CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
REINICIAR
Bogotá, enero 22 de 2004

LOS PARAMILITARES SIGUEN APROVECHANDO ”LA TREGUA”

LA CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
REINICIAR, ENVIA LA SIGUIENTE ALERTA TEMPRANA QUE SE ENTREGARA AL
DEFENSOR NACIONAL DEL PUEBLO DE COLOMBIA ANTE EL PERMANENTE PELIGRO
PARA LA VIDA DE LOS HABITANTES DE UNA EXTENSA REGIÓN DEL SUMAPAZ Y
ORIENTE DEL TOLIMA TRAS LOS CONSTANTES ATAQUES DE FUERZAS
PARAMILITARES QUE HAN SEGADO LA EXISTENCIA DE VARIOS CIUDADANOS EN
LA MENCIONADA ZONA DESDE AGOSTO DE 2002 A LA FECHA, LA OMISIÓN DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES FRENTE A LAS DENUNCIAS DE LA POBLACIÓN Y
DETENCIONES ARBITRARIAS

Bogotá, enero 22 de 2004

Con el presente escrito informo a su despacho sobre la grave
situación que está padeciendo la población civil de los municipios
de Cabrera, Pandi, Venecia, y San Bernardo, región del Sumapaz,
departamento de Cundinamarca, e Icononzo, oriente del departamento
del Tolima como resultado de la constante actividad criminal de
bandas paramilitares que desde agosto de 2002 a la fecha han asolado
la extensa zona, dejando como saldo varios ciudadanos asesinados,
entre ellos una destacada funcionaria pública y decenas de familias
desplazadas sin que las autoridades competentes hayan tomado medida
alguna para prevenir y evitar tales hechos. De esta situación no son
ajenas las detenciones arbitrarias.

Lo anterior lo señalo a fin de que se ponga en marcha el Sistema de
Alertas Tempranas para garantizar la vida e integridad física, la
honra y bienes de quienes aun permanecen en la región y posibilitar
cuanto antes las condiciones para que cese de inmediato el
desplazamiento y puedan retornar a sus hogares decenas de familias,
así como el debido proceso para los ciudadanos encarcelados.

Solicito también a Usted que a través suyo sean alertadas sobre
estos hechos las siguientes autoridades civiles y militares:

-Vice-presidente de la República
-Fiscal General de la Nación
-Procurador Nacional

2

-Comandante General de las Fuerzas Armadas
-Comandante General del Ejército
-Gobernador del departamento del Tolima
-Gobernador del departamento de Cundinamarca
-Alcalde de Cabrera
-Alcalde de Venecia
-Alcalde de Pandi
-Alcalde de Icononzo
-Alcalde de San Bernardo

ANTECEDENTES
Coincidiendo con la posesión del Presidente Uribe Vélez, en la
región del Sumapaz y oriente del Tolima se ha incrementado la
actividad del paramilitarismo contra diversos sectores de la
ciudadanía a los que éste señala de complicidad con las guerrillas
para justificar sus crímenes y saquear las pertenencias de las
victimas.

De otro lado, oficiales destacados del Ejército Nacional, cuya
omnipresencia en la zona es de todos conocida, han tomado una
actitud de hostilidad manifiesta contra la población civil bajo el
supuesto de una simpatía con los grupos insurgentes.

Así, el 29 de agosto de 2002 en la población de Venecia,
Cundinamarca, el coronel Juan Carlos Puentes, comandante por ese
entonces del Batallón 39 bajo las órdenes de la Décimo Tercera
Brigada, al mando de todas operaciones castrenses en la región de
Sumapaz, reunió con carácter obligatorio a la población del casco
urbano para informar y orientar sobre la situación de orden público
reinante allí. Lo que podría calificarse de legítimo perdió toda su
esencia cuando se aludió equivocadamente a algunos dirigentes
populares de dicho municipio: líderes de Juntas de Acción Comunal,
sindicalistas, presidentes de asociaciones cívicas, etc., como
personas que podían poner en peligro la institucionalidad del país
por su posición frente al paro nacional campesino que por aquello
días se estaba organizando legalmente en todo el país y fijado para
el 16 de septiembre de se mismo año.

Indicó que había gente que estaba convocando paros contra el Estado
y que quienes hacían tales llamados eran delincuentes y esos solo
podían estar en dos partes: en la cárcel o en el cementerio.
Intervenciones de este mismo tenor fueron hechas frente a reuniones
públicas convocadas por el mismo jefe militar en las poblaciones de
Pandi y Venecia, estigmatizando siempre a las organizaciones
populares y de oposición señalándolas como facilitadoras del
accionar de los levantados en armas.

