AMNISTÍA INTERNACIONAL
Índice AI: AMR 23/31/95/s
AU 152/9529 de junio de 1995
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/031/1995/es/7cda1d0c-eb46-11dd-8c1f-275b8445d07d/amr230311995es.pdf

Exite honda preocupación por la seguridad de Olegario Romero Rodríguez, cuyo paradero se desconoce desde que fue visto por última vez el 6 de junio de 1995, cuando se dirigía a trabajar a una granja cercana.

El 6 de junio de 1995, a las siete menos diez de la mañana, Olegario Romero Rodríguez dejó su rancho en la zona de Vereda Lagunitas, Corregimiento de San Juan de Sumapuz, departamento de Cundimarca, para ir a trabajar a una granja cercana. Después de su «desaparición» 6 de junio de 1995, sus familiares denunciaron el hecho ante las autoridades colombianas.

La zona donde Olegario Romero fue visto por última vez es conocida como la Zona Roja y está muy militarizada como consecuencia de las actividades de los grupos armados que actúan allí. Existe una base militar, Unidad Móvil Núm. 1, cerca del lugar donde, según los informes, Olegario Romero «desapareció». Los vecinos informaron que poco después de su «desaparición», un helicóptero aterrizó en la base militar, lo cual dijeron que ocurría raramente. Aunque no existen pruebas de que las fuerzas de seguridad detuvieran a Romero Rodríguez, en el pasado, en las zonas donde se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla, la población civil ha sufrido violaciones de los derechos humanos, entre ellas «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad.

INFORMACIÓN GENERAL

En los últimos años, en Colombia se han cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detención arbitraria. El presidente Ernesto Samper Pizano, que accedió al poder el 7 de agosto de 1994, hizo varias promesas, durante la campaña electoral y después de los comicios, de mejorar la situación de los derechos humanos.

Sin embargo, los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad colombianas, junto con sus aliados paramilitares, continúan cometiendo graves abusos casi con absoluta impunidad. Los civiles que habitan las zonas en conflicto están entre víctimas de estas violaciones. Entre las promesas del presidente Samper está el compromiso de terminar con la impunidad de la que gozan los miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas paramilitares responsables de cometer violaciones de los derechos humanos.