POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y TEMOR POR LA SEGURIDAD

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Índice AI: AMR 23/61/94
9 de agosto de 1994
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/AMR23/061/1994/en/73212a59-f8c2-11dd-b40d-7b25bb27e189/amr230611994es.pdf

José del CARMEN RUIZ, de 28 años ) trabajadores de
William RARURO, de 30 años ) la empresa Palmas
José BUITRAGO ZABALA, de 38 años ) del Cesar; residentes
Manuel FIGUEROA, de 50 años ) del pueblo de Minas,
Alcides PAEZ TARAZONA, de 30 años ) San Martín
Rodrigo CARMONA CAMAO, de 25 años )

Adriano PORTILLO, de 70 años ) residentes del
Javier CONTRERAS BARÓN, de 20 años ) pueblo de Norean,
Alvaro BOTELLO, de 25 años ) Aguachica

Entre los informes de actividad paramilitar en los municipios fuertemente militarizados de San Martín y Aguachica, en el Departamento de Cesar, destaca la denuncia de la ejecución extrajudicial, a finales de julio de 1994, de los campesinos nombrados en el encabezamiento de esta acción.

Amnistía Internacional teme por las vidas de otros civiles de la zona, y está preocupada porque si el nuevo Presidente de Colombia no cumple su compromiso de desmovilizar a las fuerzas paramilitares, éstas seguirán perpetrando homicidios y otras violaciones de derechos humanos contra la población civil.

El 31 de julio, un grupo de hombres armados vestidos de paisano llegaron al pueblo de Minas, en el municipio de San Martín. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, obligaron a los habitantes del pueblo a reunirse, seleccionaron a los seis hombres nombrados en el encabezamiento de esta acción y los mataron delante de todos.

Los informes indican que dos días antes, el 29 de julio, un grupo de cerca de 20 hombres armados, algunos de ellos con los rostros ocultados con pasamontañas, entraron en el pueblo de Norean en el municipio de Aguachica.

Los hombres, algunos de los cuales vestían uniforme y otros ropa de paisano, eran, al parecer, miembros de un grupo paramilitar. Se identificaron diciendo: «No somos del DAS, [departamento de seguridad civil] ni del UNASE, [unidad antisecuestros y anti extorsión] ni de ninguna clase de ley, somos un grupo de huérfanos de la guerrilla».

Los hombres armados obligaron a los campesinos a reunirse, dispararon al aire y les sustrajeron relojes, dinero y joyas. Mataron a Adriano Portillo cuando los hombres armados irrumpieron en su domicilio y dispararon sobre él repetidas veces, al parecer, por no haberse reunido con los demás con la prontitud exigida. Una vez reunidos, Javier Contreras Barón y Alvaro Botello fueron apartados del grupo, tras lo cual fueron asesinados a tiros delante de todos. Los hombres armados amenazaron de muerte a los campesinos si denunciaban estos homicidios.

En aquél momento, había un puesto de control militar y un puesto provisional de la Brigada Móvil No.2 no lejos de Norean, y unos minutos después de los homicidios, un tanque circuló por el pueblo. Estos factores, y el hecho de que las fuerzas paramilitares operan con libertad en la región a pesar de que se trata de una zona fuertemente militarizada, demuestran una vez más el grado de connivencia entre esas fuerzas y las fuerzas armadas colombianas.

INFORMACIÓN GENERAL:

En los últimos años se han producido extensas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Colombia, entre las que cabe destacar la tortura, detenciones arbitrarias, ”desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales. El Presidente saliente César Gaviria Trujillo reafirmó, en repetidas ocasiones, el compromiso de su gobierno por respetar los derechos humanos. Sin embargo, los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad colombianas siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos con impunidad virtualmente total. Las fuerzas armadas han creado y entrenado a varios grupos paramilitares que siguen desempeñando un papel clave en la estrategia de operaciones de contrainsurgencia del ejército colombiano. El Presidente Ernesto Samper Pizano, que tomó posesión de su cargo el 7 de agosto de 1994, ha realizado, tanto durante la campaña electoral como posteriormente, diversas promesas de mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia. Entre sus promesas destaca el compromiso de desmovilizar a las fuerzas paramilitares.