A la universidad se le puede matar de muchas maneras. La más directa y obvia es quitándole la vida a sus integrantes. Pero, otra manera más sutil y perversa es cuando se combina el homicidio con el suicidio. Esto es, cuando ante los ataques de fuera cedemos y terminamos abandonando los espacios del pensamiento crítico y de la acción social.
Por: Pablo Emilio Angarita Cañas
Docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia*
Periódico Alma Máter – Universidad de Antioquia
http://noticias.universia.net.co/vida-universitaria/noticia/2006/09/01/255309/que-pasa-universidad-antioquia-PRINTABLE.html
Por eso, la universidad no puede retroceder ante las amenazas, en el sentido de que no puede dejar de cumplir con su misión de pensar al ser humano, de reflexionar sobre la sociedad en sus complejas e intrincadas relaciones.
El profesor de matemáticas Gustavo Loaiza Chalarca fue asesinado al frente de la Universidad de Antioquia, en la cual laboraba desde hacía más de 30 años. El hecho ocurrió el viernes 23 de Junio, precisamente cuando se daba inicio a las vacaciones de mitad de año y por tanto el grueso de profesores y estudiantes estaban desmovilizados en disposición de disfrutar de sus planes de descanso.
Toda muerte genera muchos interrogantes y toca fibras sensibles de nuestro ser, y se hace más impactante cuando la víctima es una persona altamente apreciada como en el caso del profesor Loaiza, destacado por sus grandes méritos académicos, su afición al deporte y, sobre todo, por su inmensa sensibilidad humana, la cual proyectó socialmente con acciones solidarias hacia los estudiantes más necesitados, a través de los semilleros de matemáticas.
La pregunta inicial de todo el mundo es ¿por qué lo mataron? Surgen comentarios de extrañeza ante este asesinato, pues al no hacer parte de ninguna de las listas de los recientemente amenazados dentro de la Universidad, ni tampoco estar vinculado con actividades sociales o políticas, susceptibles de contradicciones y de producir enemistades u odios, entonces resulta más inexplicable su muerte.
Indudablemente todos esperamos una pronta y eficaz investigación por parte de la Fiscalía, a quien compete esclarecer a profundidad los autores y móviles de este repudiable homicidio que conmueve a todos lo miembros del alma mater antioqueña, y también a la educación pública, que ha vivido un preocupante ambiente de tensión, desde que en los últimos meses se conocieran diversas amenazas de muerte contra diversos estamentos, de parte de un grupo de supuestas “autodefensas de la universidad”.
El clima de confusión e intimidación reinante no es exclusivo de la Universidad de Antioquia, dado que, al igual que en ésta, diversas ONG –trabajadoras en la defensa de los derechos humanos– y otras organizaciones sociales, han recibido mensajes en las que se les declara “objetivos militares”, de parte de grupos que dicen defender la democracia en Colombia, apoyar las políticas del reelegido Presidente y estar dispuestos a perseguir en cualquier lugar del territorio nacional a los “comunistas disfrazados”.
La gravedad de lo que está pasando con la Universidad de Antioquia exige superar el estupor para esforzarnos en ejercicios de análisis que nos permitan una mejor comprensión de los hechos, a lo cual contribuye tener presente lo sucedido en los últimos años, así como el contexto general vivido en el país antes y después de las dos elecciones nacionales.
Antecedentes
Los más de 200 años de existencia de la Universidad de Antioquia están cargados de profundas vivencias no sólo en la producción de conocimientos, en el aporte a la ciencia y la tecnología de Colombia, sino que en sus diversos períodos han dado muestra de compromiso con la sociedad, en todas las esferas del ver y del hacer humano.
Este centro de enseñanza superior se ha caracterizado por albergar a gente provenientes de todas las regiones del departamento y del país; jóvenes de todos los estratos sociales, ansiosos de conocimientos y sensibles a los diversos problemas de la realidad nacional y mundial, que lleva a muchos de ellos a comprometerse decididamente en aportar soluciones efectivas, desde sus diversas visiones.
En las aciagas épocas de finales de los años ochenta, en medio de las bombas y masacres de miles de personas a manos de narco-paramilitares, en la Universidad de Antioquia emergían figuras valerosas y honestas como los profesores Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur, Pedro Luis Valencia y Luis Felipe Vélez, quienes entregaron su vida denunciando los atropellos de que eran víctimas diversos sectores de la población y en procura de unas mejores condiciones de vida para los antioqueños. Su compromiso en la defensa de los derechos humanos llegó hasta cuando los poderes armados no soportaron más el filo de su compromiso con la verdad y con la vida. Ante sus muertes, la sociedad se vio profundamente afectada, la Universidad se conmocionó y en medio de su dolor siguió adelante “invicta en su fecundidad”, como reza su himno.
