eltiempo.com
28 de febrero de 1993
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El Gobierno Nacional ordenó implantar a partir de ayer el toque de queda en los municipios de Urabá más afectados por la violencia, luego del asesinato ayer de cuatro personas, entre ellas el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Agro (Sintrainagro), José Oliverio Molina Cardona. También ordenó el Gobierno intensificar la vigilancia y patrullaje militar y decidió el traslado a Urabá del comandante de la Primera División del Ejército, general Rodolfo Torrado Quintero, con sede en Santa Marta, para dirigir las operaciones.

En un comunicado firmado por los ministros de Gobierno y Defensa, Fabio Villegas y Rafael Pardo, se anunció también que en marzo se llevará a cabo el lanzamiento y puesta en marcha del plan social de Seguridad y Justicia para la zona de Urabá, que incluye inversiones por cerca de 130 mil millones de pesos.

El plan se ejecutará en los próximos tres años e incluye inversiones en las áreas de justicia, servicios públicos, inversión social, desarrollo agropecuario y fuerza pública. Contempla, igualmente, la creación del cargo de delegado presidencial para el área.

Molina fue asesinado en un confuso episodio, calificado por algunos sectores como parte de una guerra política dentro de Sintrainagro.

El dirigente obrero de la región bananera de Urabá era miembro de la Unión Patriótica (UP). Su crimen ocurre exactamente un mes después del asesinato de Jesús Alirio Guevara Angarita, vicepresidente del sindicato y dirigente de Esperanza, Paz y Libertad.

Ayer también fue asesinado Luis Contreras, un ex guerrillero del Ejército Popular de Liberación que se había acogido a la política de reinserción. Su cuerpo fue trasladado a Montería. Desde el 4 de febrero han muerto asesinados 27 trabajadores bananeros, entre ellos varios miembros de Esperanza, Paz y Libertad en la zona de Urabá.

El cadáver de Molina Cardona fue hallado baleado ayer a las 6 de la mañana en los bajos del puente de la Avenida 33, en la autopista sur, cerca del Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín.

El dirigente, de 41 años, asistía a una reunión de la junta directiva de Sintrainagro, que se cumplía desde el pasado 24 de febrero en el hotel Metropol, a una cuadra del comando de la Policía Metropolitana. Al encuentro también asistió el presidente del sindicato Guillermo Rivera.

La reunión de Sintrainagro giraba en torno del problema de la violencia en Urabá y la preparación de la Plenaria Nacional de la Federación Agraria.

Ayer, a las 5 de la mañana aproximadamente, Molina abandonó el hotel tras haber asistido el viernes a las reuniones de la junta directiva. Llevaba su equipaje y pensaba viajar hacia Apartadó, donde residía desde hace más de seis años. Decidió esperar un taxi mientras bajaban de su habitación otros dos dirigentes sindicales de Urabá, Gerardo Reyes y Gabriel Espitia.

Según un testigo, cuando se encontraba en la acera, dos hombres armados lo intimidaron y lo subieron por la fuerza a un taxi . Molina, un líder Molina, un hombre de extracción campesina natural de Ibagué (Tolima), llegó a Urabá en 1986, cuando la región atravesaba una etapa difícil.

Era el momento en que se vivía la efervescencia de la organización sindical. Se había creado Sintrabanano y la violencia se reflejaba en los asesinatos de los grupos paramilitares y la agresividad en los conflictos con los patronos , dijo ayer Belisario Restrepo, miembro de la junta directiva de Sintrainagro.

Molina fue uno de los dirigentes sindicales que más influencia tuvo en el desarrollo de los sindicatos agrarios en la zona de Urabá. Miembro de la UP, fue secretario general de Sintrainagro desde su fundación en 1989 y concejal de Apartadó en el período pasado.

Restrepo dijo que Molina, como gran parte de la dirigencia sindical en Urabá, estaba amenazado de muerte: Allá las amenazas son anónimas. Muchas veces, hombres encapuchados y fuertemente armados llegan hasta las viviendas de los sindicalistas para amedrentarlos a ellos y a sus familias .

Desde la muerte de Guevara, atribuida al grupo de Francisco Caraballo, se habla en distintos medios relacionados con Urabá, de una lucha por el poder político dentro del sindicato, entre los grupos políticos como Esperanza, Paz y Libertad y la coalición entre la UP y el Partido Comunista Colombiano (PCC). Varios expertos aseguran que se ha desatado una pugna interna dentro de la junta directiva. El asesinato de Guevara y ahora el de Molina son vistos como capítulos de esa guerra.