Como es conocido, históricamente en esta región ha tenido amplia
influencia el Partido Comunista y más recientemente la Unión
Patriótica, organizaciones que han sufrido en las dos últimas
décadas todo el rigor de la guerra sucia. Muchas de las víctimas que
se relacionan en esta Alerta Temprana han simpatizado con la Unión
Patriótica aunque hay que recordar que la oleada de violencia allí
desatada castiga por igual a todos, tengan o no militancia política,
y es nuestro deber como organización defensora de los Derechos
Humanos velar por los mismos sin distinción alguna.

HECHOS

El 11 de septiembre de 2002 a las 10: 15 p.m. fue allanada en el
casco urbano de Venecia, la residencia del ciudadano Diógenes Correa
por parte de 20 militares. Según ellos era auxiliador de la
guerrilla. Tras el operativo no se encontró prueba alguna que
pudiera sindicar a dicho ciudadano pero si se llevaron
$4.755.000.oo, producto de un negocio familiar. A la Fiscalía los
militares solo reportaron $ 2.000.000.oo perdiéndose la suma de
$2.710.000.oo. Tal denuncia reposa en los despachos judiciales.
Dicho ciudadano goza hoy de libertad y sobre él no pesa proceso
alguno.

El 20 de septiembre de 2002, el ciudadano Misael Hernando Romero,
quien hacia parte del Comité de Cafeteros de Venecia y también
transportaba estudiantes del sector rural de dicha población, a las
6: 45 a.m. fue abordado por cuatro sujetos quienes le dieron muerte
a bala. Los asesinos pasaron a media cuadra del cuartel de la
Policía en su camino a la población de Pandi sin que fueran
molestados. Pero antes de llegar allí, el carro que los llevaba tuvo
un percance técnico cuyo arreglo los detuvo unos 20 minutos. Unos
instantes después del asesinato de Misael Hernando Romero, su hijo,
Deiber Romero Ibáñez, que venía con él, dió aviso a la Policía del
lugar.

¿Por qué en una zona tan militarizada en aquel momento, como lo
sigue hoy, los asesinos nunca fueron obstruidos ni tuvo lugar ni un
solo reten de los que siempre se ven a diario en la región? Ese
mismo día la tropa no permaneció en Venecia. En las partes altas de
Venecia y Cabrera, fueron apareciendo letreros pintados con las
siglas de las AUC. Los campesinos de la región se preguntan si no
fue el mismo Ejército el que pintó aquellas siglas pues pasó en la
tarde y al otro día todos vieron los avisos. En ese clima de zozobra
se vive el resto del año 2002 y buena parte del 2003.

A finales de noviembre de 2003, el Gaula y el Ejército se hacen
presentes en los cascos urbanos de Cabrera y Venecia para dar
captura a 13 personas acusadas de ser auxiliadores de la guerrilla.
Pocos días después son puestas el libertad dos de esas mismas
personas, pero posteriormente se detienen a tres ciudadanos más. Hoy
son 14 los detenidos bajo la misma sindicación, entre ellos Ancizar
Cruz, ex – alcalde de Cabrera. Se encuentran bajo arresto en
Girardot a cargo de la Fiscalía Tercera Delegada de Fusagasugá

El 4 de diciembre a las 3.30 de la madrugada tuvo lugar en la vereda
de San José de Guatimbol, municipio de Icononzo, Tolima, el crimen
de varios ciudadanos por parte de un grupo de paramilitares vestidos
de civil, fuertemente armados y pertenecientes a las AUC de Carlos
Castaño, como se identificaron ellos mismos.

Dichos sujetos asaltaron los lugares de habitación de los campesinos
Urías Orjuela Pedraza y Jaír Castañeda Prieto derribando puertas a
los gritos de que allí vivían auxiliadores de la guerrilla. Estos
ciudadanos fueron cruelmente asesinados. A Urías Orjuela le cortaron
en vida una oreja, muriendo con el cráneo destrozado con un cilindro
de gas, mientras que a Jaír Castañeda le cercenaron el rostro, le
aplicaron punzones en las yemas de los dedos para finalmente ser
degollado con un hacha.

Los otros vecinos fueron maniatados, entre ellos Luz Prieto, la
madre de una las víctimas, Jaír Castañeda. Todo ocurrió en presencia
de una niña de siete años y otra de tres. El dinero que encontraron
fue robado así como las pertenencias de la tienda adyacente.

Los asesinos al marcharse en dos vehículos que tenían cerca del
lugar, les dijeron a los sobrevivientes que les debían agradecer no
haberlos matado pues donde han entrado han asesinado a familias
enteras. El mismo día el esposo de Luz Prieto, Gentil Castañeda,
puso la denuncia ante la Fiscalía de Icononzo sin que a la fecha se
haya detenido a persona alguna.

