VOZ PROLETARIA
Año XXII No 1144
Julio 30 de 1981
El caserío de La Arenera, situado a escasos kilómetros del corregimiento de Currulao en el municipio de Turbo, región de Urabá, vivió desde las horas de la madrugada del día veintiuno de julio hasta las horas del mediodía, dramáticos sucesos, protagonizados por efectivos militares pertenecientes al Batallón Voltigeros que opera en la región. Todos los ciudadanos residentes en esta pequeña población y colonos vecinos del lugar que asistían a un velorio, fueron víctimas de este nuevo brote de la represión oficial que viene afectando a la región desde años atrás.
VIOLENTO ASALTO
Cuando corría la primera hora del día 20 de julio fue acribillado el campesino Joaquín Usuga, anciano de sesenta y cinco años de edad, quien transitaba por el puente sobre el río Currulao, en el corregimiento del mismo nombre. Su cadáver que presentaba tres impactos en la cabeza y uno en el pecho fue levantado a eso de las diez de la mañana y entregado a sus familiares y amigos, quienes dispusieron su velorio en la residencia del señor Julio López en La Arenera. En este sitio se reunieron muchos campesinos colonos, amigos y simpatizantes de la UNO y del Frente Democrático, pues el campesino asesinado era integrante de esta organización política de la oposición. Eran aproximadamente las cuatro de la mañana del veintiuno de julio cuando el caserío fue invadido de manera violenta por una patrulla militar compuesta por aproximadamente cincuenta soldados y al mando de un teniente. Venían a pie.
“Guerrilleros hijueputas, Cabrones”, eran los términos que se confundían en los disparos en contra de los pobladores inermes. Ordenaron a todos desocupar la casa donde se efectuaba el velorio y todas las demás residencias. Hombres y mujeres, algunas de ellas en avanzado embarazo, niños de corta edad, ancianos, todos fueron obligados a tenderse boca abajo en el piso con las manos en la nuca.
SALDO DE VICTIMAS
Cerca de un centenar de ciudadanos fueron víctimas de este atropello de permanecer en esa posición por varias horas. Las mujeres por espacio de tres aproximadamente y los hombres desde las cinco de la mañana hasta las dos de la tarde. El resultado final de este “operativo” ordenado por el Comando del Batallón Voltígeros de Casaverde (Chigorodó), fue el de tres campesinos, colonos de aquellos lugares, asesinados cobardemente. Sus nombres José Lito Domicó, Adolfo Domicó, indígenas colonos de Caraballo, uno de ellos completamente mocho de sus dos manos, y Joaquín García, sordomudo, quien al recibir la orden de que no se moviera, por su imposibilidad física no la escuchó y fue acribillado. Carlos Alberto Algaez fue lesionado y se encuentra en el Hospital Regional de Urabá. A las dos de la tarde del 21 de julio cuando la patrulla se retiró se llevó detenidos a los siguientes ciudadanos: Luis Rivera, Leandro Marín (padre), Leandro Marín (figlio), Juan Bautista Bustamante, Antonio Giraldo (Concejal de Turbo por el Frente Democrático), Ricardo Usuga, Clímaco Marín, Gilberto Usuga, Jorge Vásquez, Lisandro Torres, Joaquín Ochoa, Evelio Diossa, Leonel Domicó, Guillermo Domicó y Raúl Bohórquez.
VERSIONES MENTIROSAS
En el operativo, como es costumbre siempre al allanar las viviendas del campesinado de la región, los soldados se apropiaron de cigarrillos, linternas, dinero, algunos ejemplares de Voz Proletaria y revistas de los habitantes de Arenera, víctimas del atropello.
Con falsas informaciones del Ejército los periódicos antioqueños “El Mundo” y “El Colombiano”, en sus ediciones del día 22 de julio, hicieron gran despliegue presentando los hechos como productos de enfrentamientos entre los grupos armados que operan en la región o del ejército con estos grupos, informando mentirosamente que los campesinos, asesinados impune y cobardemente, eran guerrilleros.
Numerosos grupos de familiares de las víctimas y de los detenidos se han presentado ante las autoridades para denunciar los hechos y demandar la libertad de todos los detenidos y existe un profundo malestar y descontento entre la ciudadanía por el recrudecimiento de la represión militar en la región de Urabá, pues todo forma parte del propósito de impedir nuevamente la participación de la oposición en la campaña electoral. Tras de los hechos se ha montado una campaña de amenazas contra los dirigentes del Frente Democrático y de la UNO en la región.