Durante la década del noventa, siguieron presentándose hechos de amenazas, que llevaron a algunos estudiantes a tener que exiliarse, pues la agitación estudiantil se hacía eco de múltiples heridas sociales como el desplazamiento forzado, el desempleo y de otras angustias ocasionadas por el conflicto armado.
En medio de la compleja situación nacional, la Universidad siguió creciendo en sabiduría y en aportes a la sociedad; tan sólo los resultados en materia de investigación dan cuenta de ello, al ubicarla en el primer lugar en toda Colombia, con más de doscientos grupos de investigación reconocidos ante Colciencias.
Entre 1999 y 2001 se presentaron nuevamente luctuosos hechos. El profesor Hernán Henao, siendo director del Instituto de Estudios Regionales INER, es asesinado dentro de su propia oficina, a manos de hombres bajo el mando del jefe paramilitar Carlos Castaño, según lo reconoció el mismo por diversos medios. Dos estudiantes son asesinados dentro de los predios universitarios; al igual que un empelado de una cafetería y el líder estudiantil Gustavo Marulanda. Así mismo, varios estudiantes fueron amenazados y miembros de ONG sufrieron secuestros y atentados con bombas, en hechos producidos por grupos de autodefensas, algunos de los cuales se encuentran aparentemente desmovilizados.
Entre los acontecimiento trágicos más recientes se registra, en febrero del 2005 la muerte de dos jóvenes universitarias y varios heridos con artefactos explosivos, en momentos en que se disponían a marchar en protesta contra la firma del Tratado de Libre Comercio. Luego de lo cual fueron capturados varios estudiantes de los heridos y algunos que habían dirigido asambleas en las cuales se analizaba la problemática educativa y social del país.
Los estamentos universitarios han asumido que los estudiantes detenidos y procesados judicialmente hacen parte de la Universidad y como tal han sido solidarios con ellos, particularmente los profesores de derecho les han brindado asistencia jurídica, como era su deber ético y profesional, sin embargo, esto ha sido motivo de malintencionadas ataques por parte de sectores poderosos del departamento, como ocurrió con el periódico regional “El Mundo”, quien en su editorial del 14 de mayo de 2005 fustigó al claustro de profesores de derecho en términos desobligantes, injuriosos y con argumentos desconocedores de la legalidad que dice defender. Lo que es peor aún, el mismo editorial fue impreso y difundido ampliamente dentro de la Universidad, firmado bajo la responsabilidad de un supuesto Comando paramilitar de Autodefensas; situación que hasta la fecha no ha merecido aclaración pública alguna por parte del mencionado diario.
Por su parte, los profesores de derecho han explicado reiteradamente las razones por las cuales han asumido la defensa jurídica de los estudiantes detenidos y procesados penalmente, exigiendo un debido proceso, pues se han encontrado irregularidades en el trámite del mismo. En uno de los comunicados, en respuesta al editorial de El Mundo, los docentes dicen: “Queremos dirigirnos nuevamente a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general, para reafirmar nuestros puntos de vista y seguir con la tarea pedagógica que es nuestra razón de ser como docentes […] Para nosotros la Universidad defensable, por la que vale la pena trabajar y hacer esfuerzos, es aquella en la cual los argumentos racionales, expuestos con transparencia, claridad y entereza son su razón de ser. Una Universidad plural donde a nadie se le silencie con el manido argumento de que se está conmigo o contra mí; una Universidad que tiene que asumir que no es blanca ni negra, sino llena de matices y precisamente, esa es una de sus grandes fortalezas”.
En toda universidad, por esencia, el ambiente natural debe ser el de desarrollar el pensamiento crítico y del compromiso social, aún más si se trata de una universidad pública, en donde se anidan las múltiples manifestaciones existentes de la sociedad, y en donde las expresiones de los diversos estamentos sociales conviven en una común misión científica y social. En el caso de la de Antioquia, es muy significativo y paradigmático que las dos figuras más descollantes de la política nacional en la coyuntura actual, representando visiones e intereses claramente contrapuestos, hayan sido el producto de ella: de una parte, el presidente Uribe liderando un sector importante de la sociedad, representando el establecimiento, con una absoluta mayoría de los ciudadanos votantes, y por la otra, el ex profesor Carlos Gaviara, liderando el principal partido de la oposición, con casi tres millones de seguidores y quien adelanta una abierta crítica al gobierno bajo la defensa de las libertades individuales y de los derechos económicos y sociales de la población. Ambos, aunque de manera diferente, son productos de la Universidad de Antioquia y gozan de amplia simpatía dentro y fuera de la misma.