La presidenta de la Asociación de Mujeres por la Paz de la
localidad, Edelmira Perilla, logró escapar de la muerte ocultándose
en el cafetal, pero sus pertenencias fueron saqueadas; algo similar
ocurrió con la tienda comunitaria de las mujeres de la vereda, donde
los asaltantes dejaron una granada. De igual forma el puesto de
salud fue desvalijado robándose 16 estufas y 24 reguladores de las
80 donadas por el Comité de Cafeteros del Tolima a los campesinos de
la vereda como contraprestación para que estos no afectaran la
ecología de la zona haciendo uso del bosque en la cocción de sus
alimentos.

Después de una hora larga de torturas, asesinatos y saqueos, los
criminales que prometieron volver a la vereda de San José de
Guatimbol, huyeron por la vía de El Chorro a la población de Pandi,
donde tienen seguro refugio al amparo de las autoridades como se
indica más adelante.

Los testigos del crimen de San José de Gautimbol afirman haber visto
a los asesinos el día del funeral en Icononzo, evidente muestra de
la impunidad que reina en la zona.

El 11 de diciembre de 2003, ocho días después del crimen de San José
de Guatimbol, es asesinada Ana Cornelia Varela Molina, secretaria de
Gobierno del municipio de Cabrera a pocos minutos de haber cumplido
en Pandi con una citación de la Fiscalia.

Ana Cornelia Varela Molina despachaba desde la gobernación de
Cundinamarca en Bogotá por motivos de orden público. Tres veces fue
nombrada alcalde encargada cuando los titulares debían marcharse si
no renunciaban. También despachaba desde sus casas en Fusagasugá o
en Cabrera atendiendo las cosas mas urgentes.

El 28 de diciembre de 2003 apareció su nombre en una nota del diario
El Tiempo. El Ejército la sindicaba de ser colaboradora de la
guerrilla y allanadas sus casas en los dos citados municipios en
búsqueda de posibles pruebas. La funcionaria, según el mismo diario,
se presentó ante el Fiscal de Cabrera para decirle, yo soy Ana
Cornelia Varela Molina a quien ustedes andan buscando; aquí estoy,
deténganme. El Fiscal le contestó que contra ella no pesaba ninguna
orden de captura y por tanto no la podía detener y menos siendo
funcionaria pública.

Ya la habían citado a la Fiscalía de Fusagasugá donde rindió
indagatoria para ser de nuevo citada, como quedó dicho, a la
Fiscalia de Pandi el 11 de diciembre pasado. Ese día, luego de
terminar su indagatoria a esos de las 10:00 a.m. es secuestrada en
el parque central de Pandi por un grupo paramilitar. Aparece
asesinada al borde de la carretera a tres kilómetros y medio de
Pandi, vía Icononzo, con ocho balazos y huellas de torturas que la
hacen casi irreconocible. Su cadáver permaneció todo el día y la
noche sin que las autoridades realizaran el levantamiento legal
correspondiente arguyendo que tal sitio era de grave riesgo y que ni
el mismo Ejército se atrevía a llegar allí.

El mismo día del crimen fue asesinado el ciudadano Carlos Reina,
conocido transportador local, en cuyo carro, según testimonio de
algunas personas, se transportó Varela Molina desde el cruce de El
Boquerón a Pandi para acudir a la cita con la Fiscalia aquella
mañana. A Reina lo condujeron en su propio carro

a un sitio llamado Guacanonzo, vía Arbeláez y después de asesinarlo
arrojaron su vehículo a una cuneta.

De tales hechos fueron informadas oportunamente las autoridades. El
12 de diciembre recibe la denuncia el secretario de gobierno de
Cundinamarca y el 18 del mismo mes, el ministro del Interior y de
Justicia, Sabas Pretel de la Vega, recibe una comisión de familiares
y del Partido Comunista, encabezados por su secretario general,
Jaime Caicedo y el representante a la Cámara, Willson Borja. El
vice – ministro del Interior y de Justicia, presente también en la
reunión, les aseguró a los visitantes que se haría todo lo
pertinente para que las pesquisas dieran con la captura de los
responsable de esta muerte. La investigación hasta el momento no ha
arrojado ningún resultado. En dicha reunión se acordó que una
comisión de este ministerio realizara una visita a Pandi para
allegar información de primera mano sobre las denuncias que señalan
que dicho municipio es el centro de operaciones de los paramilitares
en la región, visita que aún no se ha efectuado.

A pesar de todas estas denuncias y en medio de la grave situación de
orden público que se vive en la región de Sumapaz, tanto los
alcaldes de Venecia, Carlos Marroquín y de Pandi, Jorge Ladino, que
permanecieron en sus cargos hasta el 31 de diciembre pasado, como el
gobernador de Cundinamarca por ese entonces, Alvaro Cruz Vargas,
nunca tomaron las acciones correspondientes en procura de proteger
la vida de Ana Cornelia Varela Molina y de todas las demás víctimas.

