COMENTARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE COLOMBIA
(Corporación REINICIAR, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Jurídica Libertad)
Bogotá, julio 11 de 2005
http://www.docstoc.com/docs/37839375/Comentarios-de-las-organizaciones-de-derechos-humanos-de-Colombia.

La comunidad indígena kankuama, con una población aproximada de seis mil habitantes, se ubica geográficamente en 12 corregimientos sobre la vertiente Suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, compartiendo su espacio con los pueblos Wiwa, Ika o Arhuakos y Kággaba o Kogui. El pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, es la comunidad indígena en Colombia más afectada por la comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de sus integrantes. Desde 1986 a la fecha, ha sido víctima del asesinato de 260 de sus miembros, 56 de ellos ocurridos en el año 2003, 14 de ellos en el 2004, y 5 de ellos en lo que va corrido del presente año.

La declaración conjunta de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, divulgada a comienzos del año 2004, calificó de etnocidio la situación de que son víctimas los kankuamos, en los términos del artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, de las Naciones Unidas, en vigor desde el 12 de enero de 1951 y ratificada por el Estado de Colombia el 27 de octubre de 1959.

Ante la alarmante situación de violaciones a los derechos humanos que afrontan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá, y en especial el pueblo kankuamo, la Defensoría Nacional del Pueblo adelantó una investigación en el año 2002 dirigida a establecer las causas y los factores generadores de la agresión y el terror que se han desatado contra las etnias que habitan en esos territorios. Lo anterior y las conclusiones resultantes, llevaron al Defensor del Pueblo a emitir la Resolución Defensorial No. 024 del 18 de septiembre de 2002, para requerir de las autoridades del orden nacional y regional la adopción de medidas dirigidas a proteger y garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan en esta zona del país.

Según el Informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta, llevado a cabo los días 21 y 26 de Noviembre de 2003, se tiene que a la fecha de la realización de dicho informe, la situación de violencia en sus territorios dejaba como saldo 204 indígenas kankuamo asesinados; mas de 300 familias desplazadas, la desaparición de las comunidades de Río Seco y Murillo, y la salida de mas del 50% de los habitantes indígenas de La Mina; el asesinato de cuatro “cabildos menores” y dos “mamos”; amenazas de muerte a la mayoría de sus lideres, entre ellos el secretario general de la OIK y el “cabildo gobernador” kankuamo que tiene que estar permanentemente por fuera de su territorio.

Ante esta situación la comunidad internacional se ha pronunciado a través de entidades como las Naciones Unidas, que por medio del El Alto Comisionado para los Derechos Humanos se pronunció con ocasión de la celebración del día internacional de las poblaciones indígenas de la siguiente manera: “En el sector de los indígenas kankuamos preocupa las numerosas muertes selectivas producidas en lo corrido del año, en su mayor parte proferidas por paramilitares… otras irregularidades de las fuerzas militares como son el uso excesivo de la fuerza o malos tratos a autoridades y líderes indígenas y saqueos a viviendas indígenas han sido denunciados por las comunidades de la Sierra Nevada este año”. De acuerdo con el informe del relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, “[e]n la Sierra Nevada, en donde habitan los pueblos indígenas Kogui, kankuamo, Arhuacoy Wiwa, prevalece la violación del derecho a la vida en las modalidades de masacres, asesinatos selectivos de configuración múltiple y asesinatos selectivos simples, que consisten básicamente en ejecuciones extrajudiciales, perpetradas especialmente por las AUC”.

A pesar de la previa decisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2003 y de la decisión del de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio de 2004 de proteger con medidas provisionales al pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta comunidad sigue siendo víctimas de homicidios a sus miembros. La mayoría de los homicidios ocurridos en 2004 y 2005, se atribuyen por la comunidad a la Fuerza Pública, a pesar de que esta se ha empeñado en presentar las muertes de indígenas como “subversivos dados de baja en combate”, o atribuirlas a las fuerzas insurgentes.

Por otro lado cabe señalar que con la entrada en vigencia de la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, la presencia militar ha aumentado en la zona, sin que esto signifique una mayor seguridad para la etnia, ni una mejora en la situación de derechos humanos; el pie de fuerza militar comienza a incrementarse en el desarrollo de la política contrainsurgente, se aprobó la instalación de un Batallón de Alta Montaña en territorio de la Sierra Nevada, las autoridades del orden local y departamental posicionan la posibilidad de instalar Inspecciones de Policía dentro del resguardo kankuamo (un ejemplo es la propuesta del Gobernador del Cesar y del Alcalde de Valledupar de establecer un puesto de policía en el corregimiento de Atánquez sin consultar previamente a la comunidad indígena) y de conformar Unidades de Carabineros Kankuamos; y, con la iniciativa de las Fuerzas Militares a los indígenas a vincularse en el programa de red de informantes y soldados campesinos.

A pesar de que los pueblos indígenas se encuentran exentos de deber de prestar el servicio militar obligatorio por la ley 48/93 como forma de proteger la diversidad étnica y cultural, la Fuerza Pública ha venido vinculando a miembros del pueblo kankuamo a sus filas, al igual que al programa de redes de informantes y soldados campesinos.

Igualmente, ha retenido -incluso por varios días- a miembros de la etnia e impuesto “sanciones” como rapada de cabello y los ha obligado a barrer las calles, situaciones que atentan contra su dignidad y vulneran el principio de distinción reconocido en la Constitución Política de Colombia y el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra que hace parte del bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Frente a los Programas de red de informantes y soldados campesinos, miembros de la Fuerza Pública entrenan, dotan de armamento y adoctrinan a indígenas de la zona, bajo los lineamientos de dicho programa con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente, lo que ha conllevado a:

1. La criminalización de las acciones reivindicativas de la comunidad indígena kankuama, establecidas en el asesinato, tortura, desaparición, desplazamiento forzado de sus líderes, autoridades tradicionales y miembros, así como la judicialización de los mismos.

2. La perpetración de estos crímenes en anuencia y colaboración por acción y/u omisión de las autoridades civiles y militares a lo largo y ancho de la zona; lo que contribuye a la expansión y consolidación del fenómeno paramilitar.

3. El sumergimiento de la población indígena en un estado de miedo y terror, secuestro y confinamiento.

4. La protección de intereses políticos y económico, tales como el diseño y adelanto de Megaproyectos, que, concretados desde el año 2002, coincidencialmente se enlazan con el aumento en la persecución contra la comunidad indígena kankuama y por ende la comisión de los crímenes de lesa humanidad contra sus miembros.

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA AÑO 2004

En el 2004, el pueblo kankukamo fue victima del asesinato de 14 de sus integrantes, asesinatos que en su mayoría fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública que presentaron a los indígenas como “subversivos dados de baja en combate” y por miembros de
grupos paramilitares, una de las muertes se atribuye a la guerrilla de las FARC.

Homicidio de JUAN ENENÍAS DAZA CARRILLO ocurrido el 7 de Febrero de 2004 en el municipio de Atanquez.

Homicidio de IDOLMAR MONTERO ARIAS ocurrido el 9 de Marzo de 2004 en lugar conocido como la “Y”.

Homicidio de OSCAR ENRIQUE MONTERO ocurrido el 14 de Abril de 2004 en Puente Callao.

Homicidio de NESTOR OÑATE ARIAS ocurrido el 16 de Abril de 2004 en la Finca El Comento.

Homicidio de BALDOMERA PACHECO OÑATE ocurrido el 26 de Mayo de 2004 en el municipio de Guatapurí.

Homicidio de JAVIER ENRIQUE MONTERO MARTÍNEZ ocurrido en la ciudad de Valledupar.

Homicidio de ROMELIO ANTONIO PACHECO ocurrido el 25 de Junio de 2004 en el municipio de Río Seco.

Homicidio de FREDY ANTONIO ARIAS ARIAS ocurrido el 3 de Septiembre de 2004 en la ciudad de Valledupar.

Homicidio de VÍCTOR HUGO MAESTRE ocurrido en los primeros días del mes de Octubre del presente año en inmediaciones del municipio de Atanquez.

Homicidio de JAVIER FRANCISCO ARIAS, asesinado en Atanquez el 29 de octubre de 2004.

Homicidio de JAIME ANTONIO ARIAS, asesinado en Mingueo el 29 de octubre de 2004.

Homicidio de HÉCTOR PACHECO MONTERO ocurrido el 5 de Noviembre de 2004 en inmediaciones al municipio de Chemesquemena.

Homicidio de PERVIS PACHECO ocurrido el 8 de Noviembre de 2004 en la Urmita, zona fronteriza de la Guajira y el César.

Homicidio de RAFAEL CRISTÓBAL ARIAS ocurrido el 15 de Noviembre de 2004 en inmediaciones al municipio de Chemesquemena.

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA AÑO 2005

En el presente año han sido asesinados tres (3) indígenas kankuamos, y por lo menos dos(2) se encuentran desaparecidos, aún cuando se teme que el número puede ser mayor, ya que la comunidad se encuentra atemorizada y no se atreve a denunciar los hechos. Las víctimas fueron:

EUCLIDES SÁNCHEZ CALDERÓN, desaparecido en el mes de mayo en inmediaciones de “la Mesa”, donde se encuentra una base paramilitar.

CLAUDINO ARLANTT, asesinado por el Ejército Nacional, Batallón La Popa. El 15 de mayo, fue sacado de la ciudad de Valledupar donde residía y su cadáver fue presentado como “guerrillero dado de baja en combate”

JAIDER JULIO MENDOZA MAESTRE, desaparecido el 23 de mayo en el municipio de Ríoseco, por parte de grupos paramilitares. En Ríoseco hace presencia permanente el Batallón La Popa del Ejército nacional.

JOSÉ LUIS CARRILLO MAESTRE, asesinado el 1 de julio en inmediaciones de “la Mesa”, donde se encuentra una base paramilitar.

JAIDER JULIO MENDOZA MAESTRE, asesinado entre el 03 y 05 de julio por el Ejército Nacional Batallón La Popa. El 03 de julio fue detenido por el Ejército en una finca en Guatapurí y el 05 de julio fue presentado como guerrillero dado de baja en combate”

Investigaciones

Tal como lo corroboran las respuestas del Estado colombiano, a pesar de que se han abierto nuevas investigaciones, sumadas a las 111 previamente existentes, en ninguna de ellas se ha avanzado en la individualización de posibles responsables, aun cuando, como se señaló previamente, la Fuerza Pública se ha atribuido públicamente varios de estos homicidios, presentándolos como “dados de baja en combate”. A pesar de que se inició una investigación previa por el delito de genocidio, no se ha hecho el esfuerzo investigativo, de integrar a este radicado el acervo probatorio acumulado en 111 investigaciones existentes por asesinatos de miembros de la etnia kankuamo, el mínimo exigido para garantizar que este proceso tenga una orientación específica destinada a establecer responsabilidades penales individuales, y garantizar los derechos a la verdad y la justicia de los familiares, comunidad y demás afectados por la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.