En mayo del 2006, en plena campaña electoral, nuevamente la Universidad de Antioquia es atacada. Diversos comunicados, difundidos en diferentes semanas, publican nombres de estudiantes, trabajadores y profesores, a quienes se les declara “objetivo militar, en cualquier lugar del país en donde se encuentren”. Lo cual, como es obvio, produce un trastorno de la vida académica de la universidad, despertando honda preocupación y desconcierto, pues retrotraen las imágenes luctuosas del reciente pasado.
Se pensaba que las amenazas podrían ser producto de aquellos sectores desmovilizados en proceso de negociación con el gobierno nacional, quienes temiendo que no hubiese un triunfo de la reelección, acudían a la intimidación para hacer retroceder las fuerzas políticas opositoras, lideradas por el ex profesor Gaviria. Sin embargo, aún después de conocidos los resultados de las votaciones, las amenazas se mantienen, y ahora expresan sentirse respaldas por el “Represidente”, como ellos lo denominan, en un tono de exagerada arrogancia y militarismo rampante.
En este contexto se produce la muerte del profesor Gustavo Loaiza el pasado 23 de Junio. Vemos que no contribuye a la comprensión de los hechos, dos posturas explicativas que, independientemente de las intenciones, nos parecen equivocadas, pues en la práctica desvían la atención de los factores reales que están detrás de este repudiable crimen. Una es la de afirmar que el asesinato del profesor Loaiza es un hecho aislado a la vida de la Universidad y a las amenazas recientes; la otra es asegurar que esta muerte se debe a las amenazas de las “Autodefensas”, es decir fue producida por ellos.
Aunque la idea de considerar como completamente ajeno el hecho a lo que viene ocurriendo en la Universidad, busca contribuir a calmar los ánimos dentro de la misma, a no propiciar un ambiente de mayor tensión que perturbe más la normalidad académica, de por si ya afectada. Sin embargo, esa postura despierta desconcierto e incluso indignación en los estamentos más vulnerables que en las actuales circunstancias demandan de los directivos universitarios y de las autoridades estatales una actitud más enérgica, más allá de un placebo tranquilizador. Los afectados directos esperan un compromiso real que implique movilizar recursos y relaciones necesarios para salvar las vidas que están en peligro. Estamos hablando de vida humanas, de personas que tienen un rol en nuestra sociedad como parte de la inteligencia, y por lo mismo se esperaría que una sociedad medianamente culta debería proteger y salvaguardar, por todo lo que representa para el presente y futuro de la sociedad.
La segunda postura, la de atribuirle el hecho a un grupo paramilitar, además de ser una acusación ligera y por lo mismo irresponsable, no permite identificar ni establecer responsabilidades concretas, por el contrario puede desviar la investigación y sin quererlo, por esa vía contribuir a ocultar a los verdaderos victimarios. Además de servir de estimulo a posibles acciones retaliatorias que amplifiquen el clima de tensión y enturbien aún más las agitadas aguas universitarias.
Nuestra hipótesis. Algunos factores explicativos si se pueden establecer claramente, mientras los datos puntuales corresponden a la Fiscalía establecer. El clima de polarización creado desde el gobierno central, reiterados en sus años de mandato, pero arreciados durante su campaña reeleccionista, ha traído como consecuencia un ambiente tenso. Sus malintencionadas expresiones de señalar a sus opositores como “comunistas disfrazados”, el ataque a los defensores de derechos humanos, sindicándolos públicamente de aliados de los terroristas y otras expresiones similares; dada la alta dignidad que ostenta el Presidente, el grado de credibilidad de que goza, así como de seguidores con que cuenta, incluso entre las filas de grupos armados ilegales, son hechos del contexto que nos aproximan a una comprensión de lo que pasa.
