PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS
Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad
Municipios Santandereanos del Magdalena Medio 1966-1998

El caso de Puerto Parra, exactamente en la Inspección Campo Capote que se encuentra bajo su jurisdicción, es el más significativo a partir de 1986. Fue precisamente en este municipio donde se construyó un emporio paramilitar con total anuencia y patrocinio militar, en particular con la colaboración de la XIV Brigada y su batallón de Infantería Rafael Reyes (con sede en Cimitarra) y el Luciano D’ Elhuyar, que antes de 1988 estaba adscrito a esta unidad y luego fue incluido dentro de la V Brigada. Otras bases de apoyo para la consolidación del paramilitarismo en Puerto Parra, fueron las autoridades civiles, como Gonzalo de Jesús Pérez, Alcalde de Puerto Parra elegido en 1988, además de otros concejales del municipio e importantes políticos, entre los que se contó al parlamentario Tiberio Villareal. También fueron apoyados logística y financieramente por los grupos
paramilitares de Puerto Boyacá que funcionaban bajo la fachada de ACDEGAM, siendo Alonso de Jesús Baquero, mejor conocido como “Vladimir”, uno de los principales enlaces entre los paramilitares de Puerto Boyacá y Puerto Parra.

Una característica particular del paramilitarismo en Puerto Parra y la zona del Bajo Simacota, fue que sus integrantes en su gran mayoría eran ex guerrilleros de las FARC que posteriormente fueron reclutados por el ejército y que trabajaban como informantes o “guías” del mismo, colaborando directamente con la inteligencia militar; la información que ellos aportaban iba a parar al B-2 de la XIV Brigada (como en el caso de Julián Jaimes, reconocido paramilitar y autor material de la masacre La Rochela). Se puede afirmar entonces que grupos como Los Masetos, además de desempeñarse y constituirse como estructuras paramilitares, tenían la función de ser soporte en las tareas de inteligencia de los militares, perfectamente compatible y acorde con el despliegue de operaciones conjuntas.

Los principales blancos de la represión parainsititucional en la década del ochenta en Puerto Parra, fueron los campesinos, educadores y los militantes de alternativas políticas como la UP, movimiento que tuvo una amplia acogida en el municipio, a pesar de las constantes incursiones paramilitares y la connivencia del ejército con dichas estructuras.

En los primeros cinco años de la década del noventa, el ejército y los paramilitares consolidaron su dominio en el área rural de Campo Capote y establecieron allí su centro de operaciones, dada la permanencia de una base militar en dicha zona.

Con el transcurso de la segunda mitad de los años noventa, disminuyó la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en el municipio, no sin que antes fueran exterminados todos los militantes políticos de oposición. Tal es el caso de los activistas del FILA, quienes años atrás integraban en su mayoría la Unión Patriótica, pero que con la arremetida de la fuerza pública y los paramilitares contra los miembros de esa opción tuvieron que refugiarse en otros espacios de participación, lo que no impidió que casi diez años más tarde fueran asesinados. Entre 1996 y 1998 la hegemonía paramilitar logró posicionarse permanentemente en el municipio. Por tal razón el índice de crímenes contra la población se atenuó considerablemente.