Amnistía Internacional
EXTERNO Índice AI: AMR 23/36/96/s
26 de junio de 1996
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/036/1996/es/0d236227-eaf6-11dd-aad1-ed57e7e5470b/amr230361996es.html
Jorge Alirio Salazar
José Toro
Raúl Zapata
Raúl Toro
Celina Toro, maestra
Lucia Martínez, maestra
y otros habitantes del pueblo de Cristales
Amnistía Internacional está gravemente preocupada por la seguridad de los habitantes de la localidad de Cristales, en el municipio de San Roque (provincia de Antioquia) en vista del homicidio, en circunstancias que parecen indicar la comisión de ejecuciones extrajudiciales, de Alfonso Zuleta, Jaime Puerta y Francisco Castrillón y la «desaparición» de Jorge Alirio Salazar. El paradero de este último sigue sin conocerse.
El 17 de junio de 1996, a las 7.30 de la mañana, un grupo de 18 hombres armados e uniformados, algunos con los rostros cubiertos, llegaron al pueblo de Cristales, en el municipio de San Roque. Los pistoleros, que se identificaron como miembros de un grupo paramilitar, sacaron a la fuerza de sus casas a varios comerciantes del pueblo, entre ellos Alfonso Zuleta, Jaime Puerta, Francisco Castrillón y Jorge Alirio Salazar. Después de exhibirlos por toda la localidad, los mataron a tiros, a excepción de Jorge Alirio Salazar, al que se llevaron del pueblo. No se lo ha vuelto a ver desde entonces.
También es grave la preocupación por la seguridad de José Toro, Raúl Zapata, Raúl Toro, las maestras Celina Toro y Lucia Martínez, y varios campesinos de la vereda de San Antonio en el pueblo de Cristales, que no estaban presentes cuando el grupo paramilitar leyó sus nombres de una lista.
INFORMACIÓN GENERAL
El 17 de enero de 1988 y el 28 de febrero de 1989 se produjeron unos sucesos similares, cuando un sacerdote, Jaime Restrepo López, y una monja, Teresita Ramírez Vargas, fueron muertos en el pueblo de Cristales tras una campaña de hostigamiento e intimidación contra colaboradores de la iglesia, maestros y campesino del pueblo. Martín Emilio Sánchez Rodríguez, desertor del ejército, testificó ante la delegación del arzobispo en Medellín el 3 de mayo de 1990 y ante la Procuraduría General el 20 de junio de 1990 declarando que las amenazas y los homicidios habían sido planeados y llevados a cabo por miembros de la Brigada XIV del ejército. Pocas semanas después, Martín Emilio Sánchez Rodríguez también fue víctima de un homicidio.
A pesar de que el gobierno se ha comprometido repetidamente a proteger los derechos humanos, miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia, junto con sus aliados paramilitares, siguen cometiendo graves abusos con casi total impunidad. Muchos grupos paramilitares tienen su origen en las patrullas civiles de autodefensa que el ejército fundó en los años ochenta para ayudarle en las operaciones de contrainsurgencia. Durante los últimos cinco años, varios miles de civiles han perdido la vida en todo el país a manos de los grupos paramilitares. Aunque en 1989 el gobierno colombiano eliminó la base jurídica para la creación de grupos paramilitares y emitió directivas a las fuerzas armadas colombianas para que combatieran y desmantelaran a estos grupos, las fuerzas paramilitares continúan actuando en muchas zonas del país con el apoyo de las fuerzas de seguridad. El presidente Ernesto Samper Pizano, que llegó al poder el 7 de agosto de 1994, ha prometido en reiteradas ocasiones, tanto durante la campaña electoral como después de ocupar el cargo, que mejoraría la situación de derechos humanos. Entre sus promesas estaba la de desmantelar las fuerzas paramilitares. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida para controlar la actividad de estos grupos ni para que sus miembros respondan por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que han cometido.