Somos muchos los sectores sociales en Colombia que nos sentimos amenazados. No es necesario que nos llegue un papel o una llamada amenazante para entender que el hecho de realizar acciones en defensa de los derechos humanos, el criticar algunas de las políticas del gobierno, ya de por si es algo que conlleva riesgo para nuestras vidas. Es más, diversos estudios nacionales e internacionales han insistido en que la permanente impunidad es el mayor caldo de cultivo para la continuidad de la violencia y el desprecio por la vida que aún impera en algunos colombianos. Todo esto sigue sucediendo a los cuatro años de los supuestos éxitos de la seguridad democrática y en vísperas de iniciarse la continuidad del mismo régimen neopopulista imperante en Colombia, con impresionante apoyo mediático.
La postura difundida por los medios de comunicación, por parte del gobierno central en cabeza de la Ministra de Educación, es la de que no habrá controles represivos dentro de las universidades para enfrentar la situación. Lo que los universitarios queremos es que el gobierno asuma una postura de mayor compromiso con la situación, lo cual empieza porque el propio Presidente de la República cambie su actitud y su discurso frente a los universitarios. Especialmente, que admita en los hechos construir una democracia en Colombia, lo cual tienen como punto de partida el aceptar las posturas diferentes a las oficiales y por permitir la crítica, sin que ello conlleve riesgo de morir en manos de tanto matón desmovilizado o aún legalizado. El segundo paso es rechazar de plano las manifestaciones de respaldo al gobierno, por parte de grupos ilegales como los paramilitares, cosa que ocurrió durante la campaña electoral y sigue expresándose en los diversos comunicados de amenazas a los universitarios y las ONG. Lo cual debería ser motivo de vergüenza nacional y de explicaciones públicas, que hasta la fecha no se han dado.
A la universidad se le puede matar de muchas maneras. La más directa y obvia es quitándole la vida a sus integrantes. Pero, otra manera más sutil y perversa es cuando se combina el homicidio con el suicidio. Esto es, cuando ante las ataques de fuera cedemos y terminamos abandonando los espacios del pensamiento crítico y de la acción social. Por eso, la universidad no puede retroceder ante las amenazas, en el sentido de que no puede dejar de cumplir con su misión de pensar al ser humano, de reflexionar sobre la sociedad en sus complejas e intrincadas relaciones. Estaremos contribuyendo a matar la universidad el día en que seamos los propios universitarios quienes manteniéndonos en las aulas de clase hayamos renunciado a la esencia de ésta, es decir a ejercer nuestra labor de indagar por lo divino y lo humano, a problematizar todo lo existente, a cuestionar al poder, es decir a ejercer y promover el Pensar que como dice Deleuze “es pensar de otro modo”.
En conclusión, en un país, en el cual subsisten numerosos grupos armados y se mantiene ese animus belli, al que el filosofo Kant describía como un “estado de guerra”, así no hubiese hechos de guerra. En ese ambiente bélico, lo que hagan o dejen de hacer los dirigentes del Estado y de la sociedad será recibido como un mensaje para el conjunto de los ciudadanos, y para quienes actúan más con las armas que con las palabras, será interpretado como una orden de matar.
Este conflicto se inscribe dentro del marco de intolerancia que en estos tiempos pulula en el país y por ello, sin que esto signifique desafiar el miedo, comprendemos que como universitarios debemos unirnos en torno a la defensa no sólo de la Universidad sino del país, con los únicos instrumentos que nos acompañan: el pensamiento reflexivo, la palabra y la comunicación.
Por ello, mientras no exista un propósito nacional de dar pasos concretos para superar este ambiente de guerra, de avanzar hacia niveles más civilizatorias de tratar nuestras diferencias, seguiremos profundizando este estado de barbarie. En estos momentos históricos todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el presente y futuro de la universidad y de la sociedad colombiana; entre más alto sea nuestro cargo o poder, mayor es nuestra responsabilidad.
Si queremos evitar más dolorosas tragedias como la pérdida del profesor Loaiza, necesitamos cambiar radicalmente el clima belicoso que se cierne contra la universidad y entre los colombianos. Es una responsabilidad que empieza por el primer mandatario, ilustre egresado del alma mater antioqueña, de quien esperamos aproveche su enorme respaldo e influencia en los colombianos empleándola a favor de una noble causa como es la defensa de la vida, de la educación y de la universidad, actualmente en una situación de alto riesgo.
Medellín, Junio 28 de 2006.
**Doctorando en Derechos Humanos y Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-España. Magíster en Ciencia
Política y abogado. Docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Coordinador del Grupo interdisciplinario de investigación sobre Conflictos y Violencias, INER – U. de A., Categoría A en COLCIENCIAS. pabloe@epm.net.co