Estos crímenes se cometen en medio de la más extrema y prolongada
militarización de la zona. Es de conocimiento público que el comando
paramilitar responsable de esta oleada de violencia que no cesa, se
ha alojado en distintos sitios de Pandi com: la casa de Alvaro Díaz,
donde durmieron los malhechores el 4 de diciembre hora y media
después de cometer el crimen de San José de Guatimbol, una vez
dejaron los dos carros que los movilizaron en un parqueadero detrás
de la tienda Las Gaviotas, conocido centro de reunión de los
delincuentes, los hoteles Villa Luz y Costa Azul, y frecuenta la
gallera El Palenque. Todos estos lugares están a escasos metros del
Comando de Policía del municipio por lo que resulta inexplicable que
dichas fuerzas encargadas de velar por la seguridad de todos los
ciudadanos sin excepción no hubieran actuado con presteza dando
captura a los facinerosos e impidiendo nuevos crímenes. Por el
contrario, es de todos conocido que la banda paramilitar
constantemente reúne a la población de Pandi para arengarlos
recordándoles siempre que les va a pasar lo mismo que les sucedió a
los habitantes de San José de Guatimbol de no estar firmemente de su
lado.

El 26 de diciembre de 2003 el grupo paramilitar afincado en Pandi
realizó un reten en el sitio llamado Santa Helena, camino de Pandi a
Venecia. Allí bajaron a los pasajeros para comparar sus nombres con
un listado que traían. Los delincuentes llevaban brazaletes de las
AUC. Los pasajeros fueron amenazados sino prestaban la colaboración
exigida por las AUC. Igualmente anunciaron que a los moradores de
Venecia, Cabrera, San Bernardo e Icononzo les esperaban cosas
terribles como retaliación por parte de las fuerzas que ellos
representaban. Otros retenes similares se montan con frecuencia en
diversos sitios de Pandi. Pero no solamente se realizan dichos
operativos en las carreteras sino que han reunido a la población de
dichos lugares con las mismas advertencias y se señalan incluso los
apellidos de familias enteras.

El 15 de diciembre de 2003, en horas de la mañana, dos desconocidos
se acercaron a la obra en construcción del colegio municipal de
Icononzo y dieron muerte al ciudadano Israel Rivera que allí se
encontraba laborando. Les dijeron a los obreros que lo habían
eliminado por ”sapo”. Los asesinos se dirigieron después
tranquilamente al centro de dicha población sin seri detenidos por
alguna de las fuerzas uniformadas del Estado acantonadas allí.

Más recientemente, entre finales de diciembre y lo que va corrido de
este año, han empezado a hacer presencia bandas de paramilitares en
las zonas adyacentes del municipio de San Bernardo llenando de temor
a la población.

Por supuesto que todo este clima de zozobra y terror ha conducido a
que cerca de 100 familias tengan que verse obligadas al
desplazamiento forzoso dejando abandonadas sus pertenencias y
enfrentarse a un porvenir bien incierto en ciudades y pueblos
lejanos de sus raíces.

Por todos estos hechos exigimos con urgencia que:

-La Procuraduría investigue el comportamiento de las autoridades
militares y policiales aquí señaladas por su omisión ante las graves
violaciones de los Derechos Humanos expresadas en esta Alerta
Temprana y tome las medidas pertinentes para que cese la comprobada
connivencia de dichas autoridades y las bandas criminales.

-La Fiscalía investigue y determine responsabilidades sobre los
crímenes aquí denunciados, se capture prontamente a los
delincuentes, cese la impunidad para devolver el clima de confianza
y tranquilidad que requieren los habitantes de la región.

-El Ministerio del Interior y de Justicia dé aplicación inmediata en
la región a la Ley 548 de 1999 que dispone en su artículo 81 que
serán objeto del Programa de Protección los dirigentes y activistas
de grupos políticos que se encuentren en situación de riesgo contra
su vida por causas relacionadas con la violencia política e
ideológica, o con el conflicto armado que vive el país.

Finalmente, señor Defensor del Pueblo, no sobraría recordar al tenor
de estos acontecimientos, que en la búsqueda de una solución
amistosa al caso 11.227 que se adelanta ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional se
comprometió a poner en marcha un Programa Especial de protección a
dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica,
entendiendo por sobrevivientes aquellas personas que pertenecieron a
dicha organización y, por razones de sus situación de riesgo, hoy no
pertenecen a ella.

Agradeciéndole su interés, atentamente,

JAHEL QUIROGA CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA

c.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
04 Feb 2004 by Jalo