Vanguardia Liberal
20/04/06
Barrancabermeja

Luego de conocerse esta semana la decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria a seis oficiales retirados, dentro del proceso que se adelanta por la masacre ocurrida en Barrancabermeja en mayo de 1998, diversas fueron las voces que se escucharon en el Puerto Petrolero al respecto.

Por ejemplo, el presidente de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, Alirio Rueda, señaló que esta medida puede considerarse como un paso para alcanzar la verdad, que tanto anhelan las familias afectadas.

“Este es uno de los elementos dentro del proceso que demuestra que el Estado es responsable por lo sucedido, ya sea por acción u omisión.

Pero hay que demostrar quiénes estuvieron detrás de esta masacre, quién la ordenó y que se pague por estos crímenes”, señaló Rueda.

El presidente de Credhos enfatizó además que “ya va siendo hora que se acabe la impunidad en el país”.

Justicia y reparación

Por su parte, el activista de Derechos Humanos de la ONG Corporación Nación, Francisco Campo, advierte que esta medida de la Fiscalía se da producto del trabajo en este sentido, presentando investigaciones, testimonios y demás elementos que han servido al proceso.

“Esperamos que estos pasos vayan iluminando el camino de la verdad. Yo creo que este tipo de noticias son bien recibidas por las familias afectadas, en el sentido que es una posibilidad de saber realmente qué pasó con sus familiares”, explicó Campo.

La medida

Cabe destacar que la Fiscalía llamó a indagatoria a que seis oficiales de la fuerza pública, asignados a la zona en el momento en que ocurrió la masacre, en la que siete personas fueron asesinadas y 25 más desaparecidas.

Rendirán indagatoria el coronel Joaquín Correa, ex comandante operativo del Magdalena Medio; el capitán Mario Camacho, ex comandante de la Estación de Policía de Barrancabermeja y el teniente Juan Carlos Celis, ex jefe de la Sijin.

Igualmente, el capitán (r) del Ejército Oswaldo Prada, del Batallón Nueva Granada; el teniente (r) Antonio Daza y el subteniente (r) John Guzmán, así como dos miembros del DAS en aquella época: Alfonso Lechuga y Oscar Ortiz.

Sobre el particular, el organismo investigador considera que pudieron incurrir en una omisión cuando los paramilitares se llevaban a los familiares en unos camiones.