Por: Programa Somos Defensores –PNGPDDH-
21 de mayo de 2009
http://comunidades.jetset.com.co/wf_InfoNoticia.aspx?IdNoticia=2041

Carlos Alberto Valeta Jiménez fue uno de los jóvenes reclutados por Robinson Barbosa Almanza, un comerciante de Toluviejo que entre julio y agosto de 2007 convenció a 11 muchachos para vincularlos como asalariados en una finca de Córdoba o Sucre.

Cuando salió de su casa, el 7 de julio de 2007, Carlos se fue con la ilusión de volver pronto porque a su esposa, una joven de 16 años, le faltaban sólo dos meses para dar a luz a su primer hijo.

“Pasó el tiempo y el señor sólo me decía que mi marido estaba bien. Pero yo estaba desesperada, mi vida se acababa. A los dos meses de no saber nada de Carlos, me decidí a denunciar con nombre propio a Robinson Barbosa Almanza como responsable del paradero de mi marido”, cuenta María Margarita Flóres, esposa de la víctima.

Las consecuencias de estas denuncias estaban por llegar. Pero lejos estaba María de imaginar que las Fuerzas Militares en las que Carlos había prestado servicio militar, estarían comprometidas en la desaparición y muerte de su esposo. Tres días después de la denuncia, Robinson fue capturado. A los pocos días, los familiares recibieron amenazas, “nos mandaban mensajes de muerte, nos decían que dejáramos las cosas así. Nos fuimos de Toluviejo, pero seguimos”.

Cuando Rubiana Padilla y su hermano viajaron a Chinú y vieron las fotos de los otros muchachos que habían sido muertos en una supuesta operación militar, llamó a María para contarle que Carlos Alberto estaba en el grupo, “ese fue el peor día de todos, no quería vivir ni siquiera por mi bebé”.

Y lo que al principio parecía imposible, el dolor se fue transformó en fuerza. “Ahora me he convertido en la luchadora por la moral y el buen nombre de mi marido. Dios me dio la fuerza para denunciar y para sacar a la luz que mi Carlos no era ningún guerrillero. Yo sé que desde el cielo él debe estar orgulloso de la mujer que tuvo y de la buena mamá que le dejó a su hijo. Y si muero por esto, muero satisfecha porque sé que se hará justicia”.

Las valerosas palabras de María demuestran lo que se ha logrado hasta el momento. En la primera audiencia, Robinson Barbosa se acogió a sentencia anticipada sólo por el cargo de concierto para delinquir, como integrante de un grupo armado ilegal, pero no aceptó el delito de desaparición forzada porque según su abogado, Barbosa no estaba enterado del destino fatal que corrieron los jóvenes luego de ser seducidos con la oferta laboral.

Mientras tanto, la fiscalía de Medellín ya probó que los jóvenes no murieron en combate y doce militares siguen siendo investigados por estas ejecuciones.