PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª
Crímenes de Lesa Humanidad 1966-1998
QUINTO MODELO DE REPRESIÓN: Consolidación y Legalización del Paramilitarismo, 1995-1998
En Las Nieves, zona rural de Tiquisio, los testimonios registraron la llegada a comienzos de 1997 de un grupo de 260 soldados adscritos al Batallón Nariño, entre quienes los testimonios dieron referencia de un Teniente de apellido Bello y un soldado de apellido Mena que permanecieron entre el sábado y domingo. Establecidos en el lugar, pidieron a los lugareños que les hicieran mandados, ir a las tiendas a comprarles “mecato”, y tuvieron en general buen trato para con la gente. Al día siguiente bajaron hasta el poblado e hicieron algunas compras. “Se portaron muy formales los militares, todo lo que sacaron de las tiendas fue comprado, todo lo pagaron, es más, los útiles que prestaron, como los útiles de cocina, los prestaron y los devolvieron”. Y aunque entraron como militares, es decir, con armamento y uniformes del Ejército regular, la población confirmaba que entre la tropa reconocieron al menos 8 desertores de grupos guerrilleros que estaban vinculados como paramilitares.
Entre el grupo de militares, a la hora de salir, en el segundo día de estadía y sin dar justificación alguna, uno recolectó algunos nombres de los pobladores a quienes tomó nota de cómo se llamaban y su número de cédula. Las personas por quienes indagaron eran vecinos del mismo pueblo y en su mayoría mineros, algunos dedicados al comercio; además del presidente de una Junta de Acción Comunal. Para complementar la averiguación directa, los militares le hicieron preguntas a los niños respecto a las personas de la población. Para ello generaron confianza con los infantes dejándoles manipular algunos equipos, en concreto, “le prestaban los binoculares para que miraran y dijeran quiénes estaban, quiénes eran las personas que estaban allá” (…) “a otros niños sí les preguntaron por el señor de la tienda, quién era el Presidente de la Junta, también les preguntaron”. El testimonio de los habitantes del municipio indica que al menos a uno de los niños, “le dijeron que esa lista iba directo para los paramilitares”.
Pocos días después de la llegada del Ejército, el 13 de enero de 1997, se registró el asesinato de DOS CAMPESINOS a manos de paramilitares, en el corregimiento Tiquisio Nuevo. En días posteriores el poblado fue objeto de ametrallamientos desde helicópteros.
El 1 de marzo de 1997, un grupo de paramilitares entró al corregimiento Norosí de Río Viejo, provocando el desplazamiento de las comunidades que habían retornado en días anteriores y asesinaron a dos personas oriundas de los municipios de Puerto Rico (Tiquisio) y Santa Rosa del Sur.
El 22 de marzo de 1997 en horas de la mañana, se presentó un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, en el puente que comunica a Tiquisio Nuevo con Puerto Venecia (en Achí). Ese mismo día en horas de la tarde tres helicópteros y un avión Hércules bombardearon los corregimientos de Dos Bocas (en Tiquisio) y Puerto Venecia; entre tanto, dos aviones de guerra K-fir bombardearon el sitio llamado Puerto Mango, ubicado a 3 kilómetros del corregimiento Tiquisio Nuevo.
Ese mismo día una parte de la tropa salió de la zona y el resto permaneció hasta el domingo 24 de marzo, quedando algunos soldados, quienes en compañía de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, comandadas por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, conocido como “El Mono Mancuso”, llevaron a cabo en los corregimientos de Coco y Puerto Coca una acción armada.
El 28 de marzo, los paramilitares de las AUCC y el Ejército asesinaron a los campesinos CESAR JULIO GUTIÉRREZ VERGARA de 24 años, DONALDO ANTONIO RAMÍREZ BARAONA de 25 años, ROBINSON ACEVEDO CHAMORRO de 22 años, DAIRO JARAMILLO ACOSTA (o ZAPATA) de 19 años, WILSON SIMANCA ACOSTA de 34 años, el comerciante WILSON GARCÍA CARRASCAL de 27 años y un JOVEN no identificado.
Uno de los pobladores que fue testigo de estos hechos, afirmó que “los militares del batallón Nariño, que habían estado una semana antes en El Coco… habían llegado al Coco, comandados por el Capitán Leguizamón, quien reunió a la población y habló con ella recolectando nombres con números de cédula”. Entre los paramilitares había miembros de los grupos que operaban en El Guamo, Bolívar, entre ellos uno conocido como “Rubén”, que hacía parte de una Convivir de Magangué, Bolívar, en la que se encontraban dos desertores de la guerrilla, uno de ellos conocido como “Confite”. Esta Convivir había sido organizada por los hermanos Botero (Héctor y otros), familiares del ex Ministro de Defensa Fernando Botero Zea, y grupos paramilitares de las ACCU de Valledupar y San Onofre, Sucre.
La acción armada fue planeada por Mancuso en una reunión en el corregimiento El Retiro de Magangué, de allí los paramilitares salieron a bordo de aproximadamente 15 embarcaciones que les retuvieron a los chaluperos de este corregimiento. El 27 de marzo, hacia las 2 de la madrugada, llegaron al corregimiento Puerto Venecia de Achí y permanecieron hasta el día siguiente haciéndose pasar por guerrilleros del XXXVII frente de las FARC-EP; pintaron las paredes del pueblo con letreros alusivos al grupo subversivo y dijeron que iban a “darle un golpe al Ejército”. Para el supuesto fin, les pidieron sus motocicletas a César Julio, Donaldo y otro muchacho, quienes accedieron a su petición y a acompañarlos. Horas después los cuerpos de los tres jóvenes fueron hallados abandonados en la vía entre los corregimientos Coco Tiquisio y Tiquisio Nuevo. Luego se dirigieron a la cabecera municipal de Tiquisio, donde retuvieron violentamente al CURA PÁRROCO, a otro SACERDOTE, a un ESTUDIANTE franciscano y a un MÉDICO, amenazándolos de muerte y conminándolos a abandonar la región, además preguntaron por el conductor de una chalupa, la cual destruyeron a bala.
Después se dirigieron al corregimiento Puerto Coca, ubicado a 5 kilómetros del casco urbano, donde asesinaron a cuatro víctimas, en presencia de los pobladores. Durante su recorrido por la cabecera municipal de Tiquisio y los corregimientos Puerto Coca y Tiquisio Nuevo, saquearon todos los almacenes, tiendas y droguerías, dejaron una lista de 34 pobladores “condenados a muerte” y se llevaron cerca de 1.000 reses, además de dinero y joyas de los pobladores. Las pérdidas fueron calculadas por la Personería Municipal en 150 millones de pesos. Estas acciones se llevaron a cabo sin resistencia alguna por parte de miembros de la Policía, que realizaba labores de vigilancia y control en la región. El ganado fue llevado a Plato, Magdalena a la finca “Jesús del Río” de propiedad del narcotraficante Miky Ramírez. En esa finca había campamentos, se realizaban escuelas de entrenamiento y era sede de una Convivir.
ACTUACIONES JUDICIALES
El 28 de mayo de 1997, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Magangué inició la investigación previa contra “desconocidos (AUC)”, bajo el radicado No. 624. El 15 de agosto de 1997, la remitió por competencia a la Fiscalía Regional de Barranquilla, donde se le asignó el radicado No. 8694. El 27 de mayo de 1998, el proceso fue remitido a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Allí, por los hechos cursa la investigación con el radicado No. 272, encontrándose en etapa preliminar en la que se ordenó el 18 de abril de 2005 práctica de pruebas. No se ha vinculado a ninguna persona.
Por otro lado, el 28 de abril de 1997 fue presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. El 8 de mayo de 1997 la CIDH le asignó al caso el No. 11750.
La incursión paramilitar a los Corregimientos pertenecientes a Tiquisio, así como a su casco urbano, obedeció a la resistencia que los mineros artesanales pusieron a la intención de multinacionales y de la familia Illera Palacio de disputar el dominio de las minas de oro en la región, y marcó la entrada a sangre y fuego del aparato paramilitar en la zona, dejando a Tiquisio sin médicos, pues los que habían fueron amenazados y tuvieron que salir de la región; los propietarios de varios establecimientos públicos que fueron destruidos abandonaron la zona; la producción agrícola se redujo sustancialmente, por el temor de los agricultores a movilizarse a las zonas rurales. Esta situación afectó aproximadamente a 200 pobladores del corregimiento Puerto Coca, de los cuales el 20% eran niños de entre 1 y 12 años y el 22% adolescentes de entre 13 y 17 años.
Los pobladores explican las acciones en su contra, “porque como todos los habitantes de la zona somos colaboradores por el simple hecho de estar viviendo en la zona, pues ahí nos convertimos de pronto en vinculados, pero directamente, con grupos como combatientes o algo, ni siquiera como milicianos”. Pero desconocen que el verdadero interés de los paramilitares es económico al disputarse el comercio de coca y las minas de oro de la región.
En una carta enviada el 3 de marzo de 1997, el señor Efraín Illera Palacio desde la empresa Corona Goldfiels propuso a los mineros una conciliación para apoderarse de las minas expresando: “Con esta comunicación y nuestro ánimo conciliatorio queremos que haya paz en la región, no estamos interesados en patrocinar o colaborar con grupos paramilitares o fuerzas extrañas, somos conscientes de la importancia que ustedes tienen en la región y queremos con ustedes construir un nuevo país, en donde podamos resolver nuestras diferencias a base de diálogo y conciliación, y no de confrontación”.
Días después, y ante la negativa de los mineros a conciliar, se presentó la incursión en Puerto Coca. Al mes siguiente incursionaron en Río Viejo, donde asesinaron al presidente del comité de mineros diciendo que ellos venían por las minas.
El 20 de junio de 1997, el alcalde de Río Viejo LUIS SANTIAGO DE LA ROSA fue amenazado por paramilitares que lo presionaron a renunciar. Las amenazas se produjeron poco tiempo después de que los criminales arribaran a la cabecera municipal, decapitaran a una persona y propinaran latigazos a varios pobladores”.