Sintrainagro controla a más de veinte mil obreros de la fruta en 240 predios rurales y tiene gran influencia sobre las votaciones en todos los municipios de la región bananera.

Sin embargo, voceros del sindicato consideraron que no existe tal guerra. Dijeron que sólo es una campaña de desinformación por parte de grupos que nunca han tenido control político en la zona y ahora buscan crear confusión ante la inminencia del vencimiento de las convenciones colectivas y de la asamblea general bananera.

El cadáver de Molina era velado ayer en la sede de Fesutrán en Medellín y se gestionaba su envío a Ibagué o Apartadó. Comisión de paz Rivera, presidente de Sintrainagro, anunció que mañana lunes se realizará una reunión de los trabajadores bananeros para estudiar la situación. No se descarta el cierre de la oficina de Sintrainagro en la región de Urabá, dadas las condiciones de violencia.

Las autoridades y habitantes de Urabá, entre tanto, esperan que el presidente César Gaviria visite dicha región el próximo martes, para dar a conocer un ambicioso plan de inversiones para combatir la violencia y el desempleo de la rica zona.

Mientras tanto, en el foro de la Alianza Democrática AD M-19, que se realiza en Bogotá, hubo un paréntesis para discutir la difícil situación que vive la región de Urabá.

Los asistentes propusieron, en primer término, crear una comisión de paz que estaría integrada por monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo de Apartadó; Antonio Navarro Wolff, líder de la AD M-19; Alvaro Vásquez del Real, secretario general del PC, un vocero del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, un representante del Gobierno y otro del Partido Liberal.

Los asistentes volvieron a pedir respuestas concretas del Gobierno para la región y la creación del Distrito Especial de Paz para Urabá, con base en el artículo transitorio 47 de la Constitución.

En el foro también se habló de la posibilidad de que el Gobierno le dé el visto bueno a un movimiento de autodefensa para que los integrantes de Esperanza, Paz y Libertad se defiendan de los ataques del grupo de delincuentes de Francisco Caraballo. Los representantes de la AD M-19 se reunirán mañana con el ministro de Gobierno, Fabio Villegas Ramírez, para analizar la situación. Golpe a la reinserción Con el asesinato del ingeniero y profesor universitario Fernando Obdulio Duque Mejía y el contador John Jairo Zuluaga Uribe, el viernes por la tarde en Apartadó, la delincuencia propinó un fuerte golpe a la Corporación Nacional para la Investigación, Educación y Asesoría Socioempresariales (Conideas).

Duque y Zuluaga, de 38 y 36 años respectivamente, eran director y tesorero de Conideas en Urabá. Sus cuerpos serán trasladados a Medellín. Ambos llevaban más de dos años trabajando por el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región de Urabá.

Los dos profesionales fueron asesinados, a las 5:30 de la tarde, en la oficina de la Corporación en las afueras del municipio de Apartadó, por cuatro sicarios.

Ayer, nadie se atrevía en Urabá a señalar a ningún grupo como autor de este doble crimen. Sin embargo, se considera que hace parte de un plan de desestabilización de la zona y de ataque al proceso de reinserción.

Conideas trabaja en la zona desde antes de efectuarse la reinserción a la vida civil de los guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL), el primero de marzo de 1991. Fue contratada por la Oficina de Reinserción de la Presidencia de la República, para asesorar los planes de desarrollo y programas empresariales con los reinsertados en Urabá. Alcaldes adoptarán el toque de queda El gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, hasta anoche no había logrado comunicarse con los alcaldes de la región bananera de Urabá para ponerse de acuerdo sobre los sitios y las condiciones en que se decretaría el toque de queda.

En Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó y Mutatá, municipios del Eje Bananero, los más susceptibles para que se tomara la medida del toque de queda a partir de ayer, por sus condiciones de violencia, los alcaldes no se encontraban en sus despachos, por lo que resultó imposible para el Gobernador hablar con ellos.

El primer mandatario antioqueño dijo que autorizó al coronel Carlos Leongómez Mateus, comandante de la Undécima Brigada, con sede en Montería, quien se trasladó ayer a Urabá, para coordinar con los alcaldes el manejo de la medida de excepción. En este caso, son los Alcaldes quienes deben decretar el toque de queda en cada una de sus jurisdicciones.

Gómez dijo que en un principio pensó que el toque de queda era lo más conveniente, pero que el coronel Leongómez opinó que la medida era innecesaria por ahora y que sólo se llevaría a cabo problemas de violencia.