AMNESTY INTERNATIONAL
19 de junio de 1998
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/045/1998/en/a5490553-da8e-11dd-80bc-797022e51902/amr230451998es.html
Población civil del municipio de Murindó, departamento de Antioquia, incluidos:
Habitantes de la aldea de El Bartolo: «Desaparecidos»: María Esperanza Ayala, Wilson Golzález, Gabriel Marriaga, Luis Mendoza, Juan Regyes, José González, Ever González.Muertos: Aurelio Borja, Remberto Tovar, Yomar Morelo, Walter Mendoza.
Habitantes de la comunidad de indígenas embera de Guaguas: «Desaparecidos»: Casilda Sapia, Fidel Pernía, Alirio Sapia, Jesús Majoré, Albeiro Jumí, Atencio Sinigüí, Trina Carupia, Francia Carupia, Celia Pipicay, Reiniero Sapia.
Habitantes de la comunidad de indígenas embera de La Isla: «Desaparecidos»: Gloria Domicó, Carlos Domicó, Olga Domicó, Emiro Domicó, Evelio Bailarín, Belarmina Bailarín, Lina Domicó, Emilio Bailarín, Gilma Domicó. Muerto: Otoniel Bailarín
Existe honda preocupación por la seguridad de la población civil del municipio de Murindó, departamento de Antioquia, y en especial por la de los 26 «desaparecidos» citados en el encabezamiento, a los que no se ha vuelto a ver desde que las fuerzas paramilitares atacaron sus comunidades a finales de mayo de 1998. El paradero de todos los «desaparecidos» sigue sin conocerse. Según los informes, las fuerzas paramilitares también fueron responsables del homicidio de las cinco personas citadas en el encabezamiento.
El 28 de mayo de 1998, un grupo paramilitar atacó la comunidad negra de El Bartolo, en el municipio de Murindó, en la región noroccidental de Urabá, y, según los informes, dio muerte a cuatro de sus habitantes. A los otros siete habitantes de esta comunidad citados en el encabezamiento no se les ha vuelto a ver desde la incursión paramilitar. Tras el ataque hubo ocho días de intensas luchas entre los paramilitares y los guerrilleros en la región, a consecuencia de las cuales gran parte de la población local se vio obligada a huir y buscar refugio en la aldea de La Isla.
La lucha obligó también a doscientos habitantes de la comunidad de indígenas embera de la aldea de Guaguas a abandonar sus casas y refugiarse en La Isla. Teniendo en cuenta las operaciones paramilitares que están teniendo lugar en la zona y el ataque contra El Bartolo, existe honda preocupación por los diez miembros de la comunidad de Guaguas citados en el encabezamiento, cuyo paradero se desconoce desde que se vieron obligados a huir de sus casas. No está claro si fueron secuestrados por los paramilitares o si huyeron a los bosques para refugiarse.
El gobernador de La Isla, otra comunidad de indígenas embera, ha informado de que al menos trescientas personas han buscado refugio allí. El 28 de mayo, Otoniel Bailarín, habitante de La Isla, murió, según los informes, a manos de paramilitares cuando atravesaba El Bartolo de camino a Murindó. Una comisión independiente compuesta por funcionarios del Estado y representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de defensa de los derechos de los indígenas que viajó a la zona para confirmar cuál era la situación ha confirmado también que sigue sin conocerse el paradero de los nueve miembros de la comunidad de La Isla citados en el encabezamiento, a los que se supone «desaparecidos».
INFORMACIÓN GENERAL
Las comunidades campesinas, incluidas las de negros e indígenas, de las zonas en las que se ha centrado el largo conflicto civil de Colombia han sufrido numerosos ataques. Ni los grupos izquierdistas de oposición armada, por un lado, ni las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, por otro, reconocen la neutralidad de la población civil en el conflicto.
Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia y sus aliados paramilitares siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos prácticamente con total impunidad. Durante los últimos cinco años, varios miles de civiles han muerto a manos de los grupos paramilitares en todo el país. Aunque en 1989 el gobierno colombiano suspendió la base constitucional para la formación de organizaciones paramilitares y dio instrucciones a las fuerzas armadas para que combatieran a tales grupos y los desmantelaran, en muchas zonas del país estas fuerzas paramilitares siguen actuando con el apoyo de las fuerzas de seguridad. El presidente Ernesto Samper Pizano ha prometido reiteradamente mejorar la situación de los derechos humanos y desmantelar las fuerzas paramilitares. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida para controlar las actividades de estos grupos ni para hacer que sus miembros respondan de las violaciones de derechos humanos graves y generalizadas que han cometido. Recientemente, el fiscal general de la Nación declaró que las fuerzas de seguridad aún no han ejecutado más de doscientas órdenes de detención pendientes contra presuntos miembros de grupos paramilitares.