Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias al 57 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Comunicaciones enviadas al Gobierno de Colombia y respuestas recibidas
E/CN.4/2001/9/Add.1
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57º PERÍODO DE SESIONES
El 18 de enero de 2000, el Gobierno de Colombia transmitió una comunicación a la Relatora Especial referente al asesinato de Fabio de Jesús Gómez Gil, hecho que ocurrió en Medellín el 21 de diciembre de 1995, y la posterior desaparición de sus hijos Juan Carlos y Fabio Eduardo Gómez Arango. El Gobierno de Colombia informó de que la Fiscalía de la Nación había pedido colaboración a los únicos testigos del asesinato que eran la esposa y la hija de Fabio de Jesús Gómez Gil. La Fiscalía informó de que los anteriormente citados se habían negado a colaborar.
En relación con la desaparición de Juan Carlos y Fabio Eduardo Gómez Arango, el Gobierno de Colombia informó de que fue inscrita en el registro nacional de desaparecidos y que se han realizado los diversos cotejos con los cadáveres que se han hallado en el departamento de Antioquia, sin que se hayan obtenido resultados hasta la fecha.
El 11 de septiembre, el Gobierno de Colombia suministró a la Relatora Especial información adicional a la remitida con fecha 18 de enero de 2000. El Gobierno de Colombia informó de que de acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación que se adelanta por la desaparición de los hermanos Gómez Arango se profirió resolución de acusación como responsables de delito de secuestro simple contra el capitán Oscar Orlando Merchán, sargento Jorge Roa Cartagena y agente Emiliano Mahecha Fajardo, personal de la policía adscrito al Gaula de Medellín. Los acusados solicitaron ante la Jurisdicción Penal Militar que presentara colisión de competencias por lo que correspondió al Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín entablar el conflicto de competencias y remitirlo ante el Consejo Superior de la Judicatura, donde actualmente se encuentra en trámite, motivo por el cual el Gobierno informa de que la investigación se encuentra suspendida hasta la resolución de la cuestión de competencias.