales coincidieron en señalar que las personas muertas en los operativos y presentadas por los militares como guerrilleros dados de baja en combate eran en realidad agricultores de las veredas vecinas.
Añade la fuente: “CASOS DE PERSONAS PRESENTADAS COMO GUERRILLEROS DADOS DE BAJA EN COMBATE - Este problema tiene su base fundamental en el conflicto armado y las victimas han sido principalmente campesinos de las zonas en la que se presentan combates entre Ejército y guerrillas. Es un asunto grave porque se violan dos normatividades protectoras de los ciudadanos: las normas del derecho internacional humanitario, que protegen la integridad de la población civil en los conflictos armados, y las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos (…).
Hay varios casos de personas muertas que han sido presentadas como “guerrilleros dados de baja en combate”. Los casos conocidos son preocupantes y han llamado la atención de autoridades regionales y locales, tanto que en el argot judicial y de Procuraduría se habla de situaciones irregulares en las que se “legaliza al muerto”. Esto hace referencia a actuaciones ilegales, con uso indebido de la fuerza por parte de los militares, que son presentadas como regulares mediante informes falsos, pruebas inventadas o vistiendo a los cadáveres con uniformes militares.
Pero no solamente se habla de combates sino también de intentos de fuga, porque para legalizar un muerto se debe presentar a la Procuraduría un informe sobre el combate, respondiendo al oficio de la Procuraduría que ordena abrir la investigación. Sin embargo, contra el ejército resulta muy difícil iniciar las investigaciones, pues aunque el comandante en su respuesta a Procuraduría informa que soldados y oficiales actuaron en determinado operativo, nunca se ofrecen nombres de los soldados que dispararon, no se encuentra responsabilidad directa y de esa manera la Procuraduría jamás puede obtener pruebas reales. Además las personas que elevan quejas a la Procuraduría ni siquiera saben de que batallón eran los soldados que ellos denuncian, ya que, en el eje bananero, los batallones Vélez y Voltigeros tienen sede en el mismo sitio y sus soldados visten de igual manera”.
Fuentes:
1. COMISION ANDINA DE JURISTAS Informes regionales de derechos humanos: Urabá. Bogotá 1994
