eltiempo.com
1 de mayo de 1991
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Una comisión de 62 gobernadores indígenas del Tolima denunció ante el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, y otros funcionarios oficiales, el asesinato de cuatro líderes aborígenes en lo que va del año, y la existencia de grupos paramilitares en el sur de ese departamento. Los gobernadores de las comunidades de Ortega, Coyaima, Chaparral y Natagaima se reunieron en Bogotá con el titular de Gobierno y con funcionarios de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación, la División de Asuntos Indígenas, la Defensoría de los Derechos Humanos, y la Dirección Nacional de Instrucción Criminal.
Los líderes pijaos denunciaron que dos grupos armados que se hacen llamar Rojo Ataco y Cobras intimidan a la población indígena de la región, sin que el gobierno departamental haya tomado medidas para controlar a esas organizaciones. Durante la reunión, a la que también asistió el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Alfonso Palma, los gobernadores aborígenes pidieron continuar las investigaciones para aclarar los asesinatos ocurridos en los últimos tres meses en zonas rurales de Coyaima.
En la lista de víctimas figuran Alfonso Tique Timote, gobernador del cabildo de Santa Marta del Palmar; Vicente Cacais, gobernador de Totarco Dinde; Jaime Santa Sogamoso, gobernador de Altozano y Jacinto Cupitra, fiscal de la comunidad El Floral. Los anteriores fueron baleados entre el 21 de febrero y el 22 de abril de este año.
Por su parte, la delegada de Instrucción Criminal, María Claudia Pulido, dijo que existen dos detenidos por los asesinatos de Alfonso Tique y Vicente Cacais.
Las partes acordaron la instalación de Ibagué de una comisión interinstitucional, coordinada desde Bogotá, que atienda las denuncias indígenas. Ese organismo, en el que estarán representados los aborígenes, será instalado en fecha no precisada por delegados de Procuraduría, Derechos Humanos, Plan Nacional de Rehabilitación e Instrucción Criminal, entre otros.
Además, quedó pactada una reunión en Ibagué en la que participarán el ministro de Gobierno, el gobernador del Tolima, el constituyente Alfonso Rojas Birry y los delegados del Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT). La fecha de este encuentro se fijará en los próximos días.
Los delegados pijaos también pidieron que se investigue al asesor jurídico de la gobernación del Tolima, Jairo Guevara Moncaleano, para determinar su responsabilidad en la presencia de civiles armados en el kilómetro 14 de la vía Castilla-Coyaima.
Los indígenas denunciaron negligencia y otras irregularidades por parte de efectivos de la Policía y el Ejército para impedir la ola de violencia.
El presidente del CRIT, Sergio Parra, denunció que las autoridades departamentales están propiciando la división entre los nativos mediante la creación de cabildos paralelos a los elegidos por la comunidad. Para los indígenas el cabildo es la máxima autoridad.
Un dirigente del CRIT indicó que las autoridades departamentales han acusado a los mismos indígenas de cometer los crímenes debido a divisiones internas, sin que nadie se preocupe de los grupos de civiles armados que andan por la región con toda libertad .
De otro lado, funcionarios de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno señalaron que en la administración del departamento del Tolima no existe voluntad para hablar del problema indígena, de tierras o de la violencia que ocurre en esa zona .