COLOMBIA: Julio Daniel CHAPARRO HURTADO, periodista
Jorge Enrique TORRES NAVAS, fotógrafo

Amnistía Internacional
26 de abril de 1991
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/026/1991/es/bb04b25c-ee59-11dd-9381-bdd29f83d3a8/amr230261991es.html

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento la muerte del periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, en circustancias que sugiern que pueden haber sido víctimas de una ejecución extrajudicial.

Julio Chaparro Y Jorge Torres estaban, según informes, trabajando para el diario colombiano El Espectador en la localidad de Segovia, departamento de Antioquia, cuando fueron abatidos a tiros en la calle por pistoleros no identificados. Según los informes, Julio Chaparro había ido a Segovia porque estaba realizando una investigación sobre las causas y efectos de la violencia política en Colombia.

INFORMACION GENERAL

La región que rodea la localidad de Segovia, conocida por sus minas de oro, en el noreste del departamento de Antioquia, lleva varios años gravemente afectada por la violencia política. Es una zona fuertemente militarizada como consecuencia de la presencia de las fuerzas de la guerrilla. Las fuerzas armadas colombianas y las fuerzas paramilitares creadas por el ejército han sido responsables en los últimos años de numerosos abusos, entre ellos torturas, despariciones y ejecuciones extrajudiciales, contra miembros de la población civil de la región. En noviembre de 1988 más de 40 personas murieron en la ciudad de Segovia, cuando un grupo paramilitar abrió fuego contra las personas que se encontarban en las calles y los cafés. Las guarniciones regulares de la policía y del ejército destacadas en Segovia no intervinieron mientras los pistoleros se movieron libremente por la ciudad durante más de una hora. Las investigaciones judiciales concluyeron que no sólo las fuerzas armadas no intervinieron para proteger a los ciudadanos del ataque, sino que los militares y la policía, incluido el comandante del Batallón, habían participado directamente en la preparación de la masacre. En 1989 se emitieron órdenes de detención por cargos de terrorismo contra algunos de los implicados en la matanza, entre ellos varios oficiales del ejército, pero ninguno ha sido aún juzgado ni declarado culpable de las muertes.