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Itinerario de los victimarios según estructura militar: Batallón de infantería No. 40 “General Luciano D’ElHuyar”

Itinerario

Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 1986, Hernández Arciniegas estaría adscrito al Batallón de Infantería No. 1 “Bolívar”. En el año siguiente ascendería a Sargento Primero, siendo Suboficial de Operaciones de dicho batallón.

En octubre de 1987 diecinueve personas, la mayoría de ellas dedicadas al comercio de mercancía de contrabando, fueron torturadas y desaparecidas, en la inspección de policía Puerto Araujo de Cimitarra (Santander), por miembros del Batallón Bárbula y paramilitares del grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Duran, por orden del Brigadier General Farouk Yanine Díaz. El crimen fue planeado durante una reunión en las oficinas de ACDEGAM en Puerto Boyacá (Boyacá), donde se acordó la coordinación de la acción con el Comandante de la V Brigada, Brigadier General Juan José Alfonso Vacca Perilla, delegando para ello al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y al Sargento Otoniel Hernández Arciniegas, quienes se encargarían de coordinar con Alonso de Jesús Baquero Agudelo, la vigilancia de la caravana hasta que llegara al lugar donde la interceptarían los paramilitares.

El 18 de enero de 1989, once funcionarios judiciales fueron asesinados en el sitio La Laguna, de la vereda La Rochela, en Simacota (Santander), por un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar ”Los Masetos”, que operaba en el Magdalena Medio, quienes recibieron la orden y dinero de parte de altos oficiales del ejército y la Armada, entre ellos, el Brigadier General Farouk Yanine Díaz. Entre los militares involucrados en el hecho, se cuenta, como lo señalaron las investigaciones judiciales que se adelantaron, al Sargento Otoniel Hernández Arciniégas, quien se desempeñaba como Comandante de la Base Militar de Las Montoyas, Inspección de Policía de Puerto Parra (Santander), lugar que era un enclave paramilitar de Los Masetos.

ANALISIS DE IMPUNIDAD

Por la desaparición de los diecinueve comerciantes, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el 29 de mayo de 1996 le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por secuestro extorsivo y homicidio agravado, la cual no se hizo efectiva. Pero a consecuencia de que el Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de competencias a favor de la justicia penal militar, el Comandante del Ejército, Mayor General Manuel José Bonnet Locarno, se abstuvo de convocarlo a Consejo Verbal de Guerra y decretó la cesación de todo procedimiento en su contra.

El 19 de mayo de 1989, la Unidad Móvil de Investigación Criminal que se conformo para las averiguaciones correspondientes a la masacre, escuchó en indagatoria al Sargento Hernández. Posteriormente, el 31 de mayo del mismo año, el Juzgado 5 de Orden Público profería auto de detención contra el militar, quien finalmente el 29 de junio de 1990 sería condenado a 5 años de prisión por el Juzgado 2 de Orden Público de Pasto, por auxilio de actividades terroristas. No obstante, el 14 de noviembre de 1990, el Tribunal Nacional de Orden Público, en segunda instancia modificó su pena y la redujo a un año de arresto.

Por los mismos hechos, el 6 de febrero de 1991 la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares inició una investigación formal y formuló cargos en contra del Sargento Otoniel Hernández Arciniegas. Sin embargo, el 7 de junio de 1994 se declaró la prescripción de la acción disciplinaria pero se tiene noticia de que por decisión interna del Ejército Nacional, el Suboficial Hernández fue retirado de la institución.