VOZ La verdad del Pueblo
Quincena del 30 de Septiembre al 13 de Octubre de 1998
Nada más peligroso que un periodista cómodamente posesionado de su puesto haciendo de caja de resonancia de la justicia sin rostro, monstruo de mil cabezas. A 1.008 años de prisión fueron condenados en primera instancia los obreros urabaenses implicados mediante burdos montajes en una masacre por el único delito de ser activistas sindicales de Sintrainagro y militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Las penas de 40 y 50 años por persona constituyen cadena perpetua y pena capital por el real delito de opinión.
La nota publicada la tercera semana de septiembre por la revista Cambio que dirige Patricia Lara no pudo ser más desafortunada: aprovecha el meritorio otorgamiento de un diplomado en Derecho Internacional Humanitario a Nelson Campo Núñez, ex alcalde de Apartadó, para condenarlo por los hechos de La Chinita justo en momentos en que el Ministerio Público emitía un fallo de primera instancia absolviendo a ese funcionario de tales imputaciones en compañía del también ex mandatario de Chigorodó, Carlos Andrés Pérez Berrío. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos encontró que Campo Núñez «no tuvo ninguna participación como autor intelectual, determinador o instigador, ni mucho menos como autor material, en los espantosos hechos destacados en el barrio de invasión La Chinita» de Apartadó, Urabá antioqueño, ocurridos durante la madrugada del 23 de enero de 1994 y en el cual perdieron la vida 35 presuntos militantes de Esperanza Paz y Libertad, movimiento político del sector desmovilizado de la guerrilla del EPL. La Procuraduría reconoce que en la larga carrera política del ex alcalde de Apartadó, privado de su libertad en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, «siempre ha encauzado su ideología de acuerdo con la Constitución y las leyes». Frente a Pérez Berrío descarta de manera tajante cualquier imputación en contra suya «por no haberse demostrado que este funcionario haya planeado, concertado, aconsejado, constreñido, motivado o desplegado algún tipo de actuación tendiente a crear o hacer nacer la idea criminal en los autores materiales de la misma». El fallo, aunque justo, no sorprendió a nadie. El 13 de diciembre de 1996 se produjo un primer pronunciamiento del Ministerio Público pidiendo la absolución de Nelson Campo, quien también ocupó un escaño en el parlamento en representación de la Unión Patriótica, y de su antecesor en la alcaldía de Apartadó, José Antonio López Bula, detenido siendo candidato a la Cámara de Representantes por esa misma agrupación política. El 22 de julio de 1997 ambos ex mandatarios fueron declarados inocentes por un juez regional de Medellín, faltando el pronunciamiento final de Tribunal Nacional por rebelión para que ganen la calle. Por su parte, Carlos Andrés Pérez, apresado por espacio de un año y torturado por los militares siendo alcalde de Chigorodó, se encuentra en el exilio aprovechando una sentencia que lo encontró inocente del delito de genocidio.
El montaje ha sido tan burdo y torpe que tendrá que desvanecerse, dejando una estela de sangre e infamia en su empeño cumplido de sacar a la Unión Patriótica y el Partido Comunista del enclave bananero de Urabá, región que sirvió de plataforma de lanzamiento a líderes de la talla del inmolado ex candidato a la presidencia por la U.P., Bernardo Jaramillo. Veamos. El último año fueron asesinados por paramilitares en Medellín y Bogotá dos de los más prestigiosos defensores de los derechos humanos, Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. Ambos abogados fueron acribillados a tiros en sus propios despachos siendo apoderado de José Antonio López Bula y Nelson Campo Núñez, ex alcaldes de Apartadó, la principal población del eje bananero hoy en manos de representantes de Esperanza Paz y Libertad. Pero los ex alcaldes de Apartadó y Chigorodó involucrados en la masacre del barrio de invasión, junto a Mercedes Usuga, una anciana de 65 años —quien era la responsable de distribuir este periódico en la Casa del Pueblo— sindicada de ser una «peligrosa guerrillera», pueden considerarse como los grandes beneficiados del montaje de La Chinita al recibir condenas en primera instancia del orden de seis años, prácticamente cumplidas. Una infamia que resulta benévola a la hora de comparársele con las condenas proferidas contra los restantes 20 trabajadores involucrados en el proceso, la mayoría de ellos obreros bananeros, activistas políticos y sindicalistas de Sintrainagro: fueron condenados a 1.008 años de prisión. Cadena perpetua o pena capital que no todos los procesados están dispuestos a soportar, después de asistir impotentes al derrumbe de sus familias gracias a una tragedia que en primera instancia las condenó a abandonar la región para integrarse a la legión de los desplazados con lo que llevaban puesto: así como Albeiro Bustamante fue asesinado siendo secretario del Concejo de Apartadó después que en un acto temerario de desesperación regresó a esa población tras su absolución y posterior liberación por la masacre de La Chinita, otros de sus compañeros de prisión como Miguel Ortíz y su esposa, prefirieron suicidarse en las celdas del Complejo Penitenciario La Picota, de Bogotá, antes que esperar la llegada tardía de una justicia que además de tuerta y manca muchas veces parece